Asorvimm
Las víctimas de la violencia presentamos al país nuestro pliego de peticiones que deben ser estudiadas y atendidas por el Estado colombiano, en el entendido de que somos el sector de la población que ha puesto la mayor cuota de sacrificio en el conflicto, por ende tenemos más legitimidad que cualquier otro sector social para participar activamente en la definición de la política pública del país.
Durante décadas de guerra han sido múltiples los hechos atroces que hemos tenido que soportar; no hay derecho humano, de primera a cuarta generación, que no se nos haya vulnerado; no hay infracción al Derecho Internacional Humanitario a la que no nos hayan sometido, no hay lágrima de dolor que no hayamos derramado; pero ya hemos roto el silencio, vencimos el miedo para exigir verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición.
Ya no debatiremos reformas a la ley de turno, no permitiremos que nos siga conduciendo hacia la mendicidad, ya no más discusiones sobre ayudas humanitarias o irrisorias indemnizaciones, ya no le seguirán poniendo precio al dolor, no regatearemos nuestra dignidad.
En este pliego, fruto de un largo proceso de discusión y construcción colectiva con víctimas de diferentes rincones del país, colocamos sobre la mesa nuestras necesidades reales, no para negociarlas, sino para que se satisfagan.
Garantía de verdad
Es necesario sacar a la luz pública la verdad de las víctimas, para ello consideramos indispensable conformar una comisión de la verdad, cuyos integrantes sean definidos de forma autónoma directamente por las organizaciones que nos agremian y financiada por el Estado, que establezca no solo quiénes ejecutaron los hechos de violencia de que fuimos objeto, sino que determine quiénes los planearon y financiaron; quiénes colaboraron directa e indirectamente; quiénes callaron u ocultaron la verdad y sobre todo, quiénes se beneficiaron directa o indirectamente de los hechos victimizantes
Esta Comisión debe estar conformada mínimamente por expertos internacionales en investigación, académicos reconocidos, experiencias internacionales exitosas en el tema de la reconstrucción de la verdad, organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y garantes internacionales de los organismos multilaterales.
Todo lo referente a la comisión de la verdad se definirá en un proceso de construcción colectiva de las víctimas desde las regiones. Este proceso debe iniciarse una vez se firme el acuerdo entre el gobierno nacional y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA).
La conformación de la comisión de la verdad con nuestras condiciones será el punto de partida para la negociación del Estado con las víctimas.
Debe crearse igualmente una comisión dedicada exclusivamente a la búsqueda de las personas desaparecidas.
Exigimos establecer unos protocolos de resguardo de la información que evite la desaparición, destrucción, modificación u ocultamiento de los expedientes, archivos y datos que puedan ayudar a encontrar la verdad que buscamos las víctimas y a la reconstrucción de la memoria histórica, que estén almacenados en cualquier medio, que hayan sido recopilados por los entes investigativos del Estado, entidades gubernamentales, organismos multilaterales, equipos periodísticos, organizaciones no gubernamentales o por cualquier otra persona natural o jurídica.
Exigimos acceso real a los medios masivos de comunicación de forma autónoma, sin más restricciones que las establecidas en la Constitución y la ley, para buscar información y difundir la verdad de las víctimas. Esto implica contar con espacios en los canales privados de televisión así como en las emisoras, canales regionales y canales de las compañías de televisión por suscripción, así como en las emisoras tanto públicas como privadas, en espacios triple A, y columnas en los periódicos y revistas de amplia difusión, en los que podamos contar nuestra verdad de forma autónoma, sin que se nos imponga ninguna línea editorial.
Requerimos un equipo especial de investigación sobre las condiciones de vida de los desplazados, que evalúe el impacto real que han tenido las políticas de Estado para superar el desplazamiento forzado y que determine la verdadera historia y estado actual de la propiedad de la tierra en Colombia.
Garantía de justicia
Queremos que se sancione a quienes planearon, ordenaron, financiaron, se beneficiaron directa o indirectamente de los hechos que causaron la victimización. Esta sanción no solo debe ser con la imposición de una pena, exigimos que se impongan sanciones de tipo moral y financiero, prohibiendo a las empresas vinculadas con los hechos de violencia desarrollar negocios en el territorio nacional, a la vez que se les exige aportar económicamente para la reparación integral de las víctimas. Igualmente se debe inhabilitar de por vida a cualquier funcionario público que esté inmerso en estos hechos y prohibir a todo victimario radicarse en las regiones donde habitan sus víctimas.
Se requiere con urgencia una verdadera depuración y transformación del Estado, en especial de las Fuerzas Militares y de Policía
Exigimos celeridad en los procesos penales y disciplinarios que cursan actualmente, desarchivo de los que han sido cerrados y un nuevo estudio de los que han sido desestimados.
Reparación integral
Exigimos inicialmente que se establezca un porcentaje del PIB que se destinará a la reparación integral individual y colectiva de las víctimas y la implementación de las medidas de no repetición.
La reparación material tiene que garantizar a las víctimas el nivel de vida que deberían haber tenido si no se hubieran presentado los hechos de violencia, superando el concepto de reparar solo dejando las cosas como eran antes del daño. En ese sentido se debe hacer una caracterización de cada una de las personas, familias y comunidades que han sido víctimas de la violencia para definir la reparación de cada una de acuerdo con sus particularidades.
La reparación material debe ser sufragada por las personas jurídicas y naturales que directa o indirectamente se hayan beneficiado de los hechos de violencia. Igualmente es imperativo que aquellos países que han financiado la guerra, verbigracia Estados Unidos con su Plan Colombia, mantengan el mismo monto de inversión pero ahora para reparar a las víctimas. No es admisible que la mayor parte de los recursos para la reparación integral provengan del presupuesto nacional, pues las víctimas también pagamos impuestos y de esta manera somos nosotros mismos quienes terminamos sufragando los dineros para la reparación, es decir, autorreparándonos y por esta vía siendo revictimizados.
Los procesos de reparación colectiva deben contar con la participación de las organizaciones de víctimas que históricamente nos han agremiado, desde su diseño hasta su implementación y seguimiento. Ninguna medida de reparación individual o colectiva podrá ser implementada sin la aprobación de las víctimas, quienes estipularemos los mecanismos para la toma de ese tipo de decisiones.
Debe garantizarse que se conozca realmente la historia de las víctimas, para que esto se dé no basta con publicar libros o informes que el común de los ciudadanos no van a leer. Requerimos que haya una fuerte inversión en la producción de series, miniseries, crónicas y documentales de televisión, así como la producción de corto y largometrajes, donde contemos nuestra historia.
Requerimos capacitación y financiación de proyectos en comunicación alternativa y medios alternativos de comunicación, así como medidas que faciliten el acceso a estos medios, su creación, promoción y sostenibilidad.
Garantía de no repetición
La garantía de no repetición necesariamente implica la eliminación de las condiciones de vulnerabilidad que permitieron que se nos victimizara, esto es, eliminar las condiciones que generaron la violencia. Esto implica una transformación estructural en la política social del Estado colombiano y en su política económica y de desarrollo.
La única forma de garantizar la no repetición de los hechos victimizantes es que las víctimas participemos de forma determinante en la construcción de la política pública, por tanto las víctimas de la violencia exigimos:
1. Que se garantice nuestra participación en todas las etapas de negociación de un acuerdo de paz con los grupos armados ilegales, esto es, desde los acercamientos iniciales, pasando por la definición de los temas a tratar, de la metodología de discusión, de la forma de refrendar los acuerdos, del seguimiento a su implementación y verificación de su cumplimiento.
2. Que los planes de desarrollo a nivel nacional, regional y local sea construido con la participación activa de las víctimas, garantizando que estos sean acordes con las formulaciones de reparación colectiva presentadas por nosotros.
3. Como medida inmediata de prevención, debe prohibirse a los victimarios domiciliarse en los sectores donde habiten víctimas de sus actuaciones.
Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio
