En política de tierras, el Gobierno Duque miente

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Comunidades agrarias en Guayabero, Meta. Foto Prensa Rural.

Las pomposas cifras que ha entregado la administración uribista en materia de tierras, donde dicen alcanzar un millón de hectáreas para la implementación de la Reforma Rural Integral y cuatro mil nuevos títulos de propiedad, maquillan una realidad: tan solo el 2.7% de estas obedecen a tierras susceptibles para ser entregadas a campesinos

Jaime Osorno
@CocoOsorno 

Desde el pasado mes de mayo, la Agencia Nacional de Tierras adelanta una campaña sobre los logros de su gestión anunciando de manera pomposa dos grandes cifras. Sendos comunicados oficiales, reportajes televisados y en periódicos de circulación nacional hacen parte de la estrategia de difunción.

Por un lado, anunció que había alcanzado un millón de hectáreas de los tres millones estipuladas en el Fondo de Tierras que habla el punto uno de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana. Adicionalmente, que había alcanzado la entrega de cuatro mil nuevos títulos de propiedad a campesinos.

El primer punto de los Acuerdos de paz estipula la creación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral con una meta de tres millones de hectáreas en 12 años para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. La directora de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, en varios medios y en comunicaciones oficiales ha asegurado que, durante su gestión y la del gobierno de Duque, han ingresado 774.446 ha que sumadas a las 226.831 ha ingresadas en el gobierno anterior suman el anunciado millón de hectáreas.

Hay tres grandes fuentes de la que se nutren estas cifras: unas 678.007 hectáreas corresponden a baldíos de la nación, 68.132 hectáreas corresponden a baldíos reservados y 28.306 hectáreas a predios fiscales. Estos predios corresponden a procesos de identificación o recuperación de baldíos de la nación, predios privados cuyo dominio ha revertido a la Nación luego de surtido el proceso agrario de extinción del domino, así como la compra directa o la transferencia de los bienes de vocacion agropecuaria extinguidos por la vía judicial.

La pregunta obvia es, ¿estas hectáreas (774.446) están disponibles para entregarlas a sujetos de reforma agraria? Es decir, ¿son tierras para destinarlas a campesinos?, ¿cuántas han sido adquiridas por compra directa? O ¿cuántas han sido recuperadas al patrimonio público rural?, tal como lo estipulan claramente los acuerdos.

Si tan solo nos detenemos en los detalles de las cifras, vemos que no es así. Como tampoco es cierto que este volumen de tierra sea producto de las gestiones del actual Gobierno ni mucho menos de la directora de la ANT.

Lo que respecta a los bienes baldíos de la nación, de las 678.007 hectáreas tan solo 18.900 correspondientes al predio “El Carmen” del municipio de Puesto Gaitán, Meta, es el único predio no ocupado y disponible para ser entregado a campesinos. Esto representa tan solo el 2.4% del total de las tierras reportadas para la reforma rural integral en la actual administración.

Por su parte, del total de tierras reportadas, como bienes fiscales patrimoniales y baldíos reservados (28.306 fiscales+ 68.132 baldíos reservados) tan solo 2.241ha no se encuentran ocupadas. Es decir, menos del 0.3% del total reportado correspondientes a 24 predios en su gran mayoría en el departamento de Risaralda (21 predios en el municipio de La Virginia) son los que se encuentran disponibles para ser entregadas o adjudicadas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.

De lo anunciado por la ANT como su gran avance y gestión para contribuir a la meta de los 3 millones de hectáreas, tan solo el 2.7% de su gestión obedecen a tierras susceptibles de ser entregadas a campesinos.

El 97.3% de las 774.446ha responden a predios que estan siendo ocupados. Las 678.007ha de bienes baldios que se encuentran ocupados pueden estar siendo explotadas por campesinos cuya ocupación previa les permita acceder al titulo de adjudicacion conforme a las previsiones que para el efecto tiene la Ley 160 de 1994; o por el contrario sobre las mismas, si es que estan en tierra de naturaleza adjudicable se puede estar ejerciendo ocupación de forma indebida.

En cualquiera de las dos circunstancias, la ANT tiene pendiente ejecutar los procedimientos administrativos para que dichos bienes sean adjudicados o para recuperarlos y restituirlos al patrimonio de la Nación. Al respecto es pertinente preguntar, ¿cuál ha sido la gestion del actual Gobierno frente a estas 667.007 hectáreas?

En relación con los baldios reservados no resulta claro como puede atribuirse a la gestión de la actual administración, toda vez que en agosto de 2018 cuando inició funciones la actual directora, ya se encontraba vigente el decreto 902 de 2017 que traslada la competencia para resolver los procesos de extinción agraria del dominio a los jueces de la República y a la fecha no ha sido presentado el primer proceso a instancia judicial.

Es decir, muestran y reportan para sus cifras oficiales que han ingresado al Fondo Nacional de Tierras para la Reforma Rural Integral predios que ya están siendo ocupados y explotados por campesinos desde hace varios años y de procesos agrarios del Incora e Incoder. Por ejemplo, los tres predios más grandes reportados datan de resoluciones de extinción de los años 1964. Tal es el caso del predio “La Esmeralda” de 30 mil hectáreas en el municipio de Ituango, Antioquia, con resolución de extinción N°3815 del 06 de julio 1964; o el predio “Sabanas de Saparai” con 87.135ha en Tame, Arauca, con resolución de extinción N° 0936 del 5 de mayo de 1999. No hay derecho a mentir con tanta desfachatez desde las altas esferas del gobierno.

Lo que oculta el Gobierno Duque es evidente. Desde el primer día de gestión no se ha tomado ninguna decisión sobre procesos de extinción agraria, no hay una sola hectárea afectada por ello. Desde agosto de 2018 cuando inicia la actual administración a la fecha, no se ha iniciado un solo proceso de extinción agraria por la ANT, así como tampoco han recibido materialmente predios por parte de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, como la entidad administradora de los predios producto de decisiones judiciales de extinción del dominio. La SAE solo reporta la transferencia de un predio el 12 de junio de 2019, sin especificar área o extensión del predio y si este ha sido recibido efectivamente por la agencia.

Ello demuestra la incapacidad o su falta de voluntad para implementar o hacer uso de los instrumentos normativos y misionales para la Reforma Rural Integral.  Es más, en la corta historia de la ANT y del decreto 902, quizás la norma insigne de la implementación del punto uno de La Habana, no se ha resuelto un solo proceso agrario, por la via del procedimiento único (extinción, recuperación, clarificación, deslinde, caducidad, condición resolutoria, revocatoria, etc), en tanto que esta entidad no ha registrado radicación alguna de procesos ante las instancias judiciales como lo designa dicho decreto.

Las tres millones de hectáreas proyectadas por el Fondo de Tierras no pueden ser cubiertas con tierras ya ocupadas, o que por sus condiciones agrologicas y físicas no puedan ser adjudicadas. Mucho menos con tierras producto de procesos agrarios de décadas anteriores. El Fondo de Tierras ha de ser provisto de predios aptos para ser entregados a campesinos sin tierra. La ANT pretende mostrar como suya, además de pírrica, una agestión que no le pertenece y que no corresponde con el sentido de los acuerdos de paz.

Es inaceptable que la ANT pretenda mostrar a la opinión publica que hay cerca de un millón de hectáreas de tierras productivas para ser entregadas a campesinos. No solo crea falsas expectativas en millones de familias que han soñado con un pedazo de tierra, sino que engaña y falsea los indicadores de la implementación del acuerdo de paz y mucho menos se acerca a la implementación de la reforma agraria de 1994

Sobre los 4 mil nuevos títulos

A la par de los supuestos avancen en el cumplimiento de la meta respecto al Fondo de Tierras, la ANT informa que entregará 4 mil nuevos títulos que engruesan las cifras que, a tan solo 21 meses de gestión, han alcanzado en 17.635 mil títulos entregados en 391.951ha; también en el marco del acuerdo de paz que estipula 7 millones de hectáreas formalizadas. Dicha cifra puede ser significativa de ser cierta, sin embargo, suponiendo que se así, a la actual velocidad necesitaríamos 375 meses o 31 años para alcanzar la meta. ¡La realidad puede ser aún más absurda!

Según informe de la ANT de estos 4 mil nuevos títulos se han beneficiado 4.061 familias. Es menester tener de presente que estos títulos obedecen o bien a procesos de formalización (predios privados con falsas tradiciones, posesiones, etc) o adjudicación (baldíos de la nación entregados a campesinos sin tierras con previa ocupación y explotación del predio).

En honor a la verdad y a la rigurosidad de los datos no fueron 4 mil títulos, el dato exacto reportado por la ANT son 3.756 predios que suman 3.833 ha. Es decir, que en promedio cada predio es de 1.02ha, cifra bastante ridícula; pero si nos detenemos y aumentamos el lente, podemos encontrar datos que pasan a lo vergonzoso e inadmisible. Se encuentra 1.293 títulos por debajo de 0.2ha; 1.560 títulos o predios por debajo de 0.3ha; 2.029 predios por debajo de la media hectárea (0.5ha). Estas cifras suponen la formalización de la miseria y la pobreza en el campo.

Un dato que no puede pasar desapercibido es que, de los 3.756 predios, 32 fueron por vía administrativa; 2.664 por vía del decreto 902 (producto del acuerdo de paz) de estos tan solo 151 predios superan las 5 hectáreas. Lo más curioso son los 1.060 predios que fueron formalizados mediante sentencia judicial o notarias; los cuales no podrían ser considerados como una gestión de la ANT, en tanto que obedecen a procesos surtidos de años atrás donde la agencia sólo, en cumplimiento de una orden judicial, remite a la autoridad competente para el registro o inscripción de la decisión judicial en el folio de matrícula.

Ni que decir de las áreas focalizadas en el marco del cumplimiento del punto uno del Acuerdo de La Habana, donde solo se reporta el Municipio de Ovejas, Sucre, con una burlesca cifra de 131 predios formalizados que suman 548.7ha. y 256 predios adjudicados con 408.6ha, para un promedio de 1.6ha en los procesos de adjudicación.

Un par de datos que reflejan la desfachatez de la ANT son: i) de los 256 predios reportados como adjudicados por la ANT en Ovejas, Sucre, durante el actual gobierno, no hay un solo predio que cumpla con la Unidad Agrícola Familiar UAF y ii) 32 de estos predios (256) fueron adjudicados antes del año 2015 y representan 395ha de las 408.6ha reportadas, que dicho sea de paso solo estas ultimas cumplen con la regla de la UAF. Lo anterior puede sintetizarse en una ridícula cifra de 219 predios que obedecen a la irrisoria cifra de 10.9 ha. Es decir, a cada beneficiario le titularon 0.05ha.

Estos resultados de la gestión de la agencia de tierras no contribuyen en nada a la Reforma Rural Integral RRI; la entrega de tierras en pequeñas areas no puede considerarse como entrega de tierras para la producción. Mas bien se considera la materialización de una política de fraccionamiento antieconómico de la propiedad desde el Estado, que legaliza la pobreza y reafirma su tacañería con nuestros campesinos.

Ambos anuncios faltan a la verdad, son engañosos y nada mas lejano al cumplimiento de los acuerdos. La forma de presentación de dichas cifras demuestra la manera tramposa como este gobierno trata a la opinión pública, desconoce los acuerdos e insulta a los campesinos; quizás como una forma de esconder el fracaso de la política y la gestión de tierras del Gobierno de Duque.  Una muetra más que a este gobienro no le intereza cumplir lo acordado.

Referencias

  • El Tiempo. (2020) edición impresa año 109 N° 38546 Entrevista a Mirian Martínez Cárdenas, Directora de la Agencia Nacional de Tierras en:

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cuantas-hectareas-tiene-el-fondo-de-tierras-para-la-paz-514188. Consultado el 4 de julio de 2020.

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