Reparten impunidades

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Presidente Juan Manuel Santos junto a la cúpula de la justicia.

Entre el poder judicial y el legislativo están haciendo trizas los acuerdos de paz

Hernán Camacho
@camachohernan 

Como “osadía” calificó la FARC el pronunciamiento de la Corte Constitucional que moduló en su fallo, la arquitectura del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, en su componente de justicia.

La Jurisdicción Especial de Paz, JEP, quedó maltrecha después de los cambios que anunciara el vocero del tribunal constitucional, el togado Luis Guillermo Guerrero. La exequibilidad del acto legislativo 01 de 2017, le sirvió a la rama del poder judicial para adecuar asuntos como: la comparecencia de terceros responsables de crímenes en el marco del conflicto, la ampliación de la inmunidad de funcionarios públicos en el tribunal de paz y recorta los beneficios judiciales para los excombatientes.

Las FARC, en la negociación del acuerdo, señalaron que jamás acudirían al sistema de justicia ordinaria por ser improcedente, parcial e insuficiente para cumplir los principios de justicia y verdad sobre los crímenes cometidos en 52 años de guerra. Una justicia ordinaria en donde reina la impunidad frente a los actores armados paramilitares y sus financiadores. En los acuerdos crearon un nuevo sistema de justicia transicional cuyo primer objetivo es el derecho de las víctimas a la verdad.

Modificación

La Corte Constitucional dejó en claro que los terceros intervinientes en el conflicto, quienes planearon y ordenaron masacres y genocidios no acudan a la justicia especial de manera obligatoria y se puedan quedar en un sistema ordinario de justicia, que hasta hoy ha ofrecido impunidad. “Los que hemos sido víctimas de terceros y de financiadores del paramilitarismo, la Corte nos quitó el derecho a conocer la verdad”, indicó Francisco Toloza, miembro de Voces de Paz.

En los acuerdos de paz firmados en el Teatro Colón, se estableció correr el traslado de las causas que investiga la fiscalía a la JEP, con el fin de determinar la competencia de esta última frente a esas actuaciones y luego iniciar un proceso de reconstrucción de verdad, juzgamiento y reparación integral para las víctimas. Ahora con el fallo de la Corte Constitucional, solamente acudirán a la JEP los terceros de manera voluntaria.

Las causas abiertas

“Uno de los ejes del Acuerdo Final es la necesidad de acabar con cualquier situación de impunidad, única forma de garantizar plenamente los derechos de las víctimas, que como bien sabe toda Colombia, no han sido garantizados suficientemente durante el conflicto, por la Fiscalía General de la Nación, ni por la Procuraduría, ni por ninguna otra institución”, señalan las FARC. La impunidad fue declarada por la Corte Constitucional.

Y es que 15 mil investigaciones provenientes de la ley de justicia y paz, en la que jefes paramilitares declararon como sus actuaciones eran ordenadas por políticos y empresarios.

Exclusiones

Otro de los cambios sustanciales a los acuerdos fue la ampliación de fuero de inmunidad en la JEP. En los acuerdos de La Habana, se reconoció la exclusión de investigación y juzgamiento a los presidentes de Colombia. Ellos continuarían con su juez natural, la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República. Ahora no solo disfrutan de inmunidad para ser investigados los expresidentes sino los exgobernadores y exministros.

El profesor Toloza sintetizó así lo ocurrido: “El establecimiento colombiano, políticos y empresarios, entre otros actores, sacrificaron a sus militares para gozar de impunidad”. Y es que la impunidad para casos específicos como los falsos positivos será plena para los ministros de defensa que ordenaron las operaciones militares para entregar resultados operacionales y como consecuencia se desaparecía y asesinaba campesinos para presentarlos como bajas en combate.

“Se estimuló el régimen de impunidad. Los fueros se extendieron a todos los aforados constitucionalmente. Quedaron liberados los agentes del Estado civiles: ministros, congresistas, fiscales, procuradores, gobernadores, constituyendo una privilegiada casta de intocables. Y ni qué decir de los terceros, que también exonerados, deben estar felices”, subrayó el Consejo Político de la FARC.

Veinticuatro horas después del pronunciamiento constitucional, el Senado de la República sesionaba en plenaria y aprobaba, artículo por artículo, la ley reglamentaria de la JEP. Pero al filo de la media noche, se presentó la proposición del partido Cambio Radical, mediante la cual imponía un régimen de inhabilidades para los magistrados del Tribunal de Paz.

Contra las víctimas

Las inhabilidades aspiran a sustraer de la Jurisdicción a cuatro magistrados que han litigado en la defensa de los derechos humanos, y en especial han tenido un desempeño profesional en las organizaciones de víctimas por, supuestamente, tener un “sesgo ideológico”.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, rechazó el régimen de inhabilidades en contra de los abogados litigantes y defensores de derechos humanos, señalando que no solo es un atentado a lo acordado sino que es inconstitucional que se inhabilite a los abogados por defender víctimas de crímenes de Estado: “Condenamos la estigmatización en contra de los defensores de Derechos Humanos, que se ve reflejada en la decisión de inhabilitar a los magistrados de la JEP que hayan gestionado o representado intereses privados en contra del Estado, en materia de reclamaciones por violaciones a los DD.HH. Impedir que estas personas se posesionen en los cargos del Tribunal y en las Salas definidas para la JEP, no solamente sería inconstitucional, sino que desmembraría esta jurisdicción y su propósito de decidir sobre casos que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Reacciones

Desde el Congreso se escucharon voces de rechazo. La parlamentaria del Partido Verde, Ángela Robledo, señaló: “A un Senado, heredero en buena parte de parapolíticos, se le ocurrió que ser defensor de DD.HH. es una inhabilidad para ser magistrado y eso es inconstitucional”.

La presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella indicó: “La inhabilidad que pretenden imponer es porque los magistrados escogidos no hacen parte de la olla podrida de la justicia en Colombia. Y de otra parte, porque los magistrados de la JEP no piensan como Uribe, Vargas y Ordóñez. Ese Senado es una vergüenza”.

Solamente le queda un debate a la JEP. Una oportunidad en Cámara de Representantes para recomponer la perfidia que desde la rama judicial se viene orquestando contra los acuerdos de paz. La FARC reclama del Estado cumplir los acuerdos como hasta ahora lo ha hecho la exinsurgencia y extienden alertas a los países amigos y acompañantes del proceso sus reparos a la difícil situación por la que atraviesa el proceso de paz.

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