Alberto Pinzón Sánchez
Cuando Uribe Vélez (siguiendo al dictador peruano Benavides, el de la toma de Leticia 1932-33 en el Amazonas y quien dijo, ”para mis amigos todo y para mis enemigos la ley”) no le recordó al presidente colombiano JM Santos que fue Él y nadie más que Él quien lo salvó de la Justicia ecuatoriana por el caso del bombardeo ilegal en Sucumbíos (campamento del comandante guerrillero Raúl Reyes, nota Anncol), para luego amenazarlo diciendo que “era el único ex ministro de su gobierno que debería estar preso”, el tema de la justicia volvió a ser tema de las encuestas políticas en Colombia.
Nunca antes la clase dominante había tenido preocupación por lo que los colombianos llamamos “la justicia”. Nunca antes le importaron las alarmantes cifras de impunidad que siempre desde hace más de medio siglo están por encima del 98% de todos los casos preocupando a la humanidad entera.
Ni le importaron los escándalos como la comidilla que estamos presenciando actualmente y viene de larga data, porque sencillamente toda su filosofía jurídica para dominar ha radicado y radica en hacer juicios escandalosos interminables, ojalá públicos y que vendan diariamente su papel periódico-higiénico, para que al final todo quede en el cansancio de la impunidad que agobia a la sociedad colombiana.
Veamos solo algunos de estos escándalos recientes:
Caída de la reforma de la Justicia de Esguerra Portocarrero por chanchullos y tramoyas en el Honorable Parlamento colombiano. Disputas enconadas entre la Fiscalía y la Contraloría. Divulgación previa y mediática de un salvamento de voto sobre fuero militar en la Corte Constitucional. Clientelismo rampante, corrupción y turismo sibarítico en las altas corporaciones judiciales. Captura de jueces en las instalaciones judiciales de Paloquemao (complejo judicial en Bogotá). Escándalos en la adjudicación de pensiones. Intromisión del procurador en decisiones judiciales como los matrimonios del mismo sexo.
Infiltración del Ejército en las Altas Cortes que deciden sobre la Justicia penal militar. Fiscales como Guillermo Valencia Cossio (hermano del entonces ministro de Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio) al servicio de los narco-paramilitares en Antioquia, para no hablar de Luis Camilo Osorio (ex fiscal general, acusado por nexos paramilitares). Consagración de un procurador político perseguidor que hace justicia pública para su secta de Tradición Familia y Propiedad (Opus Dei). Más un largo etcétera que sería interminable mencionar totalmente.
El filósofo marxista Sergio de Zubiría, en un interesante artículo de Voz titulado “Magistratura en Crisis”, menciona tres causas profundas y complejas que han llevado al aparato jurídico colombiano al colapso que estamos presenciando, y me permito citarlas:
1) Los sistemas que fueron propuestos en la Constitución del 91 para elegir y designar las Altas Cortes, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, que carecen de transparencia, participación democrática, veedurías populares y separación de poderes. Están contaminados del “tú me eliges y yo te elijo”, y que “nadie nos controle”.
2- La naturaleza del Consejo Superior de la Judicatura (con sus dos salas: la disciplinaria y la administrativa) que, de ser un órgano aparentemente administrativo y financiero de la rama judicial, terminó resolviendo todo tipo de tutelas y dictando sentencias sobre el paso a la Justicia militar de los delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos por militares, convirtiéndose en una Alta Corte de Justicia.
3- La incomprensión de una democratización de la administración de justicia, la cual debe necesariamente incluir: autogobierno de la Justicia; mayor participación y compromiso de todos los ciudadanos; simplificación procesal; eliminación de los obstáculos económicos, sociales y culturales para su acceso; procesos de informatización que contribuyan a la democratización como la conciliación allende el Estado, los jueces de la comunidad, la despenalización de algunos “delitos”, los jueces y tribunales electivos; mecanismos rigurosos y democráticos de selección; protección de los intereses generales; así como carácter visible y público de los momentos judiciales.
¿Cuál es la solución definitiva a este impase social que está agravando aún más la gran crisis que embarga a la sociedad colombiana?
La clase dominante (esta vez unida) propone la “reforma del gatopardo”. Algo semejante a lo que JM Santos y el yupi ministro de Salud han propuesto para revivir el servicio público de la salud que también ha colapsado: cambiar las siglas para que siga el mismo neoliberalismo despiadado. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) ahora son Empresas Gestoras de Salud (EGS).
Y en la reforma a la Justicia que ya anuncia el afro-ministro de Santos no se habla de liquidar ese esperpento, el Consejo Superior de la Judicatura con sus salas, sino de cambiar el perfil de los magistrados por el de gerentes. ¡Vaya genios!
Sin embargo entre los dominantes hay variación en los métodos para realizar tal reforma judicial. JM Santos, retomando el fracaso de Esguerra Portocarrero y mejorándolo, insiste en el “Honorable Parlamento”, mientras que Uribe Vélez, como todo lo suyo, propone hacer una “mini- constituyente”, que también cambie el articulito de la Constitución que le dé vía libre a su tercer mandato. Y mientras tanto, el 72% de los colombianos dice que no confía en la llamada “Justicia colombiana”. Pobres gobernantes no se han dado cuenta que se les está desfondando el canasto con sus mentiras, e insisten en hacerse reelegir.
¿No sería mejor, pregunto yo, ir a la raíz de los problemas, el de la salud y el de la justicia para los colombianos, y pactar con la insurgencia de las FARC como mecanismo de refrendación de los acuerdos una constituyente democrática y progresista inspirada en los acuerdos de paz, que solucione estas crisis fraccionadas de una vez por todas?
Y lo pregunto, porque veo en JM Santos voluntad de paz pero ninguna voluntad de cambio.
