Giovanni Libreros
Si el Estado –entre otros aspectos– es una relación y un conjunto de estructuras resultado de la lucha política, y por ende esta lucha ha de desplegarse desde dentro y fuera de él (García Linera, 2010), entonces la destitución del alcalde Petro es el pináculo del asedio de las fuerzas reaccionarias e instituciones dominantes hacia un modo de gobierno local e independiente, administrador de un gigantesco presupuesto, un espacio estratégico y una población cosmopolita que amenaza la tradicional centralidad y composición de clase del poder político.
La decisión de la Procuraduría no responde a un juicio disciplinario de gestión y gerencia (como pretende hacer ver la gran prensa); obedece a una audaz decisión política de la facción uribista del bloque de poder para romper la relación de fuerzas en la capital y así abonar el terreno hacia la próxima disputa electoral. La cuestión es que esta decisión (facción uribista) se produce en un momento de crisis hegemónica del régimen político.
Las fuerzas conservadoras con sus caciques y gamonales apelan a una institucionalidad cada vez más desgastada política y moralmente. La revolución desde el punto de vista del marxismo –enseña Lenin– es la ruptura violenta de la superestructura política anticuada, cuya contradicción con las nuevas relaciones de producción puede provocar en determinado momento su hundimiento (1905).
Pero ¿en qué momento de maduración de la crisis nos encontramos? La expansión del modelo extractivo minero-energético y la apertura a un nuevo ciclo de desarrollo capitalista rural (en el marco de los agronegocios y la especulación financiera de la tierra) viene entrando en contradicción con el arcaico régimen de propiedad terrateniente sobre la tierra, pero también con las formas autónomas, territoriales y comunales de propiedad campesina, indígena y raizal.
Esta marcha objetiva del proceso capitalista está configurando una nueva estructura de relaciones sociales que cuestiona el dominio de viejas clases, grupos y capas sociales a la vez que potencia y posiciona nuevas formaciones y relaciones agudizando la conflictividad territorial.
El XXI Congreso del PCC
Estas tendencias fueron estudiadas por el XXI Congreso del PCC advirtiendo que, en este nuevo contexto, “las desigualdades sociales se han sostenido e incrementado a dimensiones explosivas y los desequilibrios regionales se han acentuado poniendo en duda la autoridad del Estado central” (2012). La situación se agrava con la profundización de las políticas neoliberales y el escalamiento del conflicto armado con el apoyo estratégico imperialista (como lo confirmó el reciente informe del Washington Post sobre la intervención de la CIA en Colombia) e inciden de modo directo en la lucha social y en el crecimiento de la inconformidad manifiesta.
Por ello la tormenta política e institucional desatada por el “golpe de pluma” del procurador debe ser leída en clave de ahondamiento de la crisis del sistema político y simbólico dominante. Este hecho ha precipitado inesperadamente la irrupción de una condición subjetiva proclive no sólo a la protesta política sino también a la disidencia social. La intolerancia ciudadana a la arbitrariedad del señor Ordóñez va en aumento.
¿Esta situación podría desencadenar en el surgimiento de un nuevo bloque social, políticamente disidente y con capacidad de movilización y expansión nacional? En caso afirmativo se estaría ensanchando el camino para la lucha democrática y revolucionaria: la movilización ciudadana de masas por la demanda de mayor democracia política, en defensa de lo público y en contraposición a la continuidad del viejo poder político apoyado en el capital privado y mafioso, cuyo lucro depende del control sobre el monopolio de la contratación pública, los grandes negocios, las privatizaciones, el fraude y la corrupción.
La Bogotá Humana
Sin desconocer errores en la administración, el programa de la Bogotá Humana contiene aspectos significativos que si bien no implican stricto sensu desprivatizaciones, si limitan la ganancia privada y aumentan la intervención distrital a través del subsidio a los servicios sociales y derechos ciudadanos. Es relevante la inversión en áreas como la educación, la salud, el derecho al mínimo vital del agua, el aseo, la recreación, la cultura, el deporte, entre otros.
Las dinámicas de participación en la planeación aunque localizadas y meramente consultivas, son apreciables si se tiene en cuenta el potencial de recursos que pueden ser canalizados y aprovechados por las comunidades. En la capital vienen operando pequeñas experiencias de control social sobre lo público que en germen revelan caminos alternativos para comenzar a salir del inclemente neoliberalismo.
Pero el análisis debe ir más allá. El apoyo de la Alcaldía Mayor a la movilización social en favor de los diálogos en La Habana muestra la ciudad como un importante laboratorio de paz en virtud a la simbología de su gobernante (un ex guerrillero proveniente de un proceso de paz) comprometido con iniciativas como la multitudinaria movilización del 9 de abril (1’100.000 personas según Canal Capital) y la marcha nacional de mujeres. La reacción de la Procuraduría devela el carácter de clase que subyace en esta lucha y define los términos futuros de esta pelea. Existe una nueva situación política que impone retos a la unidad de la izquierda, las fuerzas democráticas y progresistas.
Lenin sostiene con razón, que la educación socialista de las grandes masas “depende de la realización más completa posible de las transformaciones democráticas” (1905). Por lo que la tarea inmediata de los que quieren verdaderamente el cambio consiste en apoyar decididamente a esta realización. Limitar esta batalla a una cuestión meramente individual, es caer en el juego de quienes tienen el interés de “petrificar” (o más bien confundir) el debate político en la hora actual.
La unidad popular y la disputa electoral
La unidad del campo popular es una construcción que implica una doble acción política, a veces alternada y otras veces simultánea ya sea “desde arriba o desde dentro” (espacios de poder constituido) como “desde abajo o desde fuera” (espacios de poder constituyente). Esta doble perspectiva en el horizonte político obliga a maniobrar también en varias trayectorias sin renunciar al objetivo final.
El XXI Congreso del PCC señaló que “sin considerar toda la complejidad de las múltiples expresiones del campo popular, es indiscutible que hay sectores más proclives a la acción política entendida como participación electoral, y que ven mayores posibilidades de democratización dentro de los espacios del poder constituido; igualmente hay otros que privilegian los procesos de movilización social y popular, la construcción de poder popular como poder alternativo y reivindican la necesidad de desplegar la potencia del poder constituyente” (2012).
Pero aceptar esta realidad no implica concluir fatalmente una disociación entre el campo social y el político. Todo lo contrario:
“La política y la acción política comprenden en la actualidad tanto la construcción autónoma de poder popular como la confrontación contra el poder constituido. La lucha por el poder es producción, despliegue de poder propio y retoma del poder expropiado históricamente, organizado en la forma de poder constituido. Sobre ese presupuesto es posible considerar la posibilidad de avanzar en la construcción de un ideario de unidad del campo popular. Los comunistas proponemos la unificación del campo popular en un bloque alternativo de convergencias programáticas y unidad de acción política concreta, que permita avanzar hacia un nuevo poder” (Partido Comunista Colombiano, 2012).
