Los empleados y contratistas fueron fundamentales en la elección y defensa de la actual administración de Bogotá, pero en materia laboral no ven mucha diferencia con los gobiernos neoliberales. Sindicatos denuncian persecución.
Juan Carlos Hurtado F.
En octubre de 2013, las tres centrales obreras y cinco federaciones de trabajadores estatales firmaron un pliego de peticiones con la administración de Bogotá. Pero en febrero de 2014 pasaron otro para, entre otras cosas, exigir cumplimiento a lo acordado el año anterior.
Las organizaciones firmantes cuentan con alrededor de 10 mil afiliados aunque las peticiones son para mejorar las condiciones de casi 80 mil trabajadores con que cuenta el Distrito Capital: 19 mil de carrera y 60 mil contratistas.
VOZ habló con Isaías Garzón, presidente de Sintradistritales y vicepresidente de Fecotraservipúblicos, para conocer cuáles son los problemas de los trabajadores del Distrito Capital y qué ha pasado con las negociaciones con la administración.
–¿Cuál es el principal tema que los tiene discutiendo con la administración de Bogotá?
–Uno de los puntos del plan de gobierno de Petro es la formalización del empleo, pero hasta el momento solo ha medio-laboralizado a siete mil trabajadores. Crearon unas plantas temporales que dan garantías prestacionales pero sin estabilidad laboral porque en cualquier momento, por capricho o interés del jefe, puede salir el funcionario. Ayer (10 de julio) el secretario de Hacienda nos dijo que estaban laboralizando porque esos siete mil pronto pasarían a planta definitiva. Pero eso pasará cuando se amplíen las plantas de personal, por ahora solo han seguido con el clientelismo porque no hacen concursos, no amplían, no informan a la Comisión Nacional del Servicio Civil sino que se nombran a dedo y cuando cambie la administración ellos pueden salir.
–Pero se ha dicho que han nombrado a unos tres mil.
–No es cierto. En el Acueducto, en Aguas de Bogotá nombró a dos mil con el salario mínimo, al descontar salud, pensión y transporte solo les quedan 450 mil pesos. En el Distrito Capital hay cerca de cinco mil trabajadores con ese salario. Apoyamos que se rescaten las empresas para el sector público, pero con salarios dignos, no igual que las empresas que los explotaban antes.
Puntos incumplidos
–¿Qué no se ha cumplido de lo firmado en octubre pasado?
–El respeto a los derechos adquiridos a los de carrera, como los encargos. Esta administración no ha dado encargos, llevamos dos años pidiendo que llene esas vacantes con gente que cumpla los requisitos. En el tema de capacitación se firmó hacer tres seminarios sindicales, de derechos laborales y no ha dado uno solo. No seguir con la política de maltrato y acoso a los trabajadores, es algo que se mantiene; no ha habido una política laboral que sancione por lo menos con llamados de atención a los subalternos que infringen la normatividad.
–Deme ejemplos puntuales de la persecución que denuncia.
–En Secretaría de Gobierno un trabajador le pidió al jefe que hiciera respetar los derechos laborales y que se atendiera al público como debía ser, y por esa razón fue trasladado a Suba distanciándolo casi dos horas de su casa; tiene que estar a las seis de la mañana en el trabajo, por lo que debe salir desde las cuatro.
En Integración Social, en cuatro localidades tienen quejas por maltratos y no ha habido correctivos. En Salud se niegan los permisos sindicales a los dirigentes de Sindistritales, como a la presidenta. En el hospital de Vista Hermosa sancionaron a la compañera Nancy Wilches por hacer uso del permiso sindical, y cuando le dijimos eso al anterior secretario, Aldo Cadena, no hizo nada y el alcalde en la mesa de negociación nos dijo que los secretarios eran autónomos.
En San Cristóbal la subdirectora de Integración Social sacó a todas las funcionarias de planta, las coordinadoras de jardines infantiles y las pasó a manejar unos proyectos para nombrar contratistas. Sacó madres comunitarias de casas vecinales que estaban de maestras con el pretexto de que no cumplían obligaciones, pero sin un debido proceso. Eso está contra la ley.
En Secretaría de Gobierno es absurdo que el mismo secretario no dé soluciones a las reubicaciones y traslados sino que por el contrario los persiga. Del Concejo de Bogotá me llamó el concejal Álvaro Argote para hacerme una indagación porque le sacamos permiso sindical a uno de sus asistentes afiliado al sindicato.
En el Jardín Botánico unos trabajadores le exigieron al director respeto a la carrera y que no hiciera nombramientos a dedo, y lo que hizo fue abrirle un proceso disciplinario al mismo jefe de talento humano que estaba haciendo respetar la carrera administrativa. Hay una política endeble de Petro para hacer respetar derechos laborales y la carrera. Por eso hemos dicho que no le cumple a los trabajadores.
Salarios
–¿Qué han discutido en materia salarial?
–Se pidió para este año revisión del incremento conforme al presupuesto de Bogotá; más de 12 billones de pesos, ya que en gastos laborales no se invierte el 1%. El secretario de Hacienda nos dio capacitación sindical sobre cómo presentar pliegos y cómo negociar, hicimos todo lo que nos enseñó y hoy él mismo se niega, con un discurso neoliberal. Nos dijo que no tenía sino 168 mil millones de pesos para toda la política laboral, lo que no alcanza ni de a cinco mil por trabajador. Es una miserableza.
Es que nos ha tocado hasta pedir que mejore la infraestructura de muchas sedes de instituciones porque se están cayendo; como las comisarías de familia donde los techos se caen, están sin pintar, como en Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. Unas están en casas arrendadas. Por cuestiones de sanidad trasladaron a trabajadores de una sede de Integración Social a una torre en arriendo por la que pagan cerca de 410 mil millones de pesos por año. Con lo de tres años hubieran podido hacer una sede.
–Cuando ustedes presentan sus argumentos, ¿qué dicen ellos?
–Le echan la culpa a la ley 617 porque les restringe los gastos. Es cierto que restringe gastos de funcionamiento pero les hemos dicho que esa misma ley dice que hay que actualizar gastos anualmente de acuerdo con el crecimiento de la entidad.
El secretario de Hacienda nos dice que les mostremos estudios de productividad donde se vea nuestro aporte para la mejora de los salarios, que cómo hemos mejorado en productividad; cuando los estudios de productividad los deben mostrar ellos. O si no, por qué justifican 60 mil contratistas dizque para mejorar el servicio.
–¿Qué piensan hacer ante esas negativas?
–Llevamos un año discutiendo con ellos pero no hay cambios. Ya dijimos que a finales de este mes negociamos o no, pero no más dilaciones. Haciendo uso del decreto 160 firmaremos un acta de acuerdos y desacuerdos, y la publicaremos, protestaremos y movilizaremos a los trabajadores para que hagan respetar sus derechos.
