jueves, marzo 28, 2024
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Reforma política: Transformaciones electorales de fondo

Un tribunal electoral es la propuesta para garantizar elecciones trasparentes en Colombia en el posacuerdo

Bolsas de escrutinio en Registraduría.
Bolsas de escrutinio en Registraduría.

Hernán Camacho
@camachohernan

Para hacer realidad el acuerdo de Participación Política firmado en La Habana, son necesarias reformas institucionales que avalen lo dispuesto allí. Los contenidos de los acuerdos proponen modificaciones sustanciales a las costumbres electorales que se han afianzado en el país en las últimas décadas. La compra de votos, el clientelismo y la trampa hacen parte del paisaje común en el que los colombianos eligen a sus autoridades administrativas y los cuerpos colegiados a todo nivel.

Formas de fraude

Los riesgos electorales son generales en todo el país pero se acentúan en determinadas regiones. Los fraudes electorales tienen orígenes complejos y diversos. Hay fraudes que se originan incluso con dineros públicos y otros que están ligados al poder de organizaciones criminales que financian campañas políticas a cambio de convertirse en ordenadores de gasto en administraciones locales. Y hasta operaciones de compra y venta de votos en la institución encargada de organizar y observar los comicios.

Uno de esos manejos más frecuentes tiene que ver con la asignación presupuestal del ejecutivo a las regiones a través de los proyectos de inversión que son priorizados por recomendación de los senadores y representantes. Los denominados cupos indicativos o carrusel de contratación, sirven como fuente de financiación de campañas políticas mediante el aporte de los contratistas favorecidos para ejecutar los proyectos de inversión como retribución.

Fraude institucional

Otro de los riesgos de fraude tiene que ver con la institucionalidad del sistema electoral. El poder real de la organización del electoral es la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyas funciones son la administración de los procesos electorales y sus controles. Una institución que, contrario a los sistemas electorales, más seguros del mundo como el venezolano, no tiene controles externos ni auditorías técnicas para regular sus procedimientos. De acuerdo con expertos, la mayor zona gris en donde radica buena parte de la corrupción electoral son las registradurías regionales que tienen a cargo las elecciones locales.

Y es allí desde donde se denuncian las distintas formas de trampa electoral y ventajismo. La excandidata a la alcaldía de Bogotá Clara López Obregón, denunció en el panel de reformas políticas para la paz, convocado por el Frente Amplio, cómo en distintas registradurías locales a lo largo del país se ofrecían curules a cambio de gruesas sumas de dinero en las recientes votaciones. “Se popularizan sin rubor, términos como el combo y la ‘ñapa’”, dice López, refiriéndose a la forma en que mafias electorales ofrecían cambiar los resultados de las votaciones en favor del mejor postor.

Alteración de formatos

El “canguro” es otro de los mecanismos de fraude que solo es posible con un sistema electoral sin veeduría ni vigilancia técnica. “El canguro” es el cambio de datos en los formularios E14 utilizado para registrar el preconteo de votos, pero otra cifra puede aparecer en el formato E24, acta vinculante que sirve para consolidar los resultados finales de una jornada electoral. Un candidato puede pasar de 33 votos en el formulario E14 a 133 votos en el formato E24, alterando solo una casilla. Así, los resultados se ajustan a quienes tienen la capacidad de pagar por ellos.

El “canguro” no parece tan grave, pero si se repite el ejercicio en favor del mismo candidato en un número de mesas significativo puede pasar, el candidato favorecido, de mil votos a 10 mil votos en detrimento de la voluntad real de los votantes. En un sistema electoral como el colombiano sin auditoría en tiempo real es imposible comprobar los votos depositados en las urnas y las actas de preconteo y escrutinio. “Nosotros no sabemos cuanta gente vota en Colombia, sabemos cuántos están inscritos y los votos que aparecen pero no sabemos quienes votan”, dijo López.

La excandidata al Concejo de la capital, Aída Avella, ha venido denunciando que fue víctima del “canguro”. Su votación, en las pasadas elecciones, superó los 50 mil sufragios, suficientes para asignarle una curul en el cabildo; sin embargo, la alteración de los formularios E-24 no permitió que la Unión Patriótica tuviera presencia en el Concejo. La denuncia la llevó a todas las instancias del sistema electoral colombiano y fueron negadas las solicitudes para revisar voto por voto.

“Hay compraventa de curules con conocimiento público, hay políticos de talla nacional que se anquilosaron en el Congreso y que jamás los hemos visto en la plaza pública o consiguiendo votos. Pero salen elegidos ¿Por quién? No sabemos. Sospechamos que compran la curul y con la reposición de votos la pagan y luego con la mermelada se sostienen y así se configura un carrusel de fraude a la democracia, al país y a los colombianos”, puntualizó Aída Avella.

Los contratistas

¿Pero, quién es el verdadero poder detrás de la Registraduría? “Tres contratistas tienen el 90% de la contratación total de las elecciones y son los encargados de ejecutar la logística que las elecciones nacionales, municipales y departamentales demandan cada año”, le dijo a VOZ un funcionario de la Registraduría. Solamente una elección local puede costar por el orden de 60 mil millones de pesos. En manos de ellos está la organización de la jornada electoral, el preconteo de votos y el escrutinio, los servicios de comunicaciones, el diseño del tarjetón, los diseños de los formularios de recolección de datos, entre otros.

Aunque la elección de Registrador está a cargo de los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, dice el funcionario de la Registraduría que prefirió no ser identificado, en la “práctica esa designación está en manos de los contratistas de la Registraduría que no pasan de cuatro. Y el único requisito de fondo para ser Registrador es que entre con el compromiso de no modificar los contratistas”, indicó.

Propuesta

Clara López y Aída Avella coinciden en afirmar que buena parte del fraude electoral se encuentra en el interior de la Registraduría y proponen una nueva e implementar de inmediato el voto electrónico, como mecanismos de control real para garantizar la participación democrática. “Le dije al presidente Juan Manuel Santos que para sanar la actividad electoral en el país se debía cerrar la Registraduría, contratar personal nuevo, implementar el voto electrónico, con identificación biométrica y con el voto obligatorio para toda la población. Una institución nueva que genere condiciones de un sufragio limpio”, expresó Clara López Obregón.

De acuerdo a la Misión de Observación Electoral, para la implementación de los acuerdos de Participación Política el Congreso de la República debe poner en marcha cinco actos legislativos, entre ellos la Reforma al Consejo Nacional Electoral, CNE. Dicha reforma debe contener la creación del sistema nacional electoral que garantice elecciones limpias. Un sistema complejo de veedurías y auditorías sobre las instituciones encargadas del escrutinio con una autoridad electoral de orden judicial y no político como sucede ahora con el CNE. No obstante, los intereses políticos de los partidos tradicionales que tienen asiento allí, sumado al poder económico adjudicado a los contratistas de la Registraduría hacen imposible tramitar una reforma capaz de subsanar todos los entuertos de las autoridades electorales.

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