Allanamientos, desalojos y palizas policiales es la respuesta que el gobierno de Bachelet ha dado a una justa reivindicación que hace años es demandada por el movimiento estudiantil
Hace ya dos semanas, el movimiento estudiantil y docente de los principales centros de enseñanza secundaria chilenos inició una huelga indefinida en la que se opone a los términos de una reforma educativa que la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, propuso desde su campaña electoral y, que en opinión de los reclamantes, no satisface sus anhelos, en cuanto a que no concede una universalidad de beneficios en relación a gratuidad y contenido democrático.
La reivindicación estudiantil y profesoral es de honda significación entre los sectores populares y democráticos del país austral, por cuanto el régimen educativo vigente es el que se instauró en los años de la dictadura militar del general Pinochet y no ha sido reformado en lo esencial.
Además de ser antidemocrático, discriminatorio y elitista, el sistema entregó la educación secundaria y en general toda la enseñanza a corporaciones financieras y empresariales, en un proceso de privatización de la educación que resulta odioso a la tradición democrática del pueblo chileno.
El movimiento de secundaria lleva muchos años luchando por una educación gratuita y por el mejoramiento de las precarias condiciones de enseñanza en las aulas, especialmente en los barrios más pobres de Santiago y otras zonas urbanas y rurales. Los líderes del movimiento destacan que el gobierno de la Concertación no dispone de un presupuesto necesario para atender estas demandas, mientras en el país crecen los escándalos de corrupción y se publican las millonarias utilidades de los empresarios.
Consciente de estas reclamaciones, Bachelet ha puesto a consideración del parlamento un conjunto de leyes de reforma educativa que el movimiento estudiantil y profesoral considera insuficientes. Un aspecto esencial es la gratuidad de la educación, con un criterio universal, que abarque a todos los sectores de la población. La iniciativa del Gobierno no contempla este aspecto.
El otro matiz de reclamación es que esta medida contemple tanto a la educación pública como a la privada, pues bajo el régimen de Pinochet una buena parte de los colegios pasaron a manos privadas y en muchos de ellos es donde más se sienten las carencias económicas en cuanto a aulas, servicios sanitarios, laboratorios, bibliotecas y, desde luego, salarios decentes para los profesores.
