Registraduría sin funciones electorales. La propuesta del magistrado Novoa

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Prueba de la Registraduría para la identificación biométrica.

Acabar con el fraude electoral es posible

Redacción política

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, sostiene que el principal problema de los procesos electorales en el país está en el fraude electoral, la compra de votos, y la financiación de campañas, y por ello propone una reforma a la organización nacional electoral y convirtiéndola en poder ciudadano, independiente del gobierno y los partidos.

Novoa se ha convertido en la voz disidente a las decisiones polémicas de los últimos tiempos en el Consejo Nacional Electoral, en lo que tiene que ver con las investigaciones que ese tribunal lleva en contra de las campañas presidenciales del Centro Democrático con Oscar Iván Zuluaga y la Unidad Nacional con Juan Manuel Santos, por recibir financiación de la multinacional Odebrecht. Con su tono crítico, Novoa, propuso quitarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil, RNEC, sus funciones electorales.

Tercerización

“Los procesos electorales a cargo de RNEC, se encuentran trecerizadados, es decir, son dirigidos y administrados por unas pocas firmas contratistas. Esta entidad debe mantener su actividad misional. Al respecto, un informe de la Misión de Veeduría Electoral de 2011 señaló que: esta tercerización del proceso disminuye el papel del órgano electoral para llevar a cabo la administración y control del proceso. Una de las grandes debilidades es no poder garantizar la calidad y funcionamiento de futuros procesos al tener escasamente acceso a los recursos que gestionan este conocimiento para ponerlo al alcance de la organización electoral nueva”, indica una de las once propuestas presentadas por el magistrado Novoa.

Y es que la Registraduría es una poderosa institución en la organización del Estado. En el año 2015 su presupuesto ascendió a 861.814`738.831 millones de pesos. Un presupuesto gigante para una entidad que tiene a su cargo 3.948 servidores públicos, de ellos solo 664 se encuentran bajo la modalidad de carrera administrativa, 168 son de libre nombramiento y remoción, 2.631 con nombramiento provisional y 485 son supernumerarios.

Informe

La Misión Electoral Especial, tiene como principal encargo presentar un informe a las delegaciones de paz, sobre la nueva arquitectura electoral para la paz. La Misión señaló que la RNEC no debe ser modificada: La RNEC conserva las principales funciones que hoy ejerce. Se encarga del registro civil, la cedulación y el padrón electoral, con una presencia que cubre el conjunto de los municipios. Asimismo, se encarga de las funciones técnicas, logísticas y administrativas de planificación, organización y ejecución de los procesos electorales representativos, de mecanismos de participación popular y de democracia interna de las organizaciones políticas. Prepara el material y define los centros de votación, con la recomendación de extenderlos de manera sostenida para alcanzar áreas periféricas y facilitar el sufragio de todos los sectores, y de paso, disminuir los costos asociados con el transporte. Asimismo, debe avanzar hacia su apropiación de la tecnología que reduzca su dependencia frente a proveedores privados. Su máxima autoridad es el Registrador, con un mandato de cuatro años no reelegible, y designado por el actual concurso administrado por las altas Cortes”, señala el informe.

El principio del fraude

Contrario a lo que señala, la Misión Electoral Especial, la Presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, víctima de fraude en las más recientes elecciones al Concejo capitalino, opinó que “de no arrebatarle las funciones de contratación, papelería y trasmisión de datos de la Registradora en las elecciones, no terminará nunca las formas de fraude. Por ejemplo, hay políticos que nunca hacen campaña y se convierten de la noche a la mañana en enormes electores, eso no puede pasar sin trampa”, indicó Avella.

Modernizar las instituciones encargadas de adelantar las elecciones sería un paso cualitativo para acabar con el fraude electoral en el país. Una de las recomendaciones, que tampoco cae bien a los tradicionales y mayoritarios partidos del sistema político, es el voto electrónico. Una deuda que requiere principalmente voluntad política pero de instituciones nuevas para convertirlo en eficaz. No habría confianza en el sistema de elección colombiano si se implanta el voto electrónico y la RNEC sea la autoridad competente para administrar el sistema.

El Gobierno nacional sigue consultando la reforma política a los partidos de la Unidad Nacional que se muestran nerviosos. Se dice en los mentideros políticos del Congreso que no permitirán la transformación de las funciones electorales de la RNEC, y que no permitirán un poder ciudadano independiente para vigilar el proceso electoral.

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