Querellas contra pactos colectivos

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Los pactos colectivos se usan para menguar sindicatos.

En una acción sin precedentes, 50 sindicatos presentaron igual número de querellas, 30 de las cuales se entregaron al ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda

Los pactos colectivos se usan para menguar sindicatos.
Los pactos colectivos se usan para menguar sindicatos.

Redacción laboral

Según la Escuela Nacional Sindical (ENS), de los 215 pactos colectivos que se firmaron en el 2012 en Colombia, 58 lo fueron en empresas donde existe negociación colectiva, con el resultado de que en el 71% de estas disminuyó drásticamente el número trabajadores sindicalizados, dato que habla del gran avance del pacto colectivo en el panorama laboral colombiano, al igual que los llamados “planes de beneficios”. Estas dos figuras no solo violan el derecho de asociación y libertad sindical, sino que están debilitando los sindicatos y amenazando su supervivencia.

Ante el tamaño del problema, y en una acción sin precedentes, 50 sindicatos presentaron igual número de querellas, 30 de las cuales se entregaron en paquete al ministro Rafael Pardo hace dos semanas, con la presencia de los presidentes y otros directivos de la CUT y la CTC, las dos centrales que abanderan la iniciativa. Las otras 20 querellas se entregan en próximos días.

Según los autores de la iniciativa, se quiere mostrarle al Ministerio que efectivamente estos pactos se constituyen hoy en un serio y real problema para las organizaciones sindicales, y se le solicitará que aplique el control preferente y disponga del grupo élite especializado para que investigue las empresas donde están vigentes los pactos colectivos denunciados por los sindicatos querellantes.

Además se le recordará que un punto del plan de acción laboral suscrito con Estados Unidos previo a la implementación del TLC compromete al gobierno colombiano a verificar que los pactos colectivos no se usen para acabar o menguar sindicatos, compromiso que hasta ahora no ha cumplido.

Asimismo, el Gobierno también ha desconocido a la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que le han recomendado al Estado eliminar la norma que permite la coexistencia de pactos colectivos con convenciones colectivas. Colombia es el único país donde se da esta situación, pues la figura del pacto está consagrada como forma de negociación colectiva y, según sentencia de la Corte Constitucional, puede coexistir con una convención colectiva, siempre y cuando su creación y el proceso de negociación cumpla ciertos requisitos, no supere en beneficios a la convención, y no atente contra el derecho de asociación sindical. Además la Corte sentenció que los planes de beneficios son idénticos a los pactos colectivos.

Crecen los pactos

Hasta la fecha la defensa de los sindicatos frente a pactos y planes de beneficios ha sido la demanda ante la Fiscalía, invocando el artículo 200 del Código Penal que castiga las prácticas antisindicales. Pero casi la totalidad de estas denuncias “duermen” en los anaqueles de la Fiscalía, y hasta ahora los jueces no han emitido una sola sentencia. Con la nueva estrategia se quiere presionar al Ministerio para que investigue y sancione a las empresas que hagan mal uso de los pactos.

Según cifras del Mintrabajo, entre 2011 y 2012 el uso de pactos colectivos creció en un 23%, mientras que las convenciones colectivas solo crecieron el 1%. En el 2012 se firmaron 215 pactos colectivos, de ellos 58 lo fueron de manera paralela a procesos de negociación colectiva con organizaciones sindicales. Y en 2013 hubo un leve descenso: se firmaron 204 pactos, 63 de estos por primera vez en las empresas, lo que evidencia la popularidad que han ganado como mecanismo empresarial para debilitar y arrinconar a los sindicatos.

En la práctica los pactos colectivos y los planes de beneficios están siendo utilizados por los empleadores por lo menos con tres propósitos: como estrategia preventiva ante el posible surgimiento de sindicatos, como estrategia de contención para que los sindicatos no se desarrollen o desaparezcan, y como estrategia de debilitamiento o de choque para que sindicatos mayoritarios dejen de tener la capacidad de negociación y huelga con la que cuentan.