Nelson Lombana Silva
La semana pasada murieron dos reclusos de la penitenciaria de Picaleña de la ciudad de Ibagué, Tolima, al parecer por falta de atención médica oportuna.
Según relato de sus compañeros de prisión los occisos insistieron ante el INPEC para que fueran atendidos oportunamente mostrando grave estado de salud, pero dicha solicitud no fue atendida oportunamente generándose el fatal desenlace.
Ambos pertenecían al patio 1, que corresponde a las personas de la tercera edad. Se trata de Ramiro Torres y Jaime Amaya, 67 y 73 años, respectivamente.
“Ambos casos, dijeron varios reclusos entrevistados, se articula con la ineficacia médico asistencial que ofrece el penal de Picaleña”.
Jaime Amaya, habitaba la celda 2; después de advertir a la guardia sobre intenso dolor en el pecho y ser rechazada su solicitud para que el médico lo atendiera se sentó en la taza del baño y allí murió. Lector y buen conversador tenía en la mira la lectura del documento publicado por el periódico “Desde Abajo” intitulado precisamente: “Cárceles colombianas: Horror e infamia”.
Por su parte, Ramiro Torres, era ingeniero civil. Había sido sometido a operación de corazón abierto, por lo que era urgente los chequeos médicos frecuentes, los cuales, al parecer, fueron negados por la guardia penitenciaria. Solo cuando estaba supremamente grave fue remitido a Bogotá, donde falleció. Sus amigos de prisión lo recuerdan como una persona de apertura, democrática y pensante.
De igual manera, los prisioneros de este patio denunciaron las dificultades que tienen para que los medicamentos les sean suministrados oportunamente. Una persona de hipertensión le ha tocado pasar semanas sin poder tomar el medicamento que normalmente debe hacerlo diariamente.
Otro aspecto grave que denunciaron los internos es la mala y poca alimentación. “Sufrimos mucha hambre constantemente”, denunciaron.
La situación de la penitenciaria de Picaleña de la ciudad musical de Colombia es compleja y hasta el momento las directivas no se han pronunciado sobre estos temas, mientras tanto, siguen muriendo personas de la tercera edad en precarias condiciones, en el anonimato y en el crudo hacinamiento. Sus derechos son letra muerta.
