¿Reincorporación o desarticulación?

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Es una obligación del Gobierno y del Estado cumplir con la amnistía a los prisioneros políticos.

Benedicto

No hace falta que el uribismo gane las próximas elecciones presidenciales para hacer trizas los acuerdos de paz firmados el año pasado entre la insurgencia de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado colombiano. Una cruzada de la élite política, de la que hace parte el propio Nobel de Paz, se ha propuesto impedir la implementación de lo acordado a través de todas las artimañas jurídicas y políticas diseminando desesperanza, escepticismo y desconfianza, tanto en los antiguos combatientes farianos como en la población colombiana en general.

Al pretender convertir la implementación de los acuerdos de paz en una nueva negociación, el gobierno traiciona su compromiso de buscar la paz para Colombia y  subordina el más sublime de los anhelos del país, la paz, a los intereses de los grupos económicos y sectores políticos tradicionales. De ahí que se incremente el presupuesto militar en detrimento de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, la recreación, el deporte y la cultura.

Alcanzar un acuerdo de paz

Advertía el comandante Alfonso Cano, en julio de 2010, que todos los intentos de alcanzar un acuerdo de paz hasta ahora habían fracasado porque la clase gobernante llevaba siempre oculta la intención de trampear a la insurgencia a través de procesos más parecidos a una capitulación que a un pacto político para terminar la guerra, y esta vez no ha sido la excepción. Desde el inicio de las conversaciones, la delegación encabezada por Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo dejaron ver su estrategia desarticuladora basada en el DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción). Estrategia nada coincidente con los intereses políticos de una fuerza como las FARC que no fue derrotada en el campo de combate. En otras palabras, se trataba de lograr el desarme de la insurgencia sin que se produjeran cambios sustanciales en la vida económica, política, social y cultural del país.

Por eso, el delicado asunto de las armas estuvo en el centro del debate hasta último momento, y la presión de la insurgencia de las FARC se hizo sentir hasta el 15 de agosto, día que fue extraído de Pondores – La Guajira el último contenedor. Las armas y no la paz eran el objetivo principal del gobierno Santos.

En adelante, sin instrumento de presión a la mano, temas como: la repatriación de Simón Trinidad y la libertad de los integrantes de las FARC recluidos en las cárceles colombianas, la adecuada y oportuna atención en salud, la construcción de la habitaciones para los reincorporados, las garantías en materia de seguridad física, los recursos para los proyectos productivos que garanticen la sostenibilidad, bienestar y buen vivir, procesos serios de capacitación, formación, validación y homologación de conocimientos, se tornan secundarios para el Estado y el gobierno.

La reincorporación

El acuerdo concibe la reincorporación como un conjunto de programas y medidas dirigidas a garantizar que personas que retornan de la guerra encuentren condiciones de vida digna y garantías de seguridad jurídica, física y socioeconómica. Pero ante todo, que se abran las compuertas de la democracia verdadera.

Pero en la práctica ocurre lo contrario, varios ejemplos lo demuestran:  El fantástico operativo policial por tierra y aire para dar captura a Tito Ruano Yandú, un ex-miliciano de las FARC a quien acusan de ser capo del narcotráfico y con riesgo de ser extraditado a los Estados Unidos; los asesinatos de 30 integrantes del nuevo partido; la exclusión política y el odio manifestado por la mesa directiva de la cámara de representantes (octubre 24 de 2017) que ordena “a partir de la fecha se niegue el acceso a nuestras instalaciones de cualquier exintegrante de la guerrilla de las FARC…”, demuestran que la institucionalidad del Estado colombiano es más proclive a la guerra que a la paz.

Ese congreso que aplaudió alborozado a los jefes paramilitares, se abrazó y fotografió con ellos, hoy se erige “garante y protector de nuestra institucionalidad democrática…” para negar el acceso a los líderes de una organización que selló un acuerdo de paz que pone fin a más de 50 años de confrontación militar. Demuestran con sus acciones que falta mucho terreno por recorrer para coronar la verdadera paz.

En los planes de las FARC, sigue siendo prioridad convertir las antiguas zonas veredales en verdaderos territorios de paz y convivencia. Construir la paz desde los territorios donde se sienta el positivo impacto de la Reforma Rural Integral, las bondades de la participación política que trasciende el ejercicio electoral, y el diseño de los planes de desarrollo con enfoque territorial que se basa en la acción participativa de las comunidades. Este propósito choca con el interés del Estado, que ve la permanencia de los antiguos combatientes en proceso de reincorporación como una carga económica y de ahí todas las fórmulas para que estos abandonen los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

La clase política asume que el éxito del proceso de reincorporación, como parte de la implementación de los acuerdos, llevará a las FARC a la disputa de los espacios políticos y eso los asusta. Sabe también que en los próximos debates electorales los cuadros farianos incorporarán en su discurso la denuncia de la corrupción administrativa y la defensa del territorio devastado por la vorágine extractivista, cuya minería irresponsable contamina y despoja a los pueblos ancestrales y afros,  bajo la mirada cómplice de las entidades estatatales que otorgan licencias ambientales sin importar el daño irreversible que generan a la naturaleza y la vida humana.

Lejos de ser una “desmovilización”, nuestro proceso constituye una movilización política hacia las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, que dan continuidad a los objetivos políticos que encarnan la lucha histórica de esta Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC.

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