“Paseo de la muerte a la ciencia”: Ignacio Mantilla

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La investigación en Colombia se encuentra en el último renglón de importancia para los gobiernos nacionales.

Ni al Gobierno nacional ni a los gobernadores les interesa la investigación científica

Hernán Camacho

“En 2011, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno nacional propuso impulsar prioritariamente sectores que serían la clave para el desarrollo sostenible del país a mediano y largo plazo. Estos sectores se denominaron, desde entonces, las locomotoras para el desarrollo nacional. Una de ellas era la locomotora de la innovación, que según el mismo Plan, aseguraría la sostenibilidad a largo plazo, pues impulsaría el avance en todos los demás sectores desde lo más fundamental: la investigación, el fomento de la ciencia y la creación de nueva tecnología”, así comienza el más reciente editorial del periódico de la Universidad Nacional. Su autor es el rector de esa institución, Ignacio Mantilla.

El artículo fue publicado a propósito de la denuncia presentada por el Contralor de la República, Edgardo Maya Villazón, en su informe sobre los recursos de regalías destinados al desarrollo científico y tecnológico de las regiones del país, entre los años 2012 y 2016. Allí se plantean inconformidades en los siguientes temas: ausencia de proyectos de investigación destinados a las necesidades de las regiones, inexistencia de política pública para el desarrollo de la investigación en las regiones y destinación inadecuada de recursos para la investigación.

Sin política

A eso se le suma que la cabeza de la principal institución del Estado para ejecutar la política pública de investigación, Colciencias, ha venido siendo considerada una cuota burocrática más del Presidente de turno. La última en ocupar ese cargo fue Yaneth Giha, quien ahora se desempeña como ministra de Educación, y que viene de hacer una exitosa carrera profesional en lo más alto del sector defensa.

De hecho Giha se encuentra bajo la lupa de la opinión, debido a que en sus primeros actos ministeriales aprobó $1.555 millones para 34 proyectos de investigación con la Fuerza Aérea. El periodista Gustavo Rugeles, quien denunció la actuación de Giha señaló: “¿el presupuesto de Ciencia y Tecnología es para financiar a las FFMM donde Yaneth Giha proyectó su carrera cómo funcionaria?”

Por cosas como estas, el Contralor raja la política pública en investigación científica. “Hemos encontrado muchos factores de riesgo. Es así como está el hecho de que una tercera parte del valor de la contratación lo realizan entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que ejecutan contratos por cerca de $600 mil millones, de un total contratado a la fecha de corte del informe de la Contraloría, diciembre de 2015, de $1,8 billones”, destacó el Contralor Maya Villazón”, dijo Edgardo Maya.

Menosprecio por la investigación

En el mismo sentido, Mantilla protestó por el menosprecio del Ejecutivo ante las políticas educativas y dejó ver su molestia por el tratamiento que el Gobierno central ha hecho al tema: “Lastimosamente, de nuevo la academia solo encuentra muros de silencio en sus solicitudes y llamados de atención. Se está condenando a un “paseo de la muerte” a la ciencia, la innovación y la investigación. En efecto, a nuestras quejas, reclamos, sugerencias o solicitudes se nos responde con redireccionamiento a otras entidades con poco poder de decisión o muy limitados recursos. Eso se observa con la respuesta a la carta que el Consejo Académico de la Universidad Nacional le envió al señor Presidente de la República el pasado 10 de febrero, ante el anuncio del cambio de destinación de los recursos de regalías no ejecutados aún. Con sorpresa la directora jurídica de la Presidencia respondió que se daba trámite de nuestra misiva al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación y a Colciencias. La remisión de la solicitud a estas dependencias es una clara forma de dilación”.

Denuncias

Es tan pobre la investigación en Colombia, que según cifras de la Contraloría, solo se han ejecutado en cuatro años, doce proyectos por el orden de 135 mil millones y tan solo cuatro de estos integran más de un departamento. Esto indica que los gobernadores no formulan proyectos regionales de investigación y desatienden los recursos de las regalías asignados.

A eso se le suma la incapacidad de entablar una relación directa entre los gobernadores y las universidades públicas. Las investigaciones que estas últimas adelantan en cada uno de sus semilleros no son apoyadas por las autoridades administrativas.

Tanto es el cortocircuito que en la auditoría fiscal de la Contraloría, encontró cómo en el departamento del Cauca un proyecto para fortalecer capacidades tecnológicas y competir en el mercado global por $16 mil millones y cuyo objeto es la formulación de proyectos de emprendimiento, terminó como un asadero de pollo y un centro de spa.

Otro de los hallazgos de la auditoria se presentó en el departamento de Vichada, en donde la gobernación aprobó un proyecto para construir un centro de formación e investigación en energías renovables y crear espacios para la investigación aplicada en generación eléctrica, por $32.917 millones. La Contraloría estableció que “la Gobernación del Vichada contrató el consorcio Ciner, integrado por dos empresas de construcciones, cuya experiencia en los objetivos del proyecto, no se pudo constatar. Lo más grave es que en su ejecución modificaron el alcance el proyecto”.

Subcontratación

Otra modalidad encontrada en la auditoria es la subcontratación. Diez proyectos de ciencia y tecnología por cerca de $30 mil millones, suscritos por la gobernación de Córdoba con cooperativas idóneas, resultaron subcontratando su ejecución y quedándose las cooperativas, en algunos casos con casi el 70% de los recursos.

Maya Villazón concluyó señalando la necesidad de transformar el esquema de asignación de regalías para la investigación y la evaluación sobre el Fondo de Ciencia y Tecnología, poniendo de presente que buena parte de los problemas que se evidencian son consecuencia de un diseño institucional poco adecuado, en el manejo de los recursos.

El rector Manilla cerró su editorial con una certera cifra: “Colombia tiene una inversión en investigación menor que el 0,3 % del PIB. Los países que sobresalen en ciencia y tecnología invierten el 5 % de su PIB. No entiendo cómo, con estas “innovadoras estrategias colombianas”, que van en contra de todo sentido común, se pretende ser el país más educado de la región, ingresar al club de países desarrollados de la OCDE y consolidar una paz sostenible a largo plazo”.

El Gobierno nacional no reaccionó al informe de auditoría confirmando así su desinterés de reformular la destinación del sistema de regalías en asuntos de investigación. Igual sucede con las gobernaciones señaladas por irregularidades. Ese silencio es la confesión de parte de los tradicionales sectores políticos que han gobernado el país en contra de los avances científicos y la educación del pueblo colombiano.

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