Restituyen a Gustavo Petro, se reabre el balcón

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Gustavo Petro en el balcón de la alcaldía de Bogotá el pasado mes de diciembre. Foto Alcaldía.

La incertidumbre jurídica sobre el caso del alcalde de Bogotá parecía ya saldada. Una tutela le devolvió su mandato y le resguardo sus derechos políticos. Pendiente nueva decisión judicial

Gustavo Petro en el balcón de la alcaldía de Bogotá el pasado mes de diciembre. Foto Alcaldía.
Gustavo Petro en el balcón de la alcaldía de Bogotá el pasado mes de diciembre. Foto Alcaldía.

Simón Palacio

Cuando apenas se escuchaba el nombre de María Mercedes Maldonado como alcaldesa interina de la capital del país, y en el partidor de las elecciones atípicas ya se escuchaban nombres de candidatos a ocupar ese cargo en propiedad, se estremeció el ambiente político con la decisión del Tribunal Administrativo de Bogotá, salvaguardando los derechos fundamentales de Gustavo Petro y exigiendo su inminente restitución. El ahora alcalde restituido despacha desde el Palacio Liévano.

Por medio de un amparo de tutela interpuesta por el ciudadano Óscar Augusto Verano, alegando la violación del derecho fundamental al debido proceso, el derecho a la defensa, conformación y control del poder político y el respeto e igualdad ante la ley de los tratados suscritos por Colombia en materia de derechos humanos, un magistrado del Tribunal Administrativo en su sala de Restitución de Tierras, obligó al Presidente de la República restituir a Gustavo Petro al cargo de alcalde por considerar que el no acatamiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era solo equiparable con violentar el marco jurídico nacional.

La decisión

Para los togados, las medidas cautelares son fuentes de derecho internacional público incorporadas de manera automática al ordenamiento interno sin que se requiera algún tipo de formalidad o regulación. Entonces, apoyándose en sendos pronunciamientos de la Corte Constitucional, el Tribunal manifestó: “si el Estado reconoció el derecho a presentar peticiones individuales de protección de los derechos humanos. No puede negar que las órdenes que profiera la Comisión en el conocimiento de las mismas lo vinculan”.

Luego de conocida la decisión el propio presidente Juan Manuel Santos, quien fue el responsable de saltarse las medidas cautelares en favor de Gustavo Petro, hace cinco semanas, firmó en las horas de la mañana del pasado 23 de abril, el decreto de restitución. No obstante admitió que esperaba una decisión diferente pues 22 tutelas que cursaban en el mismo Tribunal habían corrido una suerte distinta a la que le amparó los derechos al alcalde.

“Creo que esta es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso su uso indiscriminado, puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”, afirmó Santos.

Se reactiva revocatoria

A partir de allí, se revivió el capítulo perdido de la reforma a la justicia y la vieja aspiración de cercenar la tutela a asuntos menores y con ello golpear los derechos fundamentales, pues precipitar una reforma a la justicia para impedir que Petro, apele a esa figura para volver a la alcaldía y no para resolver el problema del acceso, gratuidad y garantía de la justicia para los de a pie muestra que los partidos de la unidad nacional y el Centro Democrático coinciden en su rezago democrático.

En cuestión de horas y acompañado por la ciudadanía y dirigentes políticos de izquierda como Aída Avella, Gustavo Petro hizo posesión material de la alcaldía. “Los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser destituidos sino por un juez penal, es decir, porque cometieron un delito, ese principio está establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Colombia hace parte, sin embargo al interior de Colombia ha hecho carrera el que, sin que medie decisión judicial, un funcionario administrativo pueda destituir un funcionario elegido por voto popular, es decir, han destruido el valor mismo que es la esencia de la democracia, que es el voto popular, la decisión del pueblo, y eso pasó en el caso de la Alcaldía Mayor”.

Los apoyos recibidos

Las reacciones no se hicieron esperar. La candidata a la vicepresidencia, Aída Avella, celebró la restitución y reiteró el apoyo de la Unión Patriótica al gobierno de la ciudad de Bogotá por el hecho de respetar la soberanía popular, es decir: “la decisión de la mayoría de bogotanos que eligieron ese programa para ser gobernados”.

Otra opinión que se escuchó fue la de Iván Márquez, jefe de la delegación de negociación de las FARC en La Habana, Cuba, quien al inicio de la 24 ronda de negociaciones sostuvo que “los derechos políticos, como el derecho mismo a la vida, son tutelables”. Y renglón seguido se vino lanza en ristre contra el jefe del ministerio público, Alejandro Ordóñez: “La tiranía del Procurador y los abusos del poder no pueden -como lo pretendieron respecto al futuro de la alcaldía de Bogotá-, echar por tierra este principio elemental de la convivencia ciudadana. Solo la Constituyente podrá dar estabilidad institucional y generar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de la democracia”.

Consecuencias de volver

La primera autoridad del Distrito dejó en claro que los enemigos de su administración no descansan. Y por eso señaló que la sanción en su contra por parte de la Superintendencia de Sociedades, conocida el mismo día de su restitución, no es casualidad. La Superintendencia sancionó a la empresa Aguas Capital, creada para ejecutar el programa Basura Cero, por una supuesta violación al derecho de competencia.

Ahora la Alcaldía Mayor, el alcalde Petro y la Unidad de Servicios Públicos del Distrito, Uaesp, deben en un plazo perentorio de seis meses retrotraer el nuevo esquema de recolección por considerar que lo hecho a lo largo del año 2013 lesionó los intereses de operadores privados. “No puedo creer que con esa decisión del Superintendente nos esté diciendo que debemos incumplir la sentencia constitucional, yo espero que no sea así”, sostuvo Petro.

El programa Basura Cero es la materialización del mandato de la Corte Constitucional donde se obliga a la transición de un sistema de recolección y tratamiento de basura ortodoxo a un sistema sostenible y amigable con el ambiente generando una cultura de reciclaje, aprovechamiento e inclusión.

Muchos coinciden en que la Superintendencia pretende sobreponer los intereses de las empresas de basura, cuyos dueños son nombres poderosos en el país, al interés colectivo. “Es inaudito que una autoridad administrativa declare como ilegal el reciclaje o que se le pague a los recicladores, 14 mil personas que ya la Corte Constitucional habría ordenado que se les remunerara su servicio de aseo, así que eso no se va a desmontar, ni se va a desmontar la empresa pública que se creó en la ciudad en Bogotá y que redujo casi en 25 millones de dólares las tarifas del aseo que se le cobraban a todos los usuarios”, explicó Petro.

Así se cierra un capítulo más de la situación de Gustavo Petro. Se reabre el proceso de revocatoria popular contra su mandato y se espera que la decisión que salvaguardo medidas cautelares en su favor sea objeto de impugnación por el procurador Alejandro Ordóñez. En cinco meses habrá decisión en firme.