Programa secreto de la CIA: Intervencionismo en tiempo real

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El informe revelado por The Washington Post indica que desde el año 2000 ha habido abierta participación de la CIA en operativos secretos contra las FARC. Gobiernos de Uribe y Santos negaron siempre su existencia. Rafael Correa dice que hay un complot contra mesa de La Habana

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Alberto Acevedo

La existencia de un programa secreto de cooperación militar entre la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos CIA y el ejército colombiano, que permitió a este último ejecutar en tiempo real operativos que segaron la vida de unos 30 líderes de la guerrilla, ha puesto en evidencia lo que sectores democráticos y de izquierda habían denunciado en su momento: la abierta injerencia de los Estados Unidos en el conflicto interno colombiano, y la violación y entrega de la soberanía nacional por parte de los gobiernos de Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

El pasado 23 de diciembre, unas pocas horas antes de la celebración de la navidad de los colombianos, el rotativo norteamericano The Washington Post reveló los términos del informe, que había sido mantenido en secreto desde el año 2000, cuando, en la versión de los autores de la nota, comenzó su ejecución. Este indica que los operativos contrainsurgentes se mantuvieron bajo las dos administraciones del gobierno Uribe, y continúan hoy, con la actual administración.

El programa secreto consiste en que en estos años, la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos (ANS), la misma cuyas operaciones han sido denunciadas por el ex colaborador de la CIA, Edward Snowden, proporcionó a Colombia equipamiento de posicionamiento global (GPS) para determinar la ubicación exacta de los campamentos guerrilleros donde se encontraban los principales líderes de las FARC y guiar hacia ellos ‘bombas inteligentes’ mediante geolocalización del blanco deseado, no importa que se encuentren en la espesura de la selva.

Por encima de la Constitución

El plan no se reduce a la simple entrega de coordenadas al ejército colombiano para que adelante los operativos de bombardeo a campamentos guerrilleros. Esa cooperación incluye el espionaje electrónico a una amplia gama de ‘fuentes’ en territorio nacional; el establecimiento de centros de escucha por parte de la ANS; el suministro de información de inteligencia en tiempo real; la confección de ‘bombas inteligentes’, guiadas por GPS de alta sofisticación.

No en vano diversas publicaciones recuerdan que a comienzos del año 2000, la embajada norteamericana en Bogotá era la sede diplomática más grande en el mundo, lo que mide el nivel de participación militar en los asuntos colombianos.

Lo primero que salta de bulto ante la magnitud de la información conocida es la desfachatez de los gobernantes de los últimos tres períodos presidenciales en Colombia y de sus ministros de Defensa, que negaron siempre la participación directa de tropas norteamericanas en la lucha contrainsurgente.

Más aun, el cinismo con que han respondido a las graves denuncias del rotativo norteamericano, justificando la existencia de pactos secretos, sin tomar en cuentan la opinión del Congreso de la República o de la Corte Constitucional, violando la carta política y llevándose de bruces todo principio de soberanía, dignidad nacional y de respeto a las fronteras patrias.

Crímenes de guerra

El informe de diciembre coloca en la cúspide de esta colaboración militar el bombardeo a la población de Sucumbíos, en la frontera con Ecuador, el 1 de marzo de 2008, donde murieron el comandante de las FARC y negociador de las futuras conversaciones de paz, Raúl Reyes; y fueron asesinadas a mansalva 20 personas, incluyendo un grupo de estudiantes mexicanos y otros civiles, en lo que a la luz del derecho internacional constituye un crimen de guerra.

Este incidente, recuerda el informe, creó un conflicto internacional que llevó a dos países, Ecuador y Venezuela, a romper relaciones con Colombia y a deteriorar gravemente el naciente proceso de integración latinoamericana, sin la tutela de los Estados Unidos.

El empeño de la administración Uribe y de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de ejecutar una estrategia contrainsurgente, revela The Washington Post, llevó al gobierno colombiano a aliarse con grupos paramilitares que constituyeron un poder criminal paralelo, que adelantaron una campaña de exterminio contra líderes populares y defensores de derechos humanos, a quienes se acusó de ser soporte ideológico de la insurgencia.

Bombas en una sola dirección

De hecho, ni bajo la administración anterior ni bajo la actual, a pesar de tener en sus manos tecnología de punta para librar una guerra irregular exitosa, jamás se descargó una sola bomba contra un campamento paramilitar. Esta situación pone sobre el tapete otra mentira, y es la de que los recursos del Plan Colombia, y por ende cualquier otra forma de colaboración militar, serían destinados a la lucha contrainsurgente, puesto que estaban orientados por entero al combate al narcotráfico.

El documento de la CIA insinúa que esta colaboración secreta parte del año 2000, bajo la administración norteamericana de George Bush y que aún se mantiene vigente. Este hecho debería ser aclarado por el gobierno ante el Congreso y los jueces de la república, por ser claramente violatorio de la Constitución Nacional.

Sin embargo, es de recordar que la asesoría norteamericana a través de la CIA, encargada de realizar el ‘trabajo sucio’ de la Casa Blanca, data desde mediados del siglo pasado. Aún no se revelan, por ejemplo, los papeles de la CIA en torno al asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948.

Los bombardeos contra las poblaciones campesinas de Marquetalia, Riochiquito y Guayabero, en el sur del Tolima, que dieron origen a la vigorosa lucha armada guerrillera, que se prolonga por más de medio siglo, se desarrollaron en el marco del Plan Laso (Latin American Security Operation), diseñado por el Pentágono y ejecutado desde las oficinas de la embajada norteamericana en Bogotá, en un intento por liquidar físicamente los últimos reductos de la resistencia campesina contra la violencia de los años 50.

El momento del informe

En este sentido tiene razón el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando asegura que la intervención abierta de los Estados Unidos no es nada nuevo en las relaciones militares de los dos países. La historia futura o el decantamiento de nuevos informes secretos habrán de aclarar si en el genocidio contra la Unión Patriótica, en los magnicidios de Jaime Pardo, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, del cura Camilo Torres y otros patriotas, hubo connivencia de la flamante delegación diplomática norteamericana en Bogotá.

Ahora, hay que mirar la trascendencia de las revelaciones del rotativo norteamericano en el actual contexto político nacional. Para el presidente del Ecuador, Rafael Correa, que calificó de “gravísimo”, el hecho y llamó al embajador norteamericano en su país a pedirle explicaciones, las informaciones sobre el plan secreto de la CIA constituyen en sí el disparo de otra “bomba inteligente” contra la mesa de negociaciones en La Habana.

No es casual, dice el mandatario ecuatoriano, que la denuncia se conozca en momentos en que las negociaciones de La Habana afrontan dificultades de distinta índole, que el presidente Santos anuncia su disposición a la reelección, con notables bajas en su popularidad y, agregaríamos nosotros, en un ambiente enrarecido por el anuncio de que varios de los negociadores de las FARC en Cuba han sido pedidos en extradición y la agenda política interna se convulsiona con la decisión del Procurador de expulsar al alcalde Petro del Palacio Liévano, por cuenta del uribismo y de los sectores más reaccionarios, los mismos que hoy disparan petardos contra la mesa de negociaciones en La Habana.