Las medidas del Gobierno y las FARC para desescalar el conflicto han generado confianza en el proceso, aun así faltan más gestos de Santos.
Editorial del Semanario VOZ
El ciclo 39 de los diálogos de La Habana arrancó el pasado jueves 23 de julio, en medio de la expectativa nacional e internacional, porque será trascendental en el camino de encontrar acuerdos para desescalar el conflicto, el cese bilateral de fuegos y la justicia, puntos complejos y en los que existen evidentes desacuerdos entre las dos partes.
El fin de la semana pasada de conformidad con el Comunicado #55 (“Agilizar en La Habana, desescalar en Colombia”), el Gobierno correspondió al cese bilateral de fuegos, decretado por las FARC-EP, con la suspensión de los bombardeos aéreos, aunque con muchos esguinces y condiciones que harán difícil la verificación. Es un paso positivo pero aún insuficiente. En Colombia sigue la persecución contra los activistas de izquierda, de las organizaciones agrarias y de derechos humanos, por parte de los organismos de inteligencia que hacen montajes como parte de la judicialización de la lucha popular. Asimismo, las Fuerzas Militares incrementan operativos por tierra que hacen difícil el cumplimiento de la tregua unilateral. Las FARC-EP dejaron sentado que acudirán a la legítima defensa contra cualquier ataque de la fuerza pública.
En el mismo marco se desarrolló el debate sobre la paz en el Senado de la República, con el evidente aislamiento de las voces guerreristas y provocadoras del uribismo. “Que el ex presidente Uribe y su bancada hayan despotricado contra el proceso de paz con el desgastado sofisma de que en Colombia no hay un conflicto armado interno, ni nos sorprendió, ni nos desveló: sabemos muy bien que él y sus alfiles hacen y harán hasta lo imposible para evitar que las futuras generaciones de colombianos y colombianas vivan y disfruten un país en paz”. Mientras el presidente Santos y los voceros gubernamentales de paz, con abierto desespero, buscan acercamientos con el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, encontrando coincidencias donde no las hay por lo menos en el espíritu del Acuerdo de La Habana suscrito por las dos partes.
¿Por qué Juan Manuel Santos le teme tanto a Uribe Vélez? Lo conoce y sabe muy bien de lo que es capaz el ex mandatario, pero no es para tanto. La lucha por la paz requiere de la voluntad política de las partes y de mucho valor de ellas también, para encarar a los enemigos del diálogo y de la reconciliación como Uribe, Ordóñez y todo su combo de militares, ex militares, ganaderos, paramilitares, narcotraficantes y saqueadores del erario, que se lucran de la guerra en lo político y lo económico.
El ciclo 39 es importante, abordará temas cruciales para facilitar el acuerdo final, incluyendo los que están pendientes, porque “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, reza el Acuerdo de La Habana.
El tema de la justicia es fundamental. El Gobierno debe desistir de la llamada justicia transicional, aprobada en el Congreso y que quiere ser impuesta con criterio autoritario y de unilateralidad, cuando no ha sido discutida y aceptada por la contraparte.
Para el acuerdo en Colombia se requiere una experiencia sui generis de decisiones extrajudiciales y con criterio político en que todas las partes deben responder. ¿Por qué la insistencia del Gobierno y del Establecimiento en el sentido que son las FARC-EP las únicas que deben responder por los hechos cruentos de la guerra de más de sesenta años? ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado, principal depredador de los derechos humanos y padre putativo del paramilitarismo? No se puede aplicar justicia con criterio discriminativo y de impunidad para una de las partes en el conflicto.
En el debate del Senado se escucharon voces, muchas por cierto, en favor de la paz, pero con la mayor ignorancia sobre los orígenes del conflicto y sus responsables en cada etapa de la historia. Tapen, tapen y tapen, no porque lo dijera Laureano Gómez, uno de los responsables de la violencia en Colombia, deja de ser útil en estas ocasiones, en otro sentido, por supuesto, a la prédica laureanista.
Es la importancia que tiene la Comisión de la Verdad cuyo informe será decisivo en esta dirección. Como dijo Enrique Santiago, reconocido jurista español, en la revista Semana: “De todos los presidentes, Uribe es el que debería estar más preocupado de que este modelo de verdad salga adelante. Insiste mucho en la prisión pero él es el que tiene más papeletas. En España tiene un proceso penal abierto y en condición de imputado”.
