El general Pinilla señaló que las fumigaciones aéreas se ampliarán a cinco kilómetros más de la franja fronteriza con Ecuador y Perú.
Sindicato de Trabajadores Campesinos del Putumayo
Agencia Prensa Rural
Para nadie es un secreto que en el fronterizo departamento del Putumayo se cultiva coca, principalmente a causa de las difíciles condiciones económicas y sociales que afronta esa región, pero lo que sí se mantiene velado, o si se quiere en secreto, es el hecho de ser uno de los departamentos donde mayores impactos genera la implementación de la “Política de Erradicación Aérea con el Herbicida Glifosato – Pecig”.
Desde la semana pasada, la Policía Nacional y el Ejercito han venido realizando operaciones de aspersión en el municipio de Puerto Guzmán y el centro del departamento, lo que ha generado graves afectaciones a la salud de los pobladores asentados en dichos territorios, además de los enormes daños a los que se exponen la vegetación y el medio ambiente.
Esta situación genera enormes cuestionamientos por parte de los putumayenses a la política de paz del gobierno Santos, pues a tan solo dos meses de haber alcanzado un acuerdo con la insurgencia sobre el tema de cultivos y drogas ilícitas, el gobierno Santos persiste en aplicar una política a todas luces represiva por sus impactos negativos sobre los derechos de los campesinos y del ambiente.
El panorama a futuro es poco alentador. Hoy fue anunciado por parte del comandante de la Sexta División del Ejército, el general Gabriel Pinilla Franco, un incremento de las fumigaciones aéreas con glifosato y de las erradicaciones manuales. Así mismo, el general Pinilla señaló que las fumigaciones aéreas se ampliarán a cinco kilómetros más de la franja fronteriza con Ecuador y Perú.
Cabe anotar que el pasado 23 de junio, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) presentó su Informe Mundial sobre Drogas 2014, en el que el Putumayo presenta un crecimiento del 25% en producción de cultivos declarados ilícitos.
Además, el citado informe hace mención al crecimiento del cultivo de coca en cercanías a la frontera con el Ecuador, área que ha sido excluida de fumigaciones gracias a un acuerdo alcanzado por el Estado de Colombia y el de ese país.
Ahora bien, pese a la veracidad o no del informe de la Undoc, la actitud y decisiones tomadas por el gobierno y las instituciones del Estado colombiano, en este caso el Ejército y la Policía, para el caso del departamento del Putumayo, parecen ser respuestas a las cifras y resultados proporcionados por dicho informe.
Sin lugar a dudas, de esta situación pueden surgir numerosos análisis pero lo que está claro es que la respuesta del Estado colombiano frente al problema de las drogas y cultivos ilícitos sigue siendo la misma: la represión y la sumisión ante las decisiones tomadas en otras latitudes en contra del pueblo colombiano.
Por ahora, la población putumayense expresa su voz de protesta frente a la política de fumigaciones con glifosato, esperando que en el corto y mediano plazo las acciones de paz del gobierno empiecen a vislumbrase y de una vez por todas cesen tanto las fumigaciones como las demás acciones de guerra que se realizan en nombre de la “seguridad nacional”.
