VOZ habló con Gloria Silva, abogada y miembro de la junta directiva de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, sobre el fallo que condenó a seis militares por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del joven discapacitado Fair Leonardo Porras Bernal. Militar, prófugo de la Justicia
Kikyō
El pasado 30 de julio el Tribunal Superior de Cundinamarca reconoció en segunda instancia que la ejecución extrajudicial del joven Fair Leonardo Porras obedeció a aparatos organizados de poder dentro del Ejército Nacional y con base en ello extendió las condenas por concierto para delinquir que fueron dictadas a los seis militares implicados en primera instancia hace un año. De la misma manera impuso penas por desaparición forzada a un cabo y tres soldados, quienes habían sido absueltos por ese delito. El Tribunal declaró este crimen como de lesa humanidad.
Durante el juicio oral, que duró alrededor cinco meses, la Fiscalía presentó sus pruebas. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), en calidad de representante de víctimas, también presentó las suyas y lo propio hizo la defensa. Este juicio terminó en mayo de 2012 y la decisión en primera instancia absolvió a todos los militares por el delito de concierto para delinquir agravado, se absolvió al cabo y a tres soldados por el delito de desaparición forzada, y fueron condenados por el delito de homicidio agravado por la condición de indefensión de la víctima. Las víctimas apelaron ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.
“Yo solicité, como representante de víctimas a la primera instancia, que el hecho fuera declarado, crimen de lesa humanidad, teniendo en cuenta que se reunían todos los elementos que el Estatuto de Roma prevé para que se cumpla tal declaratoria. También solicité que se reconociera que se trataba de crímenes que se cometieron desde aparatos organizados de poder dentro del mismo Ejército Nacional. Ninguna de estas fue aceptada por la juez de primera instancia y esto también fue objeto de apelación por parte mía”, le dijo a VOZ Gloria Silva, abogada de presos políticos
¿Quién es Fair Leonardo?
Fair Leonardo Porras Bernal es uno de los 11 jóvenes de Soacha que fueron trasladados por civiles que tenían relación directa con miembros del Ejército Nacional en Ocaña (Norte de Santander) y que fueron mostrados como bajas en combate. Los hechos ocurrieron en enero de 2008.
“Este es uno de los casos que destaparon toda la atrocidad que se venía perpetrando por parte del Ejército Nacional, en el caso conocido como los falsos positivos, que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales que se cometieron para mostrar la guerra exitosa por parte del Ejército Nacional contra la insurgencia colombiana o contra las bandas criminales”, agregó la abogada del CSPP.
Fair Leonardo era un joven de 26 años, con retardo mental moderado (hecho documentado dentro del proceso). Científicamente se logró establecer que no tenía la capacidad de conformar, ni mucho menos dirigir, como se dijo, una banda criminal.
Su vida diaria transcurría en la localidad de Soacha, muy cercano a su núcleo familiar, muy dependiente de él, precisamente por su problema psicológico.
En el proceso, una de las personas que reconoce haberlo trasladado de Soacha hasta Ocaña en Norte de Santander dijo que no se trataba de una persona normal. Fair era un civil, humilde y con discapacidad mental. El muchacho le decía patrón a las personas que le ofrecían algo que hacer, era algo más ocupacional que laboral. Hacía mandados y trabajos muy sencillos.
Desaparición
Su hermano mayor fue la persona de la familia quien tuvo contacto directo con él por última vez. Fair le comentó “que lo había llamado el patrón”. Eso fue alrededor de las dos de la tarde. Nunca más lo volvieron a ver con vida.
“Una de las personas a quienes la Fiscalía denomina reclutadores de Soacha dijo que le pidieron que Fair fuera trasladado el día 10 de enero. Al parecer del 8 al 10 de enero estuvo en la casa de una de esos reclutadores. Y el 10 de enero fue trasladado por tierra desde Bogotá hasta Ocaña. En ese lugar permaneció un día y medio, y el 12 de enero fue entregado a los militares encargados de realizar la ejecución extrajudicial”, sostuvo la defensora.
Ser pobre tiene su precio
Solo en septiembre de 2008 se destapó el escándalo de los falsos positivos toda vez que Medicina Legal había recibido peticiones de búsqueda por parte de varias familias de jóvenes de Soacha que habían desaparecido para las mismas fechas.
Inicialmente el caso lo tomó la Justicia Penal Militar, pero nunca hubo avances en ello y la investigación iba camino al archivo.
La Fiscalía inició una serie de investigaciones, tuvo varios tropiezos con el Ejército, sin embargo siguió y logró el testimonio de un militar y gracias a ello se recogen datos de cómo era el modus operandi de la solicitud de personas victimizables, que había unos responsables de ubicarlas y trasladarlas hasta Ocaña.
Las víctimas eran trasladadas desde Ocaña en una moto a un falso retén que montaban los militares, ya muy cerca en donde se iba a perpetrar la ejecución extrajudicial. Subían al parrillero (víctima) a una camioneta (NTR) del Ejército Nacional, y supuestamente tenían que seguirlos las motos. Las víctimas se subían confiadas, luego las trasladaban al punto que había sido definido para cometer la ejecución extrajudicial.
El acceso a la justicia
La labor investigativa de la Fiscalía durante seis meses fue ardua y, en este caso en particular, pidió medida de aseguramiento para los seis militares implicados. Luego inician una serie de acciones, inasistencias, recursos, intentos de retomar el caso por parte de la Justicia Penal Militar, todo ello liderado por la defensa de los militares.
Esto produjo un atraso en el proceso de tal forma que no se logró llevar a cabo la acusación dentro del término que la ley establecía, motivo por el cual, varios meses después, los militares obtienen la libertad provisional por vencimiento de términos. Algunos de ellos continuaron vinculados al Ejército. Por su parte el mayor Marco Wilson Quijano Mariño, comandante del Plan Meteoro en Ocaña, uno de los vinculados con mayor rango para la fecha de los hechos, se pensiona y hoy es prófugo de la Justicia.
Respecto al hecho de que los jóvenes presentados como bajas en combate eran pobres y sobre cómo la Justicia les cerró la puerta a las familias, Gloria Silva comenta:
“Una de las cosas que debe destacarse es que casi todos los jóvenes de Soacha eran de extracción humilde. En la mayoría de los casos, las familias intentaron presentar en distintas oportunidades la denuncia por desaparición forzada y no fue recibida por parte de la Fiscalía de Soacha y, según comentan ellos, tampoco en Bogotá”.
“Por lo general las familias tuvieron que iniciar una búsqueda, en condiciones bastante complejas. Obviamente, por su condición de pobreza, no tenían medios para buscar a las personas. En este caso en particular, los familiares fueron a los hospitales, al Inpec, fueron a casas donde recogen personas, porque el muchacho ya se había perdido una vez. Incluso fueron a Medicina Legal y por esas visitas se enteraron que su hijo fue reportado como dado de baja en combate. La familia de Fair nunca pudo poner la denuncia por desaparición forzada”.
La sentencia
El fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a prisión al mayor (r) Marco Wilson Quijano Mariño a 53 años; teniente Diego Aldair Vargas Cortés a 54 años; cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso, y los soldados Richard Contreras Aguilar, Carlos Zapata Roldán y Ricardo García Corso a 53 años de prisión.
Desde el fallo de primera instancia el CSPP solicitó que estos militares fueran trasladados a una cárcel común, ya que son criminales de lesa humanidad y por tanto ellos no podían permanecer en una guarnición militar, en donde ha habido denuncias de laxitud en cuanto a medidas de seguridad, lo que es una burla para las víctimas.
Ante la petición, el Inpec informó que serían trasladados a la Picota, pero después del fallo de segunda instancia y al cierre de esta edición, eso no había ocurrido.
