El Alcalde Mayor sostiene que con las modificaciones al POT se solucionará en un 80% el déficit cuantitativo de vivienda para hogares de menores ingresos en los próximos 10 años
Redacción Bogotá
Por donde quiera que se voltee a mirar se notan los cambios en la urbanística de la capital de la República. Hay sectores en que sus casas viejas han, prácticamente, desaparecido, por cuenta de las compras por parte de constructoras, siendo reemplazadas por altos edificios de apartamentos.
La mayor parte de proyectos inmobiliarios incluyen en sus propuestas únicamente apartamentos, las casas son muy pocas y los precios se han subido lentamente.
Durante los últimos meses ha habido muchas discusiones respecto al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que es un instrumento técnico que tienen los municipios para ordenar su territorio, teniendo en cuenta el respeto al medio ambiente y a sus habitantes. El gobierno de Gustavo Petro realizó modificaciones al POT, teniendo en cuenta factores ambientales y humanos.
Según el Gobierno distrital, la propuesta de modificación al POT es legal y viable, y se ajusta a procedimientos establecidos en la ley 388 de 1997. Allí se puede hacer modificación de normas urbanísticas, teniendo en cuenta las condiciones de sus habitantes.
La modificación del POT se hace sobre varios ejes como la necesidad de proteger el medio ambiente en el que se incluyen decisiones sobre el borde norte, la construcción de un parque especial de protección por riesgo del río Bogotá, la clasificación como suelo rural del asentamiento Bosque Km 11, la reserva forestal de la cuenca alta del río Bogotá que sería realinderada por el Ministerio de Ambiente y la implementación de medidas de protección ambiental que prohíben nuevas construcciones en los cerros orientales.
Además tendrán que aumentar las áreas del suelo de protección en el marco de visibilizar los valores ambientales y paisajísticos de la estructura ecológica; consolidar un sistema “red” de transporte público y el aprovechamiento del potencial de transformación urbana que generan los corredores de transporte masivo.
También se incluyen la restricción para la urbanización en zonas de riesgo, la mezcla de usos y facilitar la implantación de equipamientos realizando acciones de mitigación; la redensificación y focalización de la producción de vivienda de interés prioritario en las áreas con mejores condiciones de accesibilidad y cercanía a centros de empleo y servicios urbanos.
Estas justificaciones del POT tienen por supuesto sus seguidores y detractores, toda vez que la protección del suelo y del medio ambiente restringe de manera amplia el mercado de la construcción de vivienda.
Ya hace algunos meses Catastro sostuvo que la escasez del suelo en Bogotá está presionando el alto costo de la vivienda. Y es que en la ciudad existen zonas donde el metro cuadrado sobrepasa los cinco millones de pesos, convirtiéndose así en la que tiene los precios más elevados del país.
Según la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF), actualmente hay una importante inversión extranjera, la cual hace que de alguna forma los proyectos inmobiliarios se muevan rápidamente.
Actualmente las constructoras se vienen quejando por las excesivas cargas, lo que las obliga a buscar sectores aledaños para construir, como Madrid, Faca, Cajicá, etc.
Sobre este tema Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, anunció la radicación ante el concejo de la capital de un documento en donde hace algunas observaciones sobre los problemas de inseguridad jurídica y costos elevados que afectan el desarrollo de vivienda.
Con el POT del actual gobierno distrital se garantizaría para los siguientes tres años 27 mil viviendas de interés prioritario (VIP) y para los siguientes siete años la cantidad de 63 mil. De acuerdo con el comportamiento del ciclo de construcción significa cerca de nueve mil viviendas por año.
El Alcalde Mayor sostiene que con las modificaciones al POT se solucionará en un 80% el déficit cuantitativo de vivienda para hogares de menores ingresos en los próximos 10 años.
A finales del año pasado el entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas, le dijo a Gustavo Petro que cumpliera con los acuerdos para participar en la construcción de vivienda de interés prioritario, ya que las licencias de construcción habían caído en un 41% y que la oferta de vivienda de interés prioritario era muy baja.
