Que la memoria de las víctimas de la UP ilumine la paz

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27 años de la masacre de Segovia

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La región del Nordeste Antioqueño es una zona donde la historia de los procesos organizativos, los movimientos sociales, políticos alternativos alcanzaron gran acogida entre los pobladores, aquellos que soñaron con las trasformaciones sociales, con el rompimiento de la hegemonía y el emporio implantado por los partidos tradicionales, hace 27 años se convirtió en un lugar emblemático de dolor cuando la muerte recorrió las calles de este municipio en busca de los militantes de la Unión Patriótica.

Los segovianos, como los habitantes de los pueblos vecinos, recibieron con mucha disposición, entusiasmo y esperanza la llegada de la Unión Patriótica, movimiento político que se ajustaba a los sueños más elementales de cualquier ser humano: vivir dignamente en una nación, con respeto a los derechos de todos y en un ambiente de paz con justicia social.

El auge obtenido entre los segovianos principalmente se vio opacado por las alianzas criminales que se realizaron entre políticos de la zona, grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública que pusieron como objetivo militar y de exterminio a todo aquel que se mostrara simpatizante de las causas nobles sociales trazadas desde los movimientos políticos surgidos en la época como la Unión patriótica.

En este escenario el 11 de noviembre de 1988, cuando faltaban 20 minutos para las 7 de la noche hizo incursión un grupo paramilitar que se autodenominó días antes como “Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño” al mando de los paramilitares Castaño Gil, sin encontrar impedimento por parte del Ejército Nacional que se acantonó en la base del Batallón Bomboná, ni de la Policía que se quedó guardada en el comando ubicado en la plazoleta central del municipio de Segovia. Los asesinos llegaron en camperos con sus rostros cubiertos e iniciaron su desplazamiento por las calles del pueblo asesinando a 43 personas y dejando heridas a más de un centenar.

Después de 19 años de haber sido vinculado al proceso judicial el ex congresista liberal Cesar Pérez por la masacre de Segovia, la Corte Suprema de Justicia profirió una condena de 30 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales agravadas y concierto para delinquir, los cuales fueron calificados como delito de lesa humanidad. Sin embargo al ser éste condenado como determinador, no se limita ni se debe desconocer la responsabilidad del Estado teniendo en cuenta que se ha comprobado judicialmente la responsabilidad del paramilitarismo con complicidad, y consentimiento, de la Policía y el Ejército Nacional.

Luego de 27 años exigiendo justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, además del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado requerido por las víctimas, el Gobierno Nacional dando cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo de solución amistosa suscrita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue pactado entre en el Estado y el apoderado de una parte de los familiares de las víctimas, realizará un acto de “disculpas públicas” en las calles segovianas en las que hoy persiste la violencia por parte de las grupos paramilitares que controlan aun la vida económica, social y política de los habitantes del nordeste antioqueño.

Es por ello que este hecho de reconocimiento, direccionado desde el Gobierno colombiano, resulta para muchos un suceso más en el que se busca perpetuar la impunidad y resarcir el daño causado mediante el ofrecimiento de disculpas. Ha llegado el momento de que se cuente la verdad a los segovianos, a las familias de las víctimas a la comunidad nacional e internacional, es la hora de contar la historia desde las víctimas buscando esclarecer la verdad. Esto hará posible la dignificación de la memoria de los ausentes y la construcción de la tan anhelada paz.

La construcción de memoria que hoy impone el Estado no permite desarrollar entre todos un proyecto histórico de sociedad justa; la continuación de la doctrina militar seguirá concibiendo a los campesinos y defensores de derechos humanos como enemigos, y el accionar de la Fuerza Pública seguirá legitimando y respaldando la muerte de personas inocentes que sólo están trabajando por dejar un futuro mejor a las próximas generaciones.

Las organizaciones campesinas, sociales y defensoras de derechos humanos hacen un llamado a las comunidades del nordeste antioqueño, a los familiares de las víctimas, a los sobrevivientes y al pueblo en general a persistir en la búsqueda de la reconstrucción de la memoria histórica y el tejido social y a continuar exigiendo la verdad y la justicia social.

¡Se han ensañado, nos han matado, han sepultado los cuerpos, pero el sueño sigue vivo!

Cahucopana