Régimen de corrupción

0
111

En estos días que han estallado numerosos escándalos de corrupción que agotaron la paciencia de los colombianos, muchos analistas y expertos académicos se devanan los sesos buscando una explicación lógica a esta “crisis de valores”, como algunos llaman al colmo del abuso de los que se roban el erario o hacen negocios personales desde encumbradas posiciones burocráticas. Se sobrepasaron todos los límites y la indecencia se tomó a la clase dominante del país.

La corrupción no es nueva en Colombia, tanto en el sector público o en el privado, es por igual. Nadie se sorprendió con el saqueo de Bogotá, por ejemplo, perpetrado por el alcalde Samuel Moreno Rojas, su hermano y algunos amigos, confabulados con contratistas de mala calaña como los Nule. El hecho fue aprovechado para atacar a la izquierda, pues en mala hora, Moreno Rojas fue elegido por el Polo Democrático Alternativo y los votos fueron de izquierda. Sin embargo, no se abrió el debate de la corrupción como quiera que la familia Nule, habituales contratistas del Estado, ya eran conocidos por negociados en el orden nacional, regional y distrital.

Algunos analistas le atribuyen la corrupción a la reelección y al clientelismo; otros a los defectos de la educación en Colombia; otros aseguran que no “hay juego limpio y respeto a la verdad”: “es una crisis de valores” opinan más expertos. Pero en verdad la corrupción no es nueva en Colombia, es inherente al sistema capitalista en que hace carrera el logro del dinero fácil y de colocar el interés particular por encima del interés social o colectivo. La corrupción se disparó con el surgimieto de la apertura de la política neoliberal y la economía de libre mercado. “El todo vale” para hacer negocios; el Estado dominante asumió con más decisión su papel de instrumento del capital.

Sin embargo, el Acuerdo de La Habana que no solo le puso fin al conflicto de las FARC y el Estado colombiano, sino que abrió la posibilidad de fortalecer la democracia, está destrabando muchos secretos y procedimientos ocultos en el régimen burgués. La transparencia se abre paso. No de otra manera se explica que hayan podido salir a flote escandalosas situaciones, ridículas y propias de Ripley.

¿Cómo es posible que el fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, sea descubierto como el peor de los corruptos que se burló de la Fiscalía colombiana o que el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, sea una ficha de las mafias del narcotráfico que subsisten en la capital antioqueña? Ha dado para todo tipo de comentarios. Lo peor es que en ambos casos es evidente que es la DEA y las investigaciones de Estados Unidos las que desenmascaran a los delincuentes de cuello blanco. Moreno delinquió en las narices del fiscal Néstor Humberto Martínez, dedicado a conspirar contra la paz, y no a vigilar el funcionamiento de su propia oficina. Villegas también, y a pesar de las advertencias al alcalde Federico Gutiérrez, permaneció en el cargo, hasta que la situación se tornó en insostenible. Ambos funcionarios dan todo tipo de explicaciones y no asumen la responsabilidad política de la situación como ocurriría en cualquier país decente. En Colombia, suele decirse, se cae un puente y el sancionado es el obrero. Con el argumento de la “presunción de inocencia” los delincuentes se quedan en los cargos haciendo daño y enriqueciéndose más con el robo de los dineros públicos. Y los jefes dicen con cinismo que nada sabían.

La Fiscalía está haciendo agua con los escándalos de corrupción. En el Meta 21 fiscales, jueces, agentes del CTI, funcionarios del Inpec y abogados vendían decisiones judiciales como en un remate de promociones, algo inexplicable, pero el fiscal Martínez sigue tranquilo y sin dar ninguna explicación. Como si la corrupción no fuera en la institución que él mismo dirige.

Los altos funcionarios son llevados a esos cargos por partidos políticos, incluyendo Cambio Radical (es el fuerte en la Fiscalía) y el Centro Democrático uribista, hacen y deshacen y después nadie asume responsabilidades, ni los partidos que recomendaron y respaldaron el nombramiento del corrupto, ni el jefe de la oficina que lo designó sin la mínima prevención.

Estos son escándalos que se suman a Reficar, a los sobornos de Odebrecht y a otros que aparecieron en el último tiempo como un Talón de Aquiles del régimen colombiano, que le dio cabida a todo ello para mantener el control y las mayorías.

Sin duda que el país tiene problemas complejos que deben concentrar la atención programática de los que quieren reformarlo por la vía de mejores condiciones sociales y políticas, pero eliminar la corrupción pasa a ser un aspecto esencial, importante. Combatir la indecencia y el saqueo de lo público debe hacerse de manera drástica. En ese camino no puede haber debilidades.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*