¿Quién paga las medidas contra el Covid-19?

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Ante el posible colapso del sistema de salud, los médicos le piden a la ciudadanía seguir las recomendaciones.

Las vacilaciones de los gobernantes no son sino la expresión de un desinterés evidente por los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad, enfrentados a la necesidad de no perder apoyo político

Carlos Fernández*

Por estos aciagos días, se ha presentado con insistencia el dilema sobre qué debe primar en las decisiones de política socio-económica: la salud (la vida) o la propia economía. Pero la realidad (la vida) es más compleja que ese enunciado. La aparición de una pandemia como el nuevo coronavirus Covid-19 ha obligado a que gobernantes negacionistas, como Trump y Bolsonaro, o aparentemente ingenuos, como López Obrador, o débiles frente a las presiones de sus jefes y de sus subalternos, como Duque, hayan tenido que modificar su posición inicial frente al fenómeno.

En el caso colombiano, fue la enérgica reacción de mandatarios territoriales y, seguramente, un tirón de orejas de sus patronos, lo que llevó a Duque a empezar a tomar medidas que mostraran que el Gobierno nacional se había puesto al frente de la tarea.

Torpes movimientos

Antes de que la OMS declarara el 11 de marzo que estábamos ante la pandemia, el ejecutivo nacional comenzó a expedir algunas normas en materia tributaria y fiscal, que hacen ver que no era conciente de lo que se le venía pierna arriba..

Se trataba de seguir poniendo en práctica lo dispuesto por la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República en diciembre del año anterior. Inmediatamente después de la declaración de la pandemia por la OMS, el ministro de Salud expidió una resolución, la 385 de marzo 12, en la que se declara la emergencia sanitaria en razón de la declaratoria de la OMS. La emergencia quedó a nivel de una resolución ministerial y el Gobierno nacional no expidió ningún acto administrativo de mayor jerarquía, acorde con la gravedad de lo que estaba pasando.

Luego fueron expedidas otras normas que muestran una gran estrechez de miras, pues al Gobierno sólo se le ocurría ir apagando pequeños incendios, sin atender al gran fuego que amenaza con arrasarlo todo.

Posteriormente, ante la confrontación que se dio entre el Gobierno nacional y algunas autoridades territoriales por la desidia del primero para tomar las urgentes medidas que demandaba la evolución de la pandemia y ante las innumerables críticas recibidas de varios frentes por la desidia para afrontar el problema, por fin, el Gobierno expidió, el 17 de marzo, el decreto 417, mediante el cual declaraba el estado de emergencia económica, social y ecológica, de conformidad con el artículo 215 de la Constitución Política, a fin de dotarse de herramientas legales extraordinarias para enfrentar al nuevo coronavirus.

Sin embargo, luego de dotarse de esta herramienta, el gobierno de Duque continuó aplicando paños de agua tibia, pensando siempre en seguir implementando la reforma tributaria a pedazos o resolviendo los asuntos puntuales de cada sector económico. El accionar del Gobierno estuvo signado, no sólo en lo normativo sino en los asuntos del día a día, por la imprevisión, los bandazos, las medidas parciales y los tumbos como de persona alicorada.

Si por aquí llueve…

Pero hay que decir, en justicia, que el gobierno de Duque no es el único que se ha caracterizado por esta forma de actuar. Como ya lo señalamos, gobiernos como el de Trump en Estados Unidos, el de Johnson en Inglaterra, el de Bolsonaro en Brasil y otros han presentado una resistencia pertinaz a la obligación de proteger a sus pueblos de la enfermedad. Han preferido la economía a la vida, pensando que ésta sólo se vería afectada en el caso de los viejos, los pobres, las minorías étnicas, etc., y que no estaba mal cierto «alivio demográfico» que disminuyera las cargas de los programas sociales. Pero también ellos se vieron confrontados –a regañadientes– a emprender acciones que apuntaran a salvar la mayor cantidad de vidas y a sacar a flote a sectores productivos y a segmentos vulnerables de la población.

El asunto estriba, entonces, no en el dilema vida-economía sino en la óptica con que los gobiernos afrontan el virus. De ahí que las vacilaciones de los gobernantes no son sino la expresión de un desinterés evidente por los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad, enfrentados a la necesidad de no perder apoyo político.

El clímax de esta pantomima gubernamental -que ya raya en tragedia- fue la expedición del decreto 444 del 21 de marzo, mediante el cual, en virtud del estado de emergencia declarado en el decreto 417, se adoptan las medidas con las que se pretende enfrentar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

La cuestión tiene tres aristas: de un lado, ¿cuál es la situación socio-económica de la población del país en el momento de la pandemia? En segundo lugar, ¿cuál es el sistema de salud de que dispone el país para hacer frente a la misma? Por último, ¿qué medidas está adoptando el gobierno para enfrentarla?

La situación de la gente

En lo que tiene que ver con la situación socio-económica de la población, sabemos que, en Colombia, el 44,1% de la fuerza de trabajo está representado por los obreros o empleados del sector público o privado, que podrían mantener durante un cierto tiempo sus condiciones laborales, siempre y cuando los patronos no se apresuren, como ya está ocurriendo, a darles licencias no remuneradas o a proponerles que acepten disminuciones de salarios y de prestaciones sociales.

Otro 42,8% de la fuerza laboral está representado por los llamados trabajadores por cuenta propia, entre los cuales se refugia la mayor proporción de informalidad laboral, que implica que se trata de personas que viven el día a día y que, si no trabajan un día, no comen o no tienen dónde dormir o ambas. Se incluyen aquí los trabajadores con contratos de prestación de servicios que pueden ver su contrato suspendido -sin pago- hasta que pase la situación. Además, están los trabajadores que, como asalariados o como contratistas por prestación de servicios o como jornaleros, deben salir a trabajar en las actuales circunstancias con todo el riesgo que ello implica.

En cuanto al sistema de salud, es sabido que su creciente privatización niega la posibilidad de que haya una atención acorde con las necesidades de la población. La parte pública del sistema ha venido siendo objeto de abandono y de falta de financiación, al punto de que se registran cierres permanentes de instituciones hospitalarias y, las que se mantienen, lo hacen a pesar de que las EPS privadas no les pagan a tiempo o, en definitiva, no les pagan los servicios que ellas les prestan.

La joya de la corona

Y aquí viene la acción gubernamental. Luego de declarar la emergencia económica, social y ecológica el Gobierno nacional expidió el decreto 444 del 21 de marzo, en el cual decide: A) crear el Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME–; B) tomar, en calidad de préstamo, recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización –FAE–, que hace parte del Sistema General de Regalías y del Fondo de Pensiones Territoriales –Fonpet– y, C) destinar los recursos del FOME a atender las necesidades adicionales que demanda la crisis sanitaria.

Respecto a la creación del FOME, algunos comentaristas critican que se haya creado un nuevo fondo, en el que el ordenador del gasto es el Ministro de Hacienda, cuando ya existía el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo ordenador del gasto es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, fondo que no sólo recibe aportes del presupuesto nacional sino aportes privados que, en las actuales circunstancias, podrían canalizarse en una cuenta única, con las debidas modificaciones normativas e institucionales.

En cuanto a la fuente de recursos (el FAE y el Fonpet), que son recursos que pertenecen a los entes territoriales, si bien el Gobierno los toma en calidad de préstamo, está centralizando aún más la ejecución de las medidas que deberían tener un carácter más descentralizado, para que gobernadores y alcaldes dispusieran de mayor y mejor acceso a los recursos que requieren para atender la emergencia en sus regiones.

Tampoco apeló a otro anuncio del decreto 417 de otorgar beneficios tributarios a la industria y al comercio, como una prolongación de la reforma tributaria de 2019, en aras, supuestamente, de conservar el empleo. Hay que estar alertas.

* Economista

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