Actos ilegales y violatorios de los derechos humanos por parte de Policía Metropolitana de Cali
La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todos, y las organizaciones abajo firmantes, denuncian ante la comunidad nacional e internacional los actos ilegales y violatorios de los derechos humanos en los que ha incurrido la policía metropolitana de Cali en contra los pequeños y medianos transportadores de la ciudad de Cali; igualmente contra las organizaciones sociales y de derechos humanos que han acompañado las jornadas de protesta pacífica el miércoles 19 de marzo en la ciudad. Esta jornada se ha planteado de manera pacífica y ha sido tratada de manera violenta y agresiva por parte de la Fuerza Pública, dejando como saldo la muerte de dos personas y varios heridos.
Antecedentes:
En 1995 se crea el primer sistema de transporte masivo en el país. Tras la inauguración del Metro de Medellín, en las principales ciudades de Colombia se venden las bondades de un sistema del transporte masivo; es así como se ve con optimismo la implementación de un sistema similar para su área metropolitana. Inmediatamente la administración municipal de Santiago de Cali, con mucha efervescencia, comenzó a bosquejar lo que sería el «Metro de Cali».
Posteriormente, en el año 2000, se inauguró en la ciudad de Bogotá, Transmilenio; la sociedad caleña y Metrocali veían cómo otras ciudades “organizaban” la movilidad vehicular, pero la sucursal del cielo se sumía a la fecha en un creciente caos vehicular de Cali.
En 2001, la Unión Temporal Schroders-Corfivalle determina que la opción del metro para Cali era demasiado costosa y Metrocali, construir un sistema de buses articulados, tras la experiencia de Bogotá con Transmilenio, parecía ser la mejor opción.
Entre 2004 y 2007 se da la construcción de los corredores viales para el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), pero sólo el 12 de febrero del mismo año se anuncia que este entraría a funcionar en diciembre del mismo año; la fecha llegó y su funcionamiento fue aplazado; un mal inicio, un augurio para lo que sucedería a futuro.
Pero el SITM MIO vendía a la comunidad caleña, a través de los medios de comunicación regional y nacional, sus bondades, la reducción del tiempo de recorrido, la comodidad, el aire acondicionado y otras; pero lo que omitían estos medios de comunicación y las autoridades municipales, para ese entonces Jorge Iván Ospina, es que nada de esto sería realidad. Este es el negocio de unos pocos y la incomodidad y miseria de otros, de todos aquellos que dependen del transporte: conductores, pequeños propietarios, ayudantes de bus, calibradores, mecánicos y usuarios.
“Juntos pero no apretados”
Este ha sido el lema de las últimas jornadas de protesta por parte de los pequeños y medianos propietarios de buses; los dueños de uno hasta tres o cuatro buses o busetas; jornadas que también han involucrado a los usuarios que se han agotado ante la mala prestación del servicio.
Las autoridades municipales han planteado que el buen funcionamiento del MIO se va a dar, siempre y cuando desaparezcan los colectivos y busetas de las empresas a los que ahora se les acusa de hacer paralelismo al SITM; empresas como: La Ermita, Recreativos, Río Cali, Alameda, Montebello, Coomoepal y los jeeps, conocidos como gualas, el transporte de la ladera de Cali; empresas que aún cubren gran parte de la ciudad, lugares, barrios y comunas a los cuales no llega el MIO. Pero según su proyecto cubrirá el 97% del territorio municipal.
Para la entrada en funcionamiento del MIO, se inicio un proceso de chatarrización de buses de las empresas que entraron a operar en SITM de la ciudad. La alcaldía de Cali negoció con los grandes propietarios del transporte de la ciudad, los vinculó al gran negocio de la privatización del transporte; cuatro operadores serían los llamados al gran pastel; Blanco y Negro Masivo, Grupo Integrado de Transporte, Unimetro y Empresa de Transporte Masivo.
Estas empresas están en su mayoría conformadas por los tradicionales empresarios del transporte de la ciudad. Metrocali les asigna las rutas y las frecuencias de operación; pero esta chatarrización aún al 2014 se está cancelando.
Pero esta no es la única controversia que ha generado el MIO. Las autoridades municipales se comprometieron con los pequeños y medianos propietarios que serían participes de este sistema si contaban con un lote automotor moderno y en buen estado, lo que hizo que muchos de estos optaran por créditos para nuevos buses, lo que hace que ahora se cuenten con buses y busetas de modelos del año 2000 hacia acá, por los cuales ahora les ofrecen 80 millones de pesos, lo cual no cubre la deuda que ahora tienen; propuesta que no han aceptado.
Pero la respuesta de las autoridades del tránsito y transporte es suspender las licencias de operaciones de las empresas, declarándolos transporte ilegal, al cual hay que combatir e inmovilizar, vulnerándose los derechos fundamentales de cientos de familias que dependen del negocio del transporte en Cali; de igual forma vulnerándose el derecho a la movilidad de los usuarios, estos se sienten engañados, el tiempo de espera y recorrido ahora incrementado en 40 minutos y más.
El abuso de autoridad y su actuación ilegal
No han sido pocos lo señalamientos contra la Fuerza Pública en las últimas jornadas de inmovilización del “transporte ilegal”; el abuso, el golpe y las detenciones arbitrarias han sido la constante por parte de la policía, del Esmad; esta actuación desmedida y arbitraria ha dejado heridos, detenidos y muertos, un alto costo que los medios de comunicación, regionales y nacionales, no han señalado. Para estos cómplices del abuso y el asesinato, el costo se mide en cuántos han sido los buses del SITM afectados en la jornadas de protesta.
Desde el inicio de la jornada de protesta el miércoles 19 de marzo del 2014, se había planteado el taponamiento de las entradas y salidas de la ciudad de Santiago de Cali; fueran bloqueadas 12 vías de la ciudad, entre ellas las salidas a los municipios de Jamundí, Candelaria, Buenaventura, Palmira y Yumbo. Los transportadores, ayudantes, calibradores mecánicos y usuarios, entre otros, iniciaron la jornada esperando que sus demandas fueran atendidas y se pudiera llegar acuerdos con el alcalde Rodrigo Guerrero.
En las horas de la mañana se registran ya atropellos y disturbios en la vía Cali-Yumbo; se presenta entonces la detención del periodista Júnior Sánchez, del Canal C de televisión local, quien se percata de la primera irregularidad de la policía, el usar los chalecos volteados o al revés para evitar ser identificados por sus números y de esta forma poder actuar de manera desproporcionada en contra de los manifestantes, es detenido y conducido a la estación de policía de la Flora; en horas de la tarde es llevado a la fiscalía para ser judicializado.
Esta irregularidad se continua presentado en este lugar; aquí el encargado de derechos humanos de la Policía Metropolitana de Cali, subteniente Carlos Munive, constata junto a miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización de derechos humanos que estaba en el lugar, la irregularidad antes mencionada. Se hace registro fotográfico y fílmico.
En este mismo lugar se señala por parte de transportadores los atropellos de los cuales han sido objeto, señalando al patrullero Calderón, identificado con el numero 40139, de ser quien había atacado a un grupo de manifestantes de la empresa de transporte Río Cali. Este había lanzado contra una mujer y otros manifestantes bombas aturdidoras y posteriormente les había agredido con golpes de bolillo.
En este lugar hacen presencia dos personas, hombres vestidos de civil quienes no portan ningún tipo de identificación y hacen registro fílmico a los manifestantes y a los miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; al exigírseles su identificación, se niegan; pero uno de ellos le manifiesta al subteniente Carlos Munive que quien está adelantando la vigilancia fílmica es el teniente Rueda, coordinador de policía judicial de la Sijín.
Se constata por parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en horas de la tarde en la estación de policía de La Flora, la detención de dos menores de edad, los cuales corresponden a los siguientes nombres:
Felipe Cantor Romero, detenido por la policía en lugar conocido como Sameco, vía Cali-Yumbo.
Emmanuel Domínguez Zúñiga, detenido en Sameco cuando se encontraba en compañía de su padre, transportador. En el momento de la captura es golpeado, hecho que constata posteriormente el funcionario de la seccional Valle del Cauca del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; señalamos entonces que posteriormente se presenta otra irregularidad: le hacen firmar un acta de buen trato, sin permitirle a su padre Eduardo Domínguez leer el acta. Esta es elaborada por el patrullero Franco adscrito a la mencionada estación. Recupera la libertad sólo el jueves 20 de marzo en horas de la mañana.
De igual forma se encuentra Jairo Villamarín, detenido por miembros del Esmad cuando transitaba por al puente de Sameco, siendo acusado de participar en la jornada de protesta.
Estando los defensores de derechos humanos, llega un agente de policía con el chaleco volteado, al cual el subteniente Carlos Munive le llama la atención sobre esto, identificándolo entonces con el numero 165094.
Cuatro Esquinas
Posteriormente en el distrito de Aguablanca, oriente de Cali, se constatan los siguientes hechos:
El asesinato de Évert García, quien participaba en la jornada de protesta. Recibe un disparo de arma de fuego en la cabeza. Los manifestantes que participaban de la jornada de protesta señalan a los miembros de la policía que hacen presencia en el lugar de ser quienes disparan contra el manifestante.
La otra persona asesinada es Óscar Mauricio Rodríguez García, de 22 años. Registró un impacto de arma de fuego en la cabeza. Aunque el conductor de la empresa Coomoepal fue remitido al Hospital Universitario Evaristo García, murió. De igual forma se señala a miembros de la Fuerza Pública de ser quienes dispararon contra el conductor.
En este lugar, siendo las 7:30 pm, la policía hace presencia de manera violenta, disparando contra los manifestantes y los miembros de derechos humanos que hacían presencia en el lugar; estos se identificaron ante la policía, pero esto lo único que provocó fueron insultos y amenazas. Ante los reiterados reclamos sobre el uso de la armas de fuego en contra de los manifestantes, los miembros de la policía del Grupo de Operación Especial (GOES) manifestaron a los miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos que tenían las armas fuera para “darles”; señalamos que por lo menos en dos oportunidades dispararon hacia el lugar donde nos encontrábamos.
No solamente se señala el uso desproporcionado de las armas de fuego contra los manifestantes, como un acto irregular, sino que aquí se dificulta la identificación de quienes dispararon, ya que portaban chalecos antibalas que no permitían hacerlo, por lo cual actuaban libremente de esa forma.
Todo lo anterior constituye graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, por lo cual solicitamos respetuosamente que se lleve a cabo una intervención inmediata por parte de las entidades correspondientes con el fin de que cesen estas graves actuaciones irregulares, arbitrarias y hostigamientos, así como que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.
Solicitamos a todos ustedes exigir al gobierno colombiano tomar medidas oportunas para prevenir nuevos hechos de violación de derechos humanos en la zona y responsabilizamos al alcalde Rodrigo Guerrero y su secretario de Tránsito Alberto Haddad, de promover la violencia y no el diálogo para la resolución de conflictos, dando como resultado mediante el uso excesivo de la fuerza el deceso de dos personas y decenas de heridos.
Exigimos el respeto por el derecho a la vida y las garantías para el ejercicio de la protesta social, la cual no puede ser estigmatizada y criminalizada. De igual forma que se respete el derecho a la defensa de los derechos humanos.
Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todos
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Comunidad Sirirí
Proceso Nacional Identidad Cali-Palmira
Sintraunicol Cali
Santiago de Cali, Marzo 21 del 2014
