Posibles motivos del asalto a sede de Juventud Rebelde

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Integrantes de las organizaciones juveniles y de escoltas que allí tienen sus oficinas, se acercaron a la sede luego de los hechos y acompañaron a las víctimas en los testimonios ante los investigadores.

Juan Carlos Hurtado Fonseca

El anochecer en la sede de las organizaciones Juventud Rebelde, la Federación de Estudiantes Universitarios y del sindicato de escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Memoria Viva, compuesto por exguerrilleros de la FARC, se interrumpió cuando de manera violenta tres hombres armados y con la cara tapada entraron e intimidaron a quienes allí se encontraban.

Los hechos se presentaron en Bogotá, el pasado 12 de febrero a las 6 y 30 de la tarde, en momentos en que se realizaban reuniones de integrantes de las organizaciones juveniles. Sin forzar las puertas, los asaltantes ingresaron apuntando con pistolas a quienes estaban en las oficinas, los intimidaron, forzaron otras puertas y procedieron a esculcar, llevarse celulares y computadores. Algunos de los jóvenes interrogados manifestaron que no se había hecho un balance sobre qué otras cosas y documentación faltaban.

Luego de que llamaran a las autoridades y denunciaran en redes sociales, se hicieron presentes agentes de la Policía, el defensor del Pueblo de Bogotá y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, quienes iniciaron los procedimientos de rutina, como el procesamiento de la escena y entrevistas con quienes estaban en las oficinas al momento de los sucesos.

“Fuimos llamados por los dirigentes de Juventud Rebelde para hacer el acompañamiento. Nos han solicitado tramitar protección para los dirigentes de esta organización ante la Unidad Nacional de Protección, UNP, y vamos a requerir a las autoridades para que inicien labores de investigación y medidas de protección para ellos y las sedes”, explicó a VOZ el defensor del Pueblo de Bogotá, Rafael Navarro.

Una de las organizaciones afectadas fue el sindicato de escoltas de la UNP, Memoria Viva, compuesta por 820 afiliados a la que le forzaron la puerta de su oficina, entraron pero no le hurtaron el computador. Cristina Bustillo Paredes, su presidenta, dijo a VOZ que habían solicitado a la Fiscalía especializada, encargada de asuntos propios del acuerdo de paz, hacer un peritazgo al computador porque lo encontraron de manera diferente a como lo habían dejado.

“Queremos ver si sacaron información porque ahí tenemos la base de datos de los afiliados. Creemos que o nos sacaron información o nos implantaron algo porque venimos haciendo denuncias que implican a la Policía y a los militares por un presunto falso positivo contra uno de nuestros afiliados”, explicó la presidenta de Memoria Viva.

El caso al que se refiere la dirigente sindical es el de Gerson Morales, quien fue asesinado en los confusos hechos de un presunto atentado contra Rodrigo Londoño, jefe del partido FARC. “Hemos denunciado que estamos ante un homicidio agravado en persona protegida y es un caso de tortura. Tampoco entendemos cómo es que las autoridades dicen que desde noviembre tenían la información y no lo capturaron. El cuerpo habla y hay signos de tortura. Todo esto puede estar relacionado porque hemos estado recibiendo amenazas contra nosotros y contra familiares de los afiliados”, dijo Cristina Bustillo.

No obstante, hay más motivos para la entrada violenta a la sede, y es el robo de información sobre organizaciones juveniles que han estado muy activas en las manifestaciones sociales realizadas desde el pasado 21 de noviembre.

Juan Sebastián Rodríguez, de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, dijo a Telesur que les inquieta es lo que viene después por toda la información que se llevaron, porque hay bases de datos, planes de trabajo, las cuentas oficiales de redes sociales de las organizaciones: “Nos preocupa todo lo que se nos puede venir, en cuanto a persecución a los procesos sociales”.

El modus operandi de los delincuentes es el mismo que siempre han utilizado contra las sedes de organizaciones juveniles y políticas de izquierda, ONG de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales, entre otras, en el contexto de la represión, criminalización y persecución a la oposición en el país.

La agresión se da justo cuando se organiza un gran paro cívico nacional en el que se rechazan las reformas económicas y laborales del gobierno de Iván Duque, y en el que los estudiantes universitarios serán protagonistas porque exigen mejores condiciones educativas y cumplimiento total a acuerdos suscritos hace más de un año con el Gobierno nacional.

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