Habitantes se manifiestan en defensa del corredor Puerto Vega-Teyeye y el río San Miguel que están en riesgo por la ampliación de la licencia al consorcio Colombia Energy, cuya explotación petrolera afecta parte del Amazonas
Kikyō
Los habitantes del departamento del Putumayo en el sur del país vienen resistiendo en contra de los atropellos de la Fuerza Pública, dedicada a cuidar los intereses de las petroleras que están destruyendo el medio ambiente.
El pasado 30 de mayo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a través de la Resolución No 0551 resolvió ampliar al consorcio Colombia Energy, una licencia ambiental global para el proyecto denominado “Desarrollo de los campos Quinde, Cuhembi y Quillasinga” localizados en jurisdicción del municipio de Puerto Asís en el departamento del Putumayo, y los cuáles ocuparán un área de 12.796.397 hectáreas, zona que pertenece a la Amazonia colombiana.
La vía de hecho es una herramienta
Esta decisión avalada por Corpoamazonía afecta el corredor Puerto Vega-Teyeyé y el río San Miguel. Este corredor ha sido una entrada de intercambio comercial entre Ecuador y Colombia, es una carretera alterna que comunica con Lago Agrio (Ecuador). Las comunidades empezaron a organizarse e iniciaron luchas campesinas, entre las que se propuso por parte de los campesinos que se realizara una consulta con las comunidades afectadas. Fue así como presentaron una propuesta de desarrollo social que pedía la construcción de infraestructura, carreteras, acueductos, alcantarillados, escuelas y hospitales, etc. Y además exigía a la Fuerza Pública el respeto a las comunidades.
“Todas esas peticiones siempre nos ha tocado pelearlas a través de paros, de movilizaciones. Desde el 2006 empezamos con movilizaciones y toda movilización se termina con un acta en la que firma el Gobierno Nacional y los representantes de las comunidades, pero esas actas nunca se han cumplido. Lo que ha hecho la empresa petrolera es un área de influencia, lo que significa que ellos están obligados a hacer inversión social solo en las veredas que están alrededor del pozo petrolero. Eso ha generado conflicto al interior de las comunidades, ya que algunas tienen derecho a unas mínimas inversiones y otras no”.
“Por ello en el 2010 se volvió a hacer el paro, en el 2011 otra vez. En enero pasado, con ayuda de un grupo de investigación, recogieron pruebas en el tema de la contaminación. Hay mucha contaminación por la explotación petrolera. Las comunidades han demostrado con pruebas que la situación medioambiental es grave, pero Corpoamazonía no ha prestado atención”, le dijo a VOZ Nidia Quintero, miembro de Fensuagro.
Hoy en día el conflicto se ha agudizado, porque el 75% del territorio ha sido concesionado a las empresas petroleras y mineras. Desde 2010 la región del Putumayo geográficamente hablando, pasó de ser una región del piedemonte amazónico a convertirse en Distrito Especial Minero.
Hay que decir que la legislación de Colombia para el tema de petróleos dice que a cinco kilómetros a la redonda de donde hay un pozo petrolero o una concesión minera no pueden ser tituladas las tierras a los campesinos. Eso muestra que hay todo un riesgo de que los campesinos tengan que salir desplazados.
“Primero los desplazaba el conflicto que sigue siendo fuerte en el Putumayo, luego los desplazaron con las fumigaciones y erradicación manual forzada y ahora se van a seguir desplazando por el tema de que no tienen derecho a la tierra, además van a haber zonas petroleras y usted sabe cómo son de agresivas las explotaciones petroleras a los territorios, porque siempre van acompañadas de Fuerza Pública, que se dedica a defender las empresas petroleras o mineras, y en contra de la población campesina que vive en el territorio”, agregó la dirigente agraria de Fensuagro.
Desde el 10 de julio de este año, las comunidades retomaron las movilizaciones para exigir ser escuchadas y obtener soluciones, y rechazar categóricamente la ampliación de esa licencia, ya que el Gobierno Nacional no ha cumplido, ni la empresa.
Las comunidades conformadas por transportadores, comerciantes, campesinos e indígenas, bloquearon la vía para la empresa, sin embargo el día 12 de julio el gobierno respondió con violencia enviando al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Por este motivo los campesinos se vieron obligados a desarmar los puentes que, como es sabido de todos, son tubos de hierro con tablas, para evitar las agresiones de la Policía.
El pasado 12 de agosto la Fuerza Pública reinició agresiones contra los campesinos, tanto por aire como por tierra. Al cierre de esta edición el saldo eran tres heridos y un detenido, quien además no estaba en la protesta, sino que era un empleado de la petrolera que fue despedido después de haber tenido un accidente, quedando desamparado por la empresa.
Por estas luchas en defensa de los derechos de las comunidades y respeto al medio ambiente, Fensuagro tiene 44 dirigentes detenidos en el Putumayo.
