Organizaciones de derechos humanos rechazan la reforma que este 10 de junio aprobó el Congreso en último debate, que busca garantizar la impunidad y blindar a la Fuerza Pública por las posibles violaciones a los derechos humanos que llegasen a cometer.
Corporación Jurídica Libertad
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales rechazan la reforma que este 10 de junio aprobó el Congreso en último debate, que busca fortalecer el fuero penal militar, garantizar la impunidad y blindar a la Fuerza Pública por las posibles violaciones a los derechos humanos que llegasen a cometer.
Se trata del acto legislativo 22 de 2014 (Senado) – 167 de 2014 (Cámara), que junto al proyecto de ley estatutaria 129 de 2014 (este último aún no aprobado), pretenden introducir una interpretación y aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) a la Justicia colombiana, realizando una exótica interpretación donde la normativa humanitaria no es vista como protección al personal civil y a los no combatientes, sino como una interpretación para la conducción de hostilidades.
Estas iniciativas también podrían constituir una patente para que se pueda ejecutar personal que se encuentre fuera de combate o incluso civiles y justificar el acto.
De esta manera, se establece lo que se conoce como “derecho a matar” al dejar en manos de los mandos militares la posibilidad de interpretar y definir si la conducta de los civiles constituye participación en hostilidades.
Asimismo, con la introducción del concepto de “daños colaterales” se permite que la tropa pueda valorar cuándo pueden destruirse bienes o vidas civiles con tal de que no sean excesivos a la ventaja militar que se obtendría con el ataque realizado. De este modo, se exceptúa la norma básica del DIH de reducir y detener antes que herir o matar, y se permite desarrollar operaciones de aniquilación del adversario en vez de disuadirlo y capturarlo.
También se establece una noción laxa de objetivo militar llamado “blanco legítimo”, lo que constituye un peligro para la vida y la integridad de los civiles. Se exonera la responsabilidad del responsable de cometer un homicidio si los hechos ocurrieron en la planeación, preparación o ejecución de una acción u operación de la Fuerza Pública, lo que supone una forma de legalizar el homicidio de civiles.
Por otra parte, actualmente cursa en el Congreso el acto legislativo 133 de 2013 que ha sido justificado como la implementación de medidas para combatir a grupos criminales.
A través de este proyecto se permite, para lograr la confrontación con dichas estructuras criminales, la acción armada de las Fuerzas Militares, dando vía libre a acciones de aniquilación como bombardeos. Entonces, se exoneraría de responsabilidad a los miembros de la Fuerza Pública por la muerte de civiles y personas fuera de combate que se encuentren en el lugar de las operaciones, haciendo una aplicación extensiva de las normas del DIH.
En un comunicado reciente, organizaciones de derechos humanos afirman que: “El Estado colombiano está obligado a respetar y aplicar de manera integral y de buena fe los pactos y tratados internacionales de derechos humanos y de DIH, y no puede simplemente deshacerse de sus compromisos internacionales bajo ningún pretexto”.
De esta forma, más de 20 organizaciones nacionales e internacionales junto a congresistas iniciaron una campaña exigiendo el hundimiento de los proyectos citados liderada por la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, conformada por el Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU, Corporación Jurídica Libertad y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado acompañados por Peace Brigades International y Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, entre otros.
En busca de una paz que realmente garantice los derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, instan a que la sociedad se pronuncie frente al Gobierno y al Congreso de la República rechazando la aprobación de estas iniciativas legislativas y exigiendo el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
