Intervención de Sergio de Zubiría Samper en el panel de académicos del Foro de Participación Política
Sergio De Zubiría Samper
Postular ciertas reformas políticas que puedan aclimatar la paz en Colombia debe partir de algunas premisas necesarias. Un conjunto de postulados teóricos que puedan orientar reflexivamente este importante desafío en la hora actual. Recordemos al maestro Orlando Fals Borda, quien reiteraba: “El valor de las premisas es su condición de ser siempre debatibles”.
En los procesos políticos contemporáneos, experimentamos una profunda paradoja, destacada por distintos investigadores sociales latinoamericanos. Por un lado, la práctica política se encuentra sub-teorizada, al limitarse por momentos al activismo, el inmediatismo y la racionalidad instrumental.
Por el otro, existen manifestaciones de una teoría política ciega a las prácticas sociales emergentes, más preocupada por los modelos, los datos y las formas, que por la investigación de las prácticas concretas de los movimientos sociales y organizaciones políticas concretas. Necesitamos discutir y reflexionar los problemas políticos actuales, en una dimensión más amplia, para enfrentar la anterior paradoja.
Sugerimos, como punto de partida, cuatro premisas que nos pueden aconsejar en la búsqueda de los ámbitos o dimensiones de aquellas reformas políticas que puedan ir aclimatando la paz en nuestra patria.
Premisas
Primera premisa: Ratificar la necesaria distinción entre la firma del acuerdo para el fin del conflicto y la construcción de las bases para una paz estable y duradera. La terminación del conflicto social-armado no equivale, de forma mecánica, a una sociedad en paz; es un paso necesario en un largo y complejo proceso. Las reformas políticas para finiquitar este conflicto son de una temporalidad y profundidad distinguible con las reformas políticas para una paz profunda, que podemos denominar “reformas estructurales”.
Segunda: Reiterar la necesidad de reconocer que, en el origen y persistencia del conflicto colombiano, la exclusión política y las deficiencias democráticas, han desempeñado un papel determinante. Aunque pueden existir diversas interpretaciones y múltiples controversias, es central subrayar la existencia de causas políticas profundas. No compartimos la visión de algunos académicos, quienes consideran que el país está “sobrediagnosticado”, sino postulamos que parte del proceso de paz es continuar realizando rigurosas investigaciones nacionales, regionales y locales sobre las causas políticas estructurales de nuestro conflicto.
Tercera: Subrayar cómo el texto del acuerdo general, tanto en el preámbulo como en todos sus puntos, remite a los profundos déficits del ejercicio de la política en Colombia. En sus formulaciones se ubican ejes transversales de las necesarias reformas políticas, que no se limitan al punto dos de esa agenda.
En el preámbulo se hace mención a consideraciones políticas, importantes para orientar las conversaciones. Dos alusiones son directas: La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que “requiere de la participación de todos, sin distinción”, y es ineludible “ampliar la democracia” como condición para sembrar las bases sólidas de la paz. No se trata de una inquietud exclusiva de las partes, gobierno e insurgencias; toda la sociedad de forma participativa tiene que implicarse en la búsqueda de esta esperanza colectiva.
Tampoco es una simple petición de ingresar a la rutina electoral por parte de las insurgencias. La “ampliación de la democracia” constituye una condición imperativa para arraigar la paz en Colombia por dos motivos profundos. El primero, los límites democráticos son, también, una de las causas del agravamiento del conflicto colombiano. Segundo, sólo profundizando la democracia podremos cultivar unas bases seguras para una paz duradera.
El punto dos de la agenda está dedicado a “participación política” y es desglosado en tres numerales, para priorizar ciertos campos de la vida política colombiana. Cada numeral contiene subtemas implícitos. En una enumeración provisional, son los siguientes:
1. Ejercicio de la oposición política;
2. Garantías para la emergencias y sostenibilidad de nuevos movimientos sociales y políticos;
3. Posibilidades reales de acceso a los medios de comunicación de forma democrática;
4. Profundización de la participación ciudadana;
5. Incremento de la participación directa de las comunidades;
6. Participación en todos los escenarios de la política nacional, regional y local;
7. Atención a las poblaciones vulnerables;
8. Igualdad real en las condiciones de participación;
9. Garantías de seguridad a las personas y organizaciones sociales.
Cuarta: Asumir con sinceridad las profundas dificultades que enfrenta la teoría y la acción política. Investigadores importantes del campo de la política, la caracterizan como una “contracción” (García Linera), “debilitamiento” (Flores), “malestar” (Lanz), “desideologización” (Vallespín) o “crisis” (Mires) de los campos de la política y la participación.
No podemos evadir o minimizar la profunda crisis de la política y los procesos de participación. Existe un clamor planetario por la “repolitización” o “refundación” de la vida política, y un alto malestar con las formas actualmente existentes. Los millones de campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, etc., que se levantan en Nuestra América, están clamando por modificaciones estructurales en las formas de “hacer política”.
Ámbitos
Las premisas anteriores nos indican la existencia de cinco ámbitos o dimensiones para afianzar las bases de la terminación del conflicto colombiano. Las podríamos denominar las reformas políticas que pueden garantizar un acuerdo y que transitan en vía de sembrar las bases futuras de reformas políticas estructurales.
Podemos agruparlas en cinco ámbitos o dimensiones políticas: 1. Reformas relativas al campo estatal y se sitúan en lo que ciertos investigadores llaman la necesidad de la “refundación del Estado” en la región; 2. Reformas para ampliar la participación política; 3. Reformas para la profundización de la democracia; 4. Reformas para la creación de un poder electoral independiente y democrático; 5. Reformas para adquirir confianza y legitimidad política en los acuerdos del finalización del conflicto.
Primer ámbito: Reformas estatales.
Para fortalecer y reformar el Estado, desde una perspectiva democrática, son necesarias las siguientes transformaciones:
-Primera, mejorar la acción estatal en la dimensión territorial-regional en cinco campos prioritarios: a) fomento del desarrollo social; b) realización efectiva de los derechos humanos; c) justicia pronta y garantista; d) incremento de la participación de las comunidades en las decisiones centrales; y e) garantías y transparencia en los procesos eleccionarios.
-Segunda, tomar medidas concretas para controlar el crónico “presidencialismo” y centralismo en las decisiones de la política local-regional.
-Tercera, modificaciones en la elección nacional y regional de los organismos de control (Contralorías, Procuradurías, Defensorías, etc.) a través del voto directo de las comunidades.
-Cuarta, implementación de procesos de planificación participativa en todos los escenarios de la vida económica, social, política, cultural y ecológica.
Segundo: Reformas para la participación política.
En primer lugar, la vigencia plena del ejercicio de la oposición política y la protesta social, entre cuyas decisiones está la construcción del estatuto de la oposición y el desmonte del antidemocrático “estatuto de seguridad”.
En segundo lugar, la consolidación de garantías efectivas para nuevos partidos y movimientos políticos que surjan de la terminación del conflicto, con criterios amplios para sus personerías jurídicas y permitan su perdurabilidad.
Tercero, la promoción de grupos sociales y ciudadanos que puedan participar e incidir en los escenarios políticos.
Cuarto, profundizar la descentralización con un enfoque democrático que exija la participación de las organizaciones políticas y sociales en las decisiones regionales y locales sobre todas las políticas públicas.
Quinto, establecer veedurías de iniciativa popular y ciudadana para acompañar los procesos de participación política.
Sexto, crear una “circunscripción especial para la paz”, de naturaleza temporal, para garantizar la participación política de la insurgencia en todas las instancias de participación política.
Séptimo, establecimiento del financiamiento estatal de las campañas políticas y garantizar el acceso a los medios de comunicación masiva para todos los partidos y movimientos políticos.
Octavo, crear espacios temporales de deliberación (cabildos, constituyentes, etc.) para enfrentar colectivamente los grandes temas políticos y sociales de la construcción de país.
Tercero: Reformas para la profundización de la democracia.
La “ampliación” y profundización de la democracia implica acciones en ámbitos centrales del escenario político colombiano.
En primer lugar, mayor atención a los procesos de democracia directa y democracia participativa. Que los mecanismos de la directa no sean una excepción, sino un modo de vida permanente.
Segundo, la creación de formas atenuadas de representación y procesos más expeditos de revocatoria del mandato en todos los poderes públicos (ejecutivo; legislativo; judicial; electoral; órganos de control; etc).
Tercero, construcción de la verdadera democracia social (“desde la escuela hasta la fábrica”, Bobbio) que incluya ámbitos centrales como las políticas públicas en descentralización, presupuesto, regalías, erradicación de la pobreza, vivienda, salud, educación, cultura, ecología, género, órganos de control, etc.
Cuarto, mayor atención a los procesos democráticos a escala regional y local, para combatir vicios históricos como el clientelismo, el populismo y el asistencialismo.
Quinto, mayor y más equitativa distribución del poder económico, político, social, regional, comunicacional y cultural.
Cuarto: Reformas hacia la consolidación de un poder electoral independiente y transparente.
Las reformas electorales deben orientarse en vías de cualificar su legitimidad, representatividad y transparencia. Abarcando todos los escenarios de participación política y social. Se ha iniciado un debate nacional sobre las profundas limitaciones del sistema electoral colombiano y el progresivo cierre jurídico a la diversidad política y cultural. Hay que reconocer como mecanismos electorales deficitarios afectan sensiblemente el ejercicio de la política democrática.
La polémica hasta ahora se inicia, y encontramos posiciones que llaman la atención, desde la eliminación de la reelección presidencial por sus efectos en el equilibrio de poderes hasta la necesidad de centralizar la autoridad electoral en un sólo organismo, como Registraduría Nacional del Estado Civil, suprimiendo el Consejo Nacional Electoral. También se subrayan las dificultades en los costos de las campañas y los profundos problemas de financiamiento en las actuales condiciones. Todos son debates abiertos por la representatividad y legitimidad democrática de la política en Colombia.
Quinto: Reformas para adquirir confianza y legitimidad política en los acuerdos de finalización del conflicto.
El modo, tipo y actores de la refrendación de los acuerdos adquiere cada día mayor importancia política. No es un simple asunto administrativo o jurídico, porque determinará el incremento de la confianza democrática y la legitimidad política de la paz futura. En el horizonte ya aparece una importante discusión sobre la necesidad de refrendar los acuerdos por algún mecanismo de soberanía popular.
Los motivos para anticipar este debate son sinceramente profundos y van más allá de una simple polémica formal o jurídica. La primera razón es el reconocimiento que la solución del conflicto y los caminos de la paz no son “propiedad” de un gobierno o de la insurgencia. La paz con justicia social es potestad indelegable del pueblo colombiano y sólo con el ejercicio de su participación directa es posible esa paz estable, duradera y democrática. Un acuerdo entre “dos” partes no representa la soberanía plena del poder constituyente.
El segundo motivo es ratificar, que el tipo y actores de refrendación de los acuerdos es determinante para garantizar, profundizar y legitimar todo el proceso de finalización del conflicto, porque la institución de refrendación es fundamental. Si se suplanta la soberanía popular, se pierde, necesariamente, poder vinculante y legitimidad.
Dejar, por ejemplo, a un “marco jurídico” o al Congreso de la República o al Poder Judicial, la prioridad de otorgar legalidad al acuerdo, tendría consecuencias negativas, como: pérdida tendencial de legitimidad y eficacia; identificación exclusiva con determinado gobierno o gobernante; falta de compromiso y participación; desconocimiento de la soberanía popular; excusas para los saboteadores de la paz; etc.
El tercer motivo es la necesidad de analizar, con rigor, que esta tarea histórica exige una amplia discusión sobre las virtudes y defectos de los diferentes mecanismos democráticos de validación.
Consideramos, que es un falso dilema oponer el referendo a la asamblea constituyente, como si fueran completamente opuestos. Un referendo puede ser convocado para aprobar una asamblea constituyente. Para dar el “sí” ya sea a una asamblea general constituyente, o también, para abrir el paso a asambleas constituyentes de carácter temático.
