Un paisaje de guerra en el Catatumbo

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Desplazamiento de personas en la región del Catatumbo. Foto Alcaldía de Cúcuta.

Nueva masacre, descuartizamiento de personas y desplazamientos forzados inundan la región en medio de la impunidad institucional

Carolina Tejada
@carolltejada

El Catatumbo está ubicado en el noreste del departamento de Norte de Santander, y se extiende entre la Cordillera Oriental de Colombia y el Lago de Maracaibo de Venezuela. Es rica en recursos minerales como el petróleo, el carbón y el uranio, y su variedad climática y suelos les permiten a sus habitantes la siembra de diversos cultivos. Su población campesina e indígena, principalmente de la etnia Motilón Bari, también viven de la pesca, gracias a diversas fuentes de agua.

Esta riqueza natural y su ubicación geoestratégica, ha sido desde años atrás, objeto de disputas territoriales por los grupos armados en medio del abandono estatal, oportunidad que no han desaprovechado para ejercer una violencia militar sobre la población, así como la producción de coca y el contrabando de gasolina, carne y alimentos desde Venezuela. Dicha disputa en medio del silencio institucional y de un rechazo al clamor de la población de invertir en políticas públicas en el territorio, ha agudizado la violencia. Los paramilitares, que nunca se desmovilizaron, el EPL, ELN y disidencias de las FARC, y una amplia presencia del Ejército Nacional son parte del paisaje militar de la región.

Una tragedia que se repite

En 1999, se dio la primera incursión paramilitar con el apoyo del Ejército Nacional, como resultado ocurrieron las masacres de la Gabarra y Tibú. En la región, según cifras del DANE, vivían 350 mil personas en los cascos urbanos y la zona rural, pero, desde la incursión al 2005, solo habitaban 198 mil personas. Fueron asesinados más de 10 mil habitantes en cuatro años, y 114 mil más fueron desplazados hacia Venezuela, para salvaguardar sus vidas, otros tantos llegaron a las ciudades intermedias y a Cúcuta.

Desde inicios de este año las organizaciones campesinas y defensoras de los derechos humanos han venido denunciando ante las autoridades nacionales y la comunidad internacional la grave situación humanitaria que afecta a la región del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta. Las cifras de violencia representadas en desplazamiento forzado, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos sistemáticos, confinamiento, amenazas y sometimiento de la población civil a extorciones y otras exigencias de grupos armados ilegales creció.

Según cifras oficiales, en lo corrido del 2020, en la ciudad de Cúcuta, cuya violencia en todo el territorio llega como resonancia de lo que ocurre en las zonas rurales, además por ser parte del triángulo que colinda con la región del Catatumbo, los homicidios han aumentado un 14% en comparación con el año pasado.

En el mes de marzo la Defensoría del Pueblo emitió la última Alerta Temprana en la que advertían a las autoridades del riesgo en que se encontraba la población civil. En esa misma misiva, se conminó a la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida, a las Alertas Tempranas, CIPRAT, a la Policía Metropolitana, al grupo mecanizado No. 5 Hermógenes Maza, a la alcaldía de Cúcuta, a la Gobernación, entre otros, a ofrecer las garantías constitucionales, pero las organizaciones sociales aseguran que nunca se tomaron medidas eficaces que frenaran dicha situación de riesgo y violencia.

La barbarie paramilitar

El pasado 18 de julio en la vereda Totumito-Carbonera, entre los municipios de Tibú y Cúcuta, fueron masacradas ocho personas a manos del grupo paramilitar Los Rastrojos. Los cuerpos presentaron disparos y señales de torturas con arma blanca, hacha y machete. La barbarie y el terror que generó en la población, obligó a sus habitantes a abandonar inmediatamente el territorio.

VOZ, conoció algunos audios de la población quienes informaban de los hechos de barbarie cometidos por los paramilitares, en ellos también relatan que la fuerza pública, a pesar de tener una amplia presencia, los dejó “a merced de los paracos”. Relata un habitante que “cuando llegué a mitad de camino, en la Vigilancia, una señora me dijo “no entre, no entre que los van a matar, los paracos están ingresando”, se habla de 400 Urabeños. La señora que tengo en la finca me llamó y me dijo que se iba, que habían mandado a desocupar todo. Y, el Ejército mandó a decir que ellos no se metían en nada, que se maten entre ellos, dijeron. A mí me tocó dejar la finca botada”.

Los asesinatos han sido selectivos a comerciantes y campesinos de la región, como mensaje de la disputa territorial que inició con sevicia por parte de los paramilitares y con las mismas características de la violencia generada con la incursión paramilitar de 1999.

Una de las víctimas de la masacre en la vereda Totumito-Carbonera, es Ernesto Aguilar, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat y de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana Coccam. Las organizaciones sociales cuentan que hacía 14 días que Los Rastrojos, habían descuartizado a los hermanos Juan Andrés y Jorge Sánchez, a sus amigos Joimar David Lindarte Rodríguez y Yadira Herrera Aguilar, quienes fueron lanzados en costales al río Zulia. El ocho de julio también habrían asesinado a otra mujer, a Luz Amparo Acevedo, junto a su hijo.

La fundación Progresar, en un comunicado fechado el 15 de julio, había advertido a las instituciones del Estado de la presencia de Los Rastrojos, afirmando que “se habían tomado varias veredas de Área Metropolitana donde están haciendo reclutamiento forzado, homicidios, amenazas, desplazamiento forzado”, las instituciones nunca actuaron.

El 19 de julio, un día después de la masacre, la única institución que hizo presencia en el lugar de los hechos fue la Defensoría del Pueblo, a las 5:00 pm llegó una comisión de la alcaldía de Tibú. Lo que afirmaron los visitantes del lugar, es que no se evidenció presencia de la fuerza pública, “lo que reafirma que hay omisión por parte del Ejército y de la Policía en su obligación constitucional lo que resulta muy grave e indica que las bandas paramilitares operan deliberadamente y con total impunidad” afirmaron las organizaciones sociales en un comunicado. Más de 700 personas que residían en el corregimiento de Banco de Arena, municipio de Cúcuta y el Ambato, municipio de Tibú, se desplazaron.

Exigencia de garantías

Carmen García, hace parte de la Asociación de Madres del Catatumbo. Esta lideresa sobreviviente de la masacre de la Gabarra en 1999, le comentó a VOZ, que la situación humanitaria está empeorando. “Están asesinando y descuartizando personas. Aquí no hay garantías para que los desplazados retornen a sus veredas. El Gobierno dice que se regresen, que ellos envían fuerza pública, pero esas no son garantías. Es difícil creer en la fuerza pública cuando aquí hemos sabido de militares que han sido detenidos por hacer parte de los grupos paramilitares en la zona”. Asegura que con Ascamcat vienen impulsando un refugio humanitario para concentrar a las comunidades desplazadas.

El pasado 27 de julio se realizó una reunión con el gobernador Silvano Serrano, Secretario de Gobierno, etc., junto a Ascamcat, en donde se exigió una ruta en prevención y monitoreo, esclarecimiento y garantías, seguridad y acompañamiento a las comunidades afectadas por la masacre. También se viene exigiendo a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, una Audiencia Pública presencial el 30 de julio en la ciudad de Cúcuta. Para el día 31 de Julio, una Comisión de Verificación se desplazará a la vereda Vigilancia, Cúcuta y vereda Ambato en el municipio de Tibú, en donde se espera el acompañamiento de la Comisión de Paz del Senado.

Mientras adelantaban el proceso para la reubicación de las familias desplazadas y se instaba al gobierno para que atiendan la situación de barbarie en la región, Carmen le informa a VOZ, que continuaban los asesinatos, dos personas más habían sido asesinadas en Tibú al inicio de la semana: “estamos en una situación muy grave, anoche mataron a un joven, y ahora acaban de matar a otra persona”, ella guarda un silencio en medio de la conversación, respira y comenta, “estamos, muy preocupados porque no tenemos presencia, ni acompañamiento de ninguna entidad, ni de la defensoría, la gente está completamente sola”.

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12 Comentarios

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