Pánico a la JEP

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Álvaro Uribe Vélez.

La Justicia Especial para la Paz, JEP, hace parte del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, fundado en la verdad. Verdad a la que le teme la derecha

Redacción política

El modelo de justicia transicional se diseñó partiendo de dos realidades: la creciente impunidad en los delitos con origen en el conflicto y cuyas víctimas jamás encontraron verdad, justicia y reparación con la justicia ordinaria, y la de ilegitimidad de la misma.

En la JEP se agrupan 51 magistrados de altas calidades profesionales en el campo del derecho, nombrados por un Comité de Escogencia independiente que utilizó un mecanismo diametralmente opuesto a la cooptación, usado por la justicia ordinaria para asignar sus magistraturas. El Comité de Escogencia tuvo criterios académicos y de formación en distintas áreas, como los derechos humanos, para escoger a 51 entre casi 500 postulaciones.

El temor a la independencia

El pasado 26 de septiembre se conoció la lista de elegidos así: Rodolfo Arango, Jesús Ángel Bobadilla Moreno, Eduardo Cifuentes Muñoz, Zoraida Anyul Chalela, Sandra Rocío Gamboa, Ana Caterina Heyck, Reinere de los Ángeles Jaramillo, Mirtha Patricia Linares Prieto, Claudia López Díaz, Adolfo Murillo Granados, Ana Manuela Ochoa Arias, Alejandro Ramelli, Yesid Reyes Alvarado, Gloria Amparo Rodríguez, Danilo Rojas Betancourth, Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, Raúl Eduardo Sánchez, Camilo Andrés Suárez, María del Pilar Valencia García, Roberto Carlos Vidal López.

Para las Salas de Justicia fueron elegidos: Xiomara Balanta Moreno, Heidi Baldosea Perea, Juan José Cantillo, Sandra Castro Ospina, Catalina Díaz Gómez, Pedro Elías Díaz Romero, Mauricio García Cadena, Marcela Giraldo Muñoz, Iván González Amado, Nadiezhda Natazha Henríquez, José Miller Hormiga, Florentina Izquierdo Torres, Julieta Lemaitre Ripoli, Pedro Julio Mahecha Ávila, Óscar Javier Parra Vera, Lily Andrea Rueda Guzmán, Claudia Saldaña Montoya, Alexandra Sandoval Mantilla. Y los suplentes para el Tribunal de Paz y las Salas de Justicia, fueron: Corina Duque Ayala, José Edwin Hinestroza Palacios, Teresa Jiménez López, Manuel Lasso Lozano, Juan Ramón Martínez Vargas, Rafael Arturo Prieto Sanjuan, Gloria Marcela Abadía, Tania Gicela Bolaños Enríquez, Gina Cabarcas Macía, Sandra Rocío Hernández Cruz, Carlos Alberto Suárez López y Diana María Vega Luna.

Luego de nombrados los magistrados, las reacciones políticas no se hicieron esperar. El temor es el común denominador para las toldas políticas de derecha y las voces contrarias al proceso de paz y a la justicia. Los primeros en reaccionar fueron los integrantes de la bancada del Partido Cambio Radical, quienes manifestaron que no votarán el proyecto de reglamentación a la JEP, por considerarla una justicia revanchista. Secundó esa opinión el Centro Democrático, señalando que los magistrados elegidos fueron escogidos por las FARC-EP como parte de la negociación con el presidente Juan Manuel Santos para instalar el “castrochavismo” en el país.

Temor de empresarios

Son poderosas las razones para que las dos colectividades y lo que ellas representan rechacen la JEP: buena parte del empresariado que se encuentra detrás de los dos partidos de derecha y que han rechazado sistemáticamente las conversaciones de paz, los acuerdos suscritos en La Habana y la implementación de los acuerdos, son protagonistas por acción o por omisión de la prolongación del conflicto. Algunos de ellos han financiado a los grupos paramilitares en distintas regiones del país, poniéndolos al servicio de sus intereses.

En la Fiscalía General de la Nación reposan el sueño de los justos unas 15 mil investigaciones de fondo que involucran a civiles, en su mayoría empresarios, con el patrocinio de ejércitos privados responsables de masacres, desplazamiento o crímenes de lesa humanidad, que le sirvieron para apropiarse de tierras de manera ilegal o resguardar sus negocios en las regiones o simplemente servir de testaferros de mafias del narcotráfico.  En síntesis: paramilitarismo puro.

Temor a la verdad

Ante tal situación, la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, señaló recientemente: “Señores empresarios, les sale menos costoso decir la verdad en la JEP que financiar a Cambio Radical. Eso les puede salir mal […] Señores empresarios que tienen rabo de paja por paramilitarismo, no deberían tener miedo a la JEP. Mejor decir la verdad, construir un nuevo país y desmantelar una para-economía que le hace mucho mal al futuro de Colombia”.

La JEP tiene en su objetivo principal que se conozca la verdad de lo ocurrido. Así quedó estipulado en los acuerdos de La Habana. Ese pareciera ser el miedo más grande para los actores políticos del conflicto. Las víctimas podrán acudir a esa jurisdicción para escuchar la versión de los victimarios respecto de cada actuación. Lo que hasta ahora no se ha podido esclarecer en relación a las masacres perpetradas por los paramilitares y agentes del Estado, se conocerá en las declaraciones de quienes se acojan a esta jurisdicción. Militares y guerrilleros fueron los primeros en advertir que llevarán allí nombres de autores intelectuales de conductas delictivas en el conflicto.

A la JEP acudió el exgeneral Rito Alejo del Río, el militar de más alto rango allí y tras su postulación le otorgaron la libertad condicional. El compromiso para mantener esa libertad condicional es enfrentar a las víctimas y decir toda la verdad. Les esperaría al menos una condena de ocho años. Un tratamiento más benévolo que el de la justicia ordinaria, a la que no entregó información valiosa para que el país conozca las razones que condujeron a los crímenes cometidos y por los que está siendo investigado. ¿Quién ordenó? ¿Cuáles fueron las razones? Lo dirá en la JEP.

Pero también los paramilitares estarían dispuestos a hablar. Según la más reciente reunión sostenida entre los miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia que permanecen en Colombia, y la dirección del nuevo partido FARC, intercambiando opiniones sobre las ventajas que le acarrea al país estar postulados en la JEP.

Se puede suponer que los exparamilitares podrían ser la ficha que le falta al rompecabezas de la verdad del conflicto. Ellos estarían dispuestos a entregar los nombres de los políticos y empresarios que dieron las órdenes de batalla para copar territorios, desplazar comunidades y asesinar selectivamente a sindicalistas, campesinos, líderes de izquierda, entre otros.

Temor al tribunal

Otro de los temores a la JEP es que los magistrados elegidos no sirven a los intereses de la derecha colombiana. Su independencia hace pensar que llegarán al fondo de las investigaciones sobre actuaciones de todos los actores en el marco del conflicto armado y la aplicación pronta de la justicia restaurativa. Por eso la preocupación de esos sectores que no pudieron influir en la escogencia de los magistrados. Con esa garantía se descarta que a la JEP lleguen personajes como los magistrados uribistas Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte o Gustavo Malo. De hecho, estuvo entre los postulados el exmagistrado y hoy preso en la cárcel Picota, Ricaurte.

Estos temores podrían propiciar un acercamiento de las candidaturas del Centro Democrático y Cambio Radical que permita cerrar filas a la JEP y a la implementación. O lo que pronóstica el propio Fernando Londoño, ideólogo del Centro Democrático, hacer trizas el acuerdo.

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