Paramilitarismo copa el Chocó

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Defensoría del Pueblo alerta al gobierno nacional por avance del paramilitarismo en la región

Carolina Tejada

Chocó es uno de los departamentos con mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión social en todo el país. Durante el mes de diciembre del 2016 y lo que va corrido del año, la Defensoría del Pueblo ha venido alertando sobre una arremetida de los grupos de autodefensas, particularmente las denominadas Gaitanistas. También se ha alertado sobre la presencia del ELN.

Según la Defensoría, hay presencia de estos grupos en 15 de los 30 municipios del Chocó. Esta presencia aumentó después del 31 de enero, cuando los Frentes 57, 34, 30, Aurelio Rodríguez y la columna móvil Libardo García de la guerrilla de las FARC-EP, se empezaron a concentrar en las zonas veredales ubicadas en Istmina, Nóvita, San José del Palmar, Vigía del Fuerte, Murindó y Pogue, en Bojayá.

Desplazamiento forzado

Dentro de los diferentes hechos en donde las AUC, se han visto vinculadas, está el desplazamiento. Entre estas acciones se resaltan las siguientes: Para el 16 de diciembre, las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, asesinaron a dos personas en las comunidades de Nabugá y Huaca en la costa de Bahía Solano, esta situación generó el desplazamiento de 327 personas hacia el casco urbano.

Después de que el Ejército Nacional llegara al territorio y los grupos de autodefensas iniciaran un repliegue hacia los límites del municipio de Bojayá, esta vez 196 personas de la comunidad indígena de Salinas, se vieron obligadas a desplazarse.

El 27 de enero, un grupo de 15 hombres de las AGC entraron al consejo comunitario Los Riscales, en Nuquí, allí amenazaron a su población, lo que produjo el desplazamiento de 14 familias de Jobí al casco urbano de Nuquí.

En la primera semana de febrero, los pobladores negros de Cocomacia alertaron sobre el avance de estructuras paramilitares de AGC desde la región del Bajo Atrato a Bahía Solano y Nuquí. También denunciaron presencia de miembros de esa estructura en cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bellavista, en Bojayá, que habrían llegado para aprovechar el espacio que dejaron las FARC. En Bojayá hay riesgo también en el resguardo Ríos Uva Pogue donde ya hubo un desplazamiento.

Este mismo copamiento del territorio se da con una comisión de las AGC desde el San Juan hasta los barrios periféricos de Quibdó. Además, adelantaron un plan pistola y un plan de limpieza social. En Quibdó, durante el mes de enero, se desplazaron dentro de la misma ciudad 59 personas. También han llegado a los corregimientos de Villa Conto y San Isidro, y según la Defensoría, han entrado aproximadamente 200 hombres a esos corregimientos. Su presencia “les permite controlar la explotación de minería ilegal”, dice el informe. La comunidad también denunció que el 15 de enero altos mandos de las AGC se reunieron con todos los mineros de la zona para definir los valores que les tenían que cancelar por la explotación de oro.

En Lloró, el 2 de febrero un grupo de 50 hombres de las AGC con armas largas entró en lanchas a la comunidad de Cachindó en el consejo comunitario de Cocomopoca. Registraron las casas y asesinaron a un habitante, quemaron una retroexcavadora y algunos cilindros de gas y motores. Por ese hecho, se desplazaron 122 personas a la cabecera municipal.

A la fecha se registra una nueva incursión armada de las AGC en la comunidad negra de Peña Azul en el municipio de Alto Baudó donde también hay presencia del ELN. Ha habido combates, lo que causó el desplazamiento de 167 personas de ocho comunidades. A la vez, en Medio Baudó, el ELN asesinó al dueño de unos botes que transportaron a miembros de las AGC entre Pie de Pató y Puerto Meluk. Esta situación tiene en grave riesgo a las comunidades de Alto y Medio Baudó, que no se pueden transportar por el río por los constantes enfrentamientos entre las AGC y el ELN.

Esta aguda situación ha motivado a la Defensoría, a dirigir varios informes y oficios tanto al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, Agencia Nacional de Tierras, y Unidad para las Víctimas. Según sus mismos informes, la situación tiende a empeorar, en la medida en que los grupos paramilitares se vienen fortaleciendo y copando nuevos territorios.

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