En lo corrido del año, se han constituido en el Istmo poderosos bloques sociales que prometen, mediante acciones de masas, enfrentar la corrupción del gobierno Martinelli. Reclaman una Constituyente democrática y popular

Cacica Silvia Carrera, coordinadora de la Alianza Estratégica.
Cacica Silvia Carrera, coordinadora de la Alianza Estratégica.

Alberto Acevedo

Mientras las grandes empresas multinacionales hacen su agosto en Panamá y empresarios e inversores realizan muy buenos negocios con el gobierno de Ricardo Martinelli, dando la impresión de vivir en un paraíso financiero, la realidad para el pueblo panameño es bien diferente.

En el país crecen la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, la discriminación contra sectores campesinos e indígenas, mientras en las altas esferas del gobierno se acentúa la corrupción, que abarca tanto a sectores públicos como privados, fenómeno que está provocando, como reacción lógica, expresiones de unidad de acción sin precedentes entre los sectores populares.

En la segunda semana de enero, en la localidad de Quebrada Guabo, emblemático escenario de resistencia indígena, se reunieron representantes de unas veinte organizaciones sociales para dar nacimiento a lo que denominaron Alianza Estratégica, que busca hacerle frente a las agresiones gubernamentales contra organizaciones campesinas e indígenas y exigirle al poder central una política más coherente con sus reclamaciones.

Entre las organizaciones participantes se cuentan, la Coordinadora Indígena, el Frente Amplio de Colón, el Congreso Nacional Ngäbe-Buglé, los campesinos e indígenas de Bocas del Toro, las asociaciones de funcionarios de la Caja del Seguro Social, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y sectores de educadores y ecologistas. La conformación de esta alianza supone un paso cualitativo adelante en la organización de sectores populares.

Contra megaproyectos

La cacica ngäbe Silvia Carrera, designada como coordinadora de la Alianza Estratégica, dijo que ese organismo exigirá al gobierno el cumplimiento de acuerdos suscritos con indígenas, campesinos, trabajadores bananeros, educadores y ciudadanos de Colón, que nunca llegaron a cumplirse y fueron conculcados.

La cacica demandó del gobierno de Ricardo Martinelli suspender de inmediato megaproyectos mineros, hidroeléctricos, la venta de playas y de tierras en la zona libre de Colón, en una actitud patriótica de defensa de los recursos naturales, que el gobierno no asume por plegarse a los intereses de empresas extranjeras.

Mientras esta alianza mantiene un perfil mayoritariamente agrario, otra red popular, la Alianza Ciudadana, fue constituida recientemente, con la presencia de decenas de organizaciones sociales, sindicales, ecologistas y de mujeres, que tiene como propósito central la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que dé cabida a un nuevo gobierno democrático.

Nuevo régimen

En un duro comunicado, la nueva organización llama a la movilización en las calles, “a prepararse para ejercer el derecho constitucional de movilización, que nos conduzca a la apertura de un verdadero proceso constituyente, democrático, participativo, incluyente, que debe culminar en una Asamblea Nacional Constituyente Originaria, convocada bajo reglas democráticas consensuadas por todos los integrantes de la sociedad. Que surja de ella un nuevo régimen político que garantice la solidaridad, que acabe la impunidad y establezca la transparencia y la obligatoriedad de una rendición de cuentas bajo el control de la ciudadanía”.

Y mientras esta alianza recibe el respaldo de organizaciones como Súmate, e Iniciativa Ciudadana, que ven con simpatía el proceso constituyente, dentro del conjunto de las organizaciones sindicales se discute la posibilidad de encontrar mecanismos de expresión política, enfrentar el antidemocrático Código Electoral, nacido de las cenizas de la invasión norteamericana de 1989, y bajo reglas de juego frescas, llevar a auténticos dirigentes obreros a las corporaciones públicas. De momento, el Frente Amplio por la Democracia, FAD, próximo al movimiento sindical, ha reunido 19 mil firmas, buscando su legalización.