Quieren arrasar

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Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezH

Diversos analistas han coincido en que la pandemia puso al desnudo las miserias de un régimen como el colombiano que con la imposición del modelo neoliberal no sólo destruyó la agricultura y desindustrializó el país, sino que a sangre y fuego desmontó la legislación laboral; la estabilidad, estableciendo en cambio un sistema de trabajo esclavo sin derechos (conocido como la tercerización laboral) que hoy nos tiene con un 60% de la población económicamente activa en la informalidad; como si fuera poco, privatizó el sistema público de salud y la educación.

Ahora el presidente de la República Iván Duque aprovecha la emergencia de la pandemia, para establecer una suerte de Estado de conmoción interior, o Estado de sitio, decretando una serie de medidas sobre todo de orden laboral, que trasgreden los límites de la emergencia decretada; tal es el caso del decreto 558 que ordena el traslado de los pensionados de salario mínimo de los fondos privados a Colpensiones con lo que se encubren las falencias estructurales del sistema de ahorro privado en pensiones, se favorece de nuevo al sector financiero y de paso se amenaza con reventar económicamente a Colpensiones.

Muchas voces han criticado el afán del gobierno de aprovechar la emergencia económica para tomar los escasos recursos públicos y dárselos a bancos y grandes empresas, en vez de auxiliar al precario sistema de salud; la voracidad del capital vuelve a aparecer con la propuesta de la presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, apoyada también por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, de bajar los salarios de los trabajadores hasta en un 30%, que buscan que el salvamento lo pague la clase trabajadora, exonerando de cualquier esfuerzo a los conglomerados económicos.

Ahora, Germán Vargas Lleras, uno de los voceros más caracterizados de la aristocracia política del país propone “que se adopten medidas en el ámbito laboral, racionalizando transitoriamente los costos del empleo” para lo cual en el nuevo “Estado de emergencia” se puedan incautar también las migajas que caen de la mesa opulenta del régimen, para atender la crisis sanitaria. Su “insinuación al gobierno” consiste en:

1.- Reducir los salarios, revisar los contratos de trabajo y suspender las convenciones colectivas. 2.- Establecer un salario mínimo por horas y flexibilizar los horarios de trabajo a la conveniencia patronal. 3.- Formalizar el teletrabajo y eliminar los subsidios de transporte y las dotaciones obligatorias. 4.- Eliminar las primas de junio y diciembre. 5.- Suspender las cesantías y los intereses de cesantías. 6.- Flexibilizar los costos de despido, es decir ¿indemnización y cesantías?

Las élites gobernantes, no contentas con las escandalosas utilidades obtenidas durante el 2019 (solo el sector bancario presentó ganancias por más de 13,5 billones de pesos) pretenden ahora arrasar con lo poco que le queda a la gente para sobrevivir en condiciones dramáticamente básicas y provocar una reforma laboral de hecho, en momentos en que la población se encuentra confinada.

Las diversas fuerzas sociales somos conscientes que físicamente estamos en condición de aislamiento, pero no estamos silenciados, contamos con diversas formas de hacernos notar y variados mecanismos de comunicación para desenmascarar al régimen.

Adenda: Otro escándalo de un Estado atrapado por forajidos, políticos corruptos, militares, latifundistas, usando ilegalmente dineros públicos para perseguir la oposición, periodistas y líderes sociales. Estado de derecho «vuelto trizas».

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