Política de la muerte

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Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezH

De nuevo el sombrío ritual de la muerte abre el año en Colombia bajo la batuta ladina del gobierno uribista.

La mentalidad militarista del gobierno, imbuida aún en la doctrina de la seguridad democrática y del “enemigo interno”, lo lleva a tener un enorme presupuesto de guerra de $39,1 billones para este 2021; sin embargo, esto no se refleja en la seguridad de la ciudadanía: en las cinco primeras semanas del 2021 ya van 25 muertos en 12 masacres y siete firmantes de paz asesinados. Desde la firma de los acuerdos de paz van 1.606 líderes y lideresas sociales devorados por esta orgía de sangre.

Muchos “consejos de seguridad” realizados después de cada masacre, anuncios lacónicos de “investigaciones exhaustivas” que siempre terminan en nada. El gobierno de Duque, cuyos ministros de Defensa son puestos por Uribe, nada hacen para parar este horror; la explicación es: fueron las “bandas criminales”, pero se reservan admitir que esas bacrim operan de la mano con batallones y brigadas militares y de policía en las regiones. La mayoría de la oficialidad militar hace parte de las nóminas del narcotráfico, eso lo saben Duque y Uribe; por eso “los órganos de control” y la responsable de derechos humanos del gobierno, Nancy Patricia Gutiérrez, callan; por eso el fiscal Barbosa no actúa, ni entrega resultados de las “investigaciones exhaustivas”.

Lo claro es que Uribe le mintió al país sobre la “desmovilización paramilitar”, hoy centenares de esos reductos copan regiones equivalentes a medio país, que el gobierno dice “controlar” militarmente, pero donde curiosamente se concentra el grueso de la violencia, lo que demuestra el fracaso estruendoso de la política de “paz con legalidad” del gobierno, que presupone en primer lugar el respeto a la vida e integridad de los colombianos.

A la política negacionista del gobierno, se viene a sumar ahora el anuncio de Duque de “unificación de cifras” sobre homicidios de líderes sociales bajo la subordinación de la Fiscalía General de la Nación, ente que precisamente genera la mayor desconfianza por cuanto ostenta la menor cantidad de información en comparación con otras calificadas entidades.

La dirigencia de las extintas FARC ha venido participado en docenas de ceremonias y rituales con las comunidades afectadas para pedir perdón; viene aportando verdad y reconociendo los crímenes que se le imputan; esto a su vez hace que la sociedad exija que haya una simetría de la JEP al responsabilizar por delitos iguales a militares, políticos, civiles, incluso a medios de prensa que instigaron la violencia.

Ahora que ha salido a la luz pública la responsabilidad del liberal Virgilio Barco y su ministro de Defensa, Rafael Samudio, en el genocidio contra la UP, la complicidad e inacción de los sucesivos gobiernos en esta guerra sucia contra la población; ahora que la Corte Interamericana de la OEA deliberará sobre dicho genocidio para determinar la responsabilidad del Estado colombiano, la extrema derecha se llena de pánico porque se acerca la hora de la verdad, de conocer a los reales beneficiarios de la violencia, a los que dieron la orden de matar, desplazar y desaparecer.

Es hora de que Duque se decida a detener este baño de sangre, a retirar los obstáculos que detienen la implementación de la paz, hora de facilitar que fluya la verdad, la justicia, la democracia tan esquiva.

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