Pensiones: Sistema de inequidad e injusticia

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Cerca de 750 mil pensionados reciben menos de dos salarios mínimos mensuales, mientras que un millar de ex congresistas, ex magistrados y ex presidentes reciben más de 25 salarios mínimos mensuales. Ilustración Calarcá.

“Esas pensiones millonarias le están quitando el derecho de jubilarse a miles de personas”, dice Sandra Morelli, contralora General de la República. Pero el problema de fondo es el sistema pensional que es intocable para la oligarquía

Cerca de 750 mil pensionados reciben menos de dos salarios mínimos mensuales, mientras que un millar de ex congresistas, ex magistrados y ex presidentes reciben más de 25 salarios mínimos mensuales. Ilustración Calarcá.
Cerca de 750 mil pensionados reciben menos de dos salarios mínimos mensuales, mientras que un millar de ex congresistas, ex magistrados y ex presidentes reciben más de 25 salarios mínimos mensuales. Ilustración Calarcá.

Hernando López

El debate está abierto. En esta semana, seguramente, la Corte Constitucional dictará sentencia de la demanda presentada por los abogados Dionisio Araújo y Germán Calderón sobre las pensiones millonarias, que representan un desafío a la justicia social y a la equidad, aunque muchas voces dan por descontado que los magistrados no tocarán el sistema plutocrático de discriminación y desigualdad, debido a las presiones y a los intereses que están en juego. No es cualquier cosa que los presidentes saliente y entrante del Consejo de Estado se hayan pronunciado en el sentido que los derechos adquiridos son intocables y se deben respetar.

En contrasentido se pronunció la Contralora General de la República, Sandra Morelli, quien dijo que “en Colombia hay pensiones obscenas”, en abierta alusión a las que devengan ex congresistas, ex magistrados y ex presidentes, entre otros, que son la ínfima minoría del país. Para Morelli, con el ahorro en pensiones millonarias alcanzaría para tres mil jubilados. “Esas pensiones millonarias les están quitando el derecho de jubilarse a miles de personas” dijo la funcionaria.

Hasta ahora el debate se ha limitado al elemento ético. Es decir a las pensiones más altas (millonarias), muchas veces obtenidas de forma ilegal, como se ha denunciado en el caso de congresistas y magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Estos se pensionaron, en la mayoría de los casos, con sumas astronómicas mensuales en comparación con la media y con solo haber desempeñado el cargo por unos pocos meses. Aunque existen casos más escandalosos de quienes accedieron al beneficio legal mediante documentos falsos e información ficticia.

Son los famosos delincuentes de cuello blanco, muy pocos investigados y ninguno hasta ahora castigado con rigor por la justicia.

El lío está en el sistema

Sin embargo la calentura no está en las sábanas. Para dirigentes sindicales y expertos abogados laboralistas, la solución definitiva no está en atacar de forma única y exclusiva las pensiones exageradas, porque el origen del problema está en el sistema pensional, montado sobre la base de la injusticia y la inequidad social como lo demuestran las cifras.

Es un problema que viene desde antes de la Carta del 91, que tampoco esta lo resolvió a pesar de que consignó el Estado Social de Derecho y la igualdad de todos ante la ley. En el sistema de protección al capital y a los poderosos, fueron establecidos regímenes de excepción no por logros convencionales y democráticos, como lo hicieron los trabajadores de distintos sectores productivos y de servicios, sino por privilegios. La “Ley Drácula” como la denominó el entonces parlamentario comunista Manuel Cepeda Vargas, abolió los regímenes de excepción para unificar el sistema pensional, pero afectando a los trabajadores, porque eliminó los logros convencionales de contratación colectiva, mientras mantuvo sistemas de transición y de excepción con tufillo plutocrático de privilegios y en el marco de la política neoliberal.

Dicen que la pensión depende del ahorro y no es así. Depende del salario y los factores que lo componen. ¿Cómo puede ser igual la pensión de un trabajador que apenas gana el mínimo o un poco más, a la del gerente de una empresa que tiene un sueldo millonario? Es un mecanismo clasista sin duda, porque el nivel del ahorro no es el mismo entre uno y otro.

Lo que debe corregirse es el sistema de inequidad, sin perjuicio de desmontar las escandalosas pensiones millonarias de conformidad con la demanda de los abogados Araújo y Calderón. A todas luces, el acto legislativo No. 1 de 2005 estableció que no puede haber pensiones de más de 25 salarios mínimos. Aunque dejó intactos los regímenes excepcionales de las Fuerzas Militares y de Policía y de los ex presidentes de la república.

El sistema actual es inviable, está diseñado para favorecer al sistema financiero, principal beneficiario del ahorro de los trabajadores, con enormes deficiencias de manejo y administración. “Este es el debate de fondo”, alega un conocido abogado laboralista. Tiene que haber una reforma pensional a fondo, que realmente beneficie a los trabajadores, la ley 100 de salud y pensiones acabó con toda posibilidad de equidad social y de defensa de lo público. Seguir en el círculo vicioso de reformarla como se apresta a hacerlo el Gobierno actual, es solo prolongar el sistema antidemocrático y antipopular.

El sistema de salud y pensiones es para favorecer al sistema financiero y al capital privado que se lucran con los dineros de los trabajadores. Es una modalidad de la plusvalía, fuente de la explotación capitalista.

El Gobierno pasa de agache

Son los fondos privados, algunos de ellos investigados por colocar dinero en Interbolsa, los que se beneficiaron del ahorro de los colombianos. Ahí está el meollo del asunto, es lo que debe cambiar a juicio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Es el debate que no se está dando en aras de la economía de libre mercado neoliberal con el sonsonete del Gobierno y la oligarquía de que el modelo económico es inmodificable.

El Gobierno Nacional ha asistido casi que como espectador al debate de las pensiones millonarias. Si se quiere resolver esta deformación hay que establecer el criterio de igualdad en función de la situación de la mayoría de los trabajadores pensionados que cuentan con pensiones muy bajas.

Según la estadística, “4.3 millones de personas es la población mayor de 68 años. El 65 por ciento vive por debajo de la línea de pobreza”. Es la realidad dramática del país. Nada que ver con las cuentas alegres de la Presidencia de la República y de los voceros gubernamentales.

El ministro de Trabajo Rafael Pardo Rueda y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, aunque plantearon la necesidad de corregir la desigualdad, insisten en la vía de la reforma a la ley 100 y de endurecer las condiciones de jubilación de la gente del común. Mediante el sistema de pensiones actual va a llegar el día que no habrá dinero para pagarlas; pero, además, las frecuentes reformas, alargarán el tiempo laboral para lograrla y harán más difícil el trámite administrativo. Llegará el día en que las generaciones actuales carecerán de este derecho en su vejez. Son las conclusiones de laboralistas que avizoran el panorama complejo en materia pensional.

El planteamiento del Gobierno se sustenta en que las pensiones millonarias se deben a la ley y a los fallos judiciales, que deben cumplirse, pero no ha hecho un planteamiento serio para corregir el entuerto.

Cifras alarmantes

Si para algo ha servido el debate de la torta de las grandes pensiones es para conocer ciertas cifras que aterran la sensibilidad hasta de las personas más frías. Un millón 793 mil es el número de pensionados en el país, de estos, 750 mil (más del 40 por ciento) reciben menos de dos salarios mínimos. Mientras que 626 ex congresistas pensionados cuentan con una mesada mensual de casi 20 millones de pesos cada uno. Once ex presidentes o sus viudas casi 23 millones de pesos mensuales; y 196 ex magistrados de las cortes casi 19 millones mensuales. Apenas mil y pico de personas están por encima de 25 salarios mínimos. Son los privilegiados del sistema de desigualdad e injusticia social. Es el reflejo de la inequidad.

Los congresistas y magistrados se pensionan con el 75 por ciento del mejor último sueldo; los ex presidentes devengan una suma igual a su último sueldo con los reajustes anuales, vitalicio y heredado por sus viudas; los colombianos del común quedan con el 65 por ciento del promedio de los sueldos de los últimos diez años. ¡Habrase visto la desigualdad!

Todo indica que no habrá soluciones a corto plazo. El sistema es intocable. Favorece a los ricos. Está en estrecha relación con la “confianza inversionista” y con el proceso de acumulación del capital. Como opinan los sindicatos clasistas: la respuesta es la lucha popular, la movilización social para derrocar el modelo de explotación y la voracidad del capital.