Paro Agrario: De vuelta a las carreteras

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Desencuentros y dilación de soluciones, ha sido el fruto de las conversaciones con el gobierno. Foto Notimundo.

Pese a la militarización y el señalamiento oficial, crecen las movilizaciones agrarias y populares en todo el país

Desencuentros y dilación de soluciones, ha sido el fruto de las conversaciones con el gobierno. Foto Notimundo.
Desencuentros y dilación de soluciones, ha sido el fruto de las conversaciones con el gobierno. Foto Notimundo.

Agencia Prensa Rural

Desde el 28 de abril pasado, organizaciones sociales y comunidades rurales de varias zonas del país adelantan un nuevo paro nacional agrario y popular, luego de que el gobierno incumpliera las demandas del paro agrario del 2013.

Dignidad Agropecuaria y la Cumbre Agraria sostienen diálogos con las autoridades para encontrar soluciones para el sector, pero al mismo tiempo mantienen el llamado a la movilización.

En departamentos como Arauca, Boyacá, Huila, Norte de Santander y Santander se han realizado grandes movilizaciones. En ciudades como Florencia y Neiva, las concentraciones campesinas han tenido gran envergadura.

Además, el paro agrario ha sido respaldado en las ciudades con “cacerolazos” y jornadas de protesta en universidades.

Las manifestaciones han sido fuertemente reprimidas por parte de las fuerzas policiales. Según cifras del Ministerio del Interior, en la primera semana del paro agrario 26 manifestantes fueron detenidos y 23 resultaron heridos en choques con la fuerza pública.

También se ha reportado que el Ejército Nacional y la Policía usan personas vestidas de civil para fotografiar y filmar a los participantes del paro, conducta repudiada por los manifestantes y organismos de derechos humanos.

Diálogos sin arreglo

Hasta el cierre de esta edición, se mantenía el diálogo con el gobierno nacional sin que se haya levantado el paro.

En los últimos días, las organizaciones que confluyen en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular han adelantado varios encuentros con el gobierno.

Pero hasta el momento no se ha materializado el decreto para la instalación de la mesa única de negociación, ni se ha llegado a un arreglo para suspender las movilizaciones.

Desde marzo pasado, la Cumbre Agraria exigió la instalación de una mesa de concertación para negociar un pliego de ocho puntos sobre problemáticas del sector rural colombiano.

En la tercera reunión con el gobierno, “se abordaron temas como el fondo económico para la economía campesina, garantías para la libre movilización, y la coordinación de comisiones para trabajar en el decreto que instale la mesa única de diálogo y concertación”, reportó la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), uno de los procesos nacionales que confluyen en la cumbre.

Por su parte, Dignidad Agropecuaria ha mantenido, en Bogotá y Tunja, varias reuniones con las autoridades, las cuales se han caracterizado por los desencuentros y la dilación de los funcionarios.

Los voceros campesinos han criticado la ausencia de algunos ministros en las reuniones, así como la incapacidad de la delegación gubernamental para decidir sin consultar al presidente de la República.

El ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, anunció a los medios la intención del gobierno de implementar medidas para aliviar la crisis del sector agropecuario, en particular en el tema de las deudas. Pero los campesinos reiteran que los anuncios oficiales siguen sin materializarse.

Según los agricultores, las entidades responsables de aplazar las deudas y condonar los intereses no han puesto en marcha lo ordenado por Lizarralde. Además, reclaman mejoras en la comercialización para que cuando salgan las cosechas los precios no se desplomen.

Saboteos al paro

Han sido varias las denuncias sobre los obstáculos para que las comunidades participen en el paro.

“Nuestro derecho a la protesta viene siendo objeto de asedio, señalamientos, empadronamientos, retenciones ilegales”, manifestó la comisión política de la Cumbre Agraria en un comunicado firmado el 30 de abril.

Además, altos funcionarios han venido estigmatizando el paro, al que han descalificado con señalamientos como el de que está “infiltrado por criminales”, o de tener “intereses políticos”.

De otra parte, las autoridades han militarizado varias regiones del país, y en algunas de ellas se han presentado incidentes con la fuerza pública.

Por ejemplo, en Norte de Santander, agentes bajaron de un bus de servicio público de la empresa Trasan a 12 miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) que se dirigían a Cúcuta. En el lugar, rodeado de policías, se encontraban personas de civil que les tomaron fotografías y videos a los campesinos.

Los miembros de Ascamcat finalmente fueron liberados en Zulia, en un sitio de habitual presencia de paramilitares. Además, dos acompañantes internacionales y un periodista de Prensa Rural que iban con la delegación campesina fueron separados del grupo con el pretexto de verificar su documentación.

Por su parte, organizaciones del Congreso de los Pueblos denunciaron que “hombres del Ejército Nacional armados y vestidos de civil espían a campesinos que participan del paro agrario, étnico y popular”. Situación que se ha presentado en localidades como Ocaña, también en Norte de Santander.

En otras regiones, la fuerza pública ha recurrido a los grandes medios de comunicación para estigmatizar a los manifestantes a través de señalamientos sin fundamento.

Por ejemplo, Óscar Gutiérrez, líder de Dignidad Cafetera en el Huila, denunció que el general Luis Eduardo Martínez, de la Policía Nacional, lanzó una “cortina de humo” para desprestigiar a su movimiento.

Según Gutiérrez, se acusó a tres campesinos de haber lanzado ácido a varios uniformados, sin presentar pruebas de que los manifestantes fueron los responsables del supuesto ataque. Y pidió a las autoridades competentes investigar los hechos para aclarar lo ocurrido.