Falta la reparación integral. La UP debe reconstruir su fuerza para jugar un papel decisivo en la paz y la unidad popular y democrática
Hernando López
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sala de decisión del pasado 4 de julio de 2013, declaró la nulidad de las resoluciones 5659 y 7477 de 2002 del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante las cuales se declaró la pérdida de la personería jurídica del partido político Unión Patriótica (UP). Según la Sala, “el fallo equivale a que la Unión Patriótica -UP- nunca perdió su personería jurídica, y que la conserva”.
La Sección Quinta explicó que, según la Ley Estatutaria de los Partidos Políticos (Ley 130 de 1994, art. 4, num. 1º), para que los partidos pierdan la personería jurídica, es necesario que en las últimas elecciones para Congreso de la República no obtengan un mínimo de 50 mil votos ni conserven al menos una curul en esta Corporación de elección popular.
Señala la decisión que para que se dé dicha consecuencia, el partido debe tener una efectiva participación en la contienda electoral, con plena libertad de ejercer el derecho político a ser elegido en condiciones de igualdad respecto de los aspirantes de otros partidos políticos, lo cual no se cumplió en el caso de la UP.
Dijo la Sala que el partido político UP para dicha época, como lo demuestran el Informe de la Defensoría del Pueblo de octubre de 1992 en el que además se cita el Informe del Relator de la ONU de 1989, afrontaba una grave crisis de supervivencia debido al exterminio que por cuenta de manos oscuras al margen de la ley venían siendo víctimas sus dirigentes, militantes y candidatos.
Para la Sección Quinta del Consejo de Estado, considerando que esta excepcional situación que padecía la UP era de notoriedad pública, se imponía razonablemente que el CNE “valorara la situación fáctica que gobernaba los acontecimientos del estado de fuerza mayor que padecía el partido, respecto a su capacidad real de participación política, bajo un enfoque con rasero totalmente diferente al que de ordinario, ante situaciones de normalidad, empleaba para evaluar en cualquier otro partido político”.
Acto ilegal
Hasta aquí parte del comunicado de prensa del Consejo de Estado, con fecha 9 de julio de 2013, en el cual se anunció la decisión de restituir la personería jurídica al Partido Unión Patriótica, de la cual fue despojado por el Consejo Nacional Electoral en 2002, cuando sus filas estaban diezmadas por el genocidio político y el exterminio sistemático de dirigentes y militantes. En los crímenes y magnicidios hubo participación de agentes del Estado con la colaboración de bandas paramilitares y de narcotraficantes, así como de políticos regionales de los partidos tradicionales. Los servicios de inteligencia (militares, policías y DAS) y brigadas del Ejército, como en Urabá, Meta y Magdalena Medio, participaron en los asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica o facilitaron que sicarios del paramilitarismo los ejecutaran. La demanda la interpuso el abogado y ex magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería.
Para el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral cometió un acto ilegal, porque no tuvo en cuenta las causas por las cuales la Unión Patriótica no obtuvo los 50 mil votos que exigía la ley para conservar la personería jurídica. Ómer Calderón, presidente actual de la UP, dijo que interpondrá las acciones judiciales para que se les restablezca el derecho, en condiciones de igualdad, durante los años en que no tuvieron la personería por la decisión arbitraria del ente electoral.
Decisión trascendental
Como han declarado varios dirigentes de la izquierda, el fallo contencioso administrativo es un acto de justicia, trascendental y es el reconocimiento de que el genocidio político contó con la participación directa de agentes del Estado. Echa por tierra, al mismo tiempo, el manido argumento de la combinación de las formas de lucha como factor decisivo para el exterminio. Ha sido la forma grosera y olímpica como ciertos analistas y voceros gubernamentales lo justifican.
Hasta libros se han escrito para demostrar que la relación de armas y política es la causa del genocidio de la Unión Patriótica y de la persecución implacable al Partido Comunista y a otras organizaciones de la izquierda. El libro del periodista estadounidense Steve Dudley, con ese mismo título, fue convertido en especie de biblia de la ultraderecha para demostrar que la UP fue el brazo político de las FARC y el exterminio sistemático fue el resultado de ese supuesto despropósito.
Nada más absurdo. A los dirigentes de la Unión Patriótica, sus dos candidatos presidenciales, congresistas, concejales y alcaldes, asesinados a lo largo de 15 años, hasta llegar a la cifra de más de cinco mil, un verdadero martirologio al decir de Gilberto Vieira, los acribillaron inermes, en campaña electoral o en el desempeño de sus funciones sin armas, solo con su verbo revolucionario.
Reparación integral
Siendo histórica la decisión del Consejo de Estado, es un evidente mensaje a los diálogos de La Habana, aunque es menester el compromiso férreo del Gobierno para que actos de esta naturaleza no se repitan. Ello es posible fortaleciendo la democracia, la participación ciudadana y con garantías iguales para todos los partidos y movimientos políticos. Es lo que está en juego en La Habana: la paz con democracia y con justicia social.
La decisión es un acto de elemental justicia, de restablecimiento de un derecho, pero no resuelve la reparación integral, en el terreno político y económico. Lo ha dicho el representante Iván Cepeda en los últimos días: “A la Unión Patriótica deben devolverle las curules que perdió debido a la violencia”, porque no contó con las garantías para actuar en la vida política nacional. Y en el terreno económico dar las indemnizaciones para las víctimas y los familiares, que quedaron en la inopia ante la muerte del esposo, la esposa, los hijos. “Son muchas las viudas y muchos los huérfanos”, dijo una de las víctimas. Amén de la verdad, la justicia y la reparación, porque los crímenes no pueden quedar en la impunidad; el compromiso es de no repetición de parte del Estado.
La unidad es lo más importante
En los medios de comunicación y algunos avivatos que quieren dar el raponazo de la Unión Patriótica, ahora con personería jurídica, se especula sobre qué va a pasar y de su próxima participación electoral. Son decisiones a futuro. Lo más importante es que la UP persista en la brega por la reparación integral, asuma la reconstrucción de su fuerza política y decida su implicación en el proceso de unidad de la izquierda.
Iván Márquez, desde La Habana, y Ómer Calderón, en Bogotá, en El Tiempo del pasado domingo 14 de julio, plantearon, cada uno a su manera, que el destino de la izquierda está signado por la unidad, por la más amplia convergencia democrática de fuerzas comprometidas con el cambio de signo positivo en el país. En este sentido hay esfuerzos distintos y reuniones multilaterales.
La Unión Patriótica es vital, con la experiencia y el prestigio que tiene, para defender los procesos de paz con la insurgencia y respaldar los mecanismos de unidad en marcha. Según voceros de la izquierda y sectores democráticos.
