Pacífico colombiano en la CIDH: Región rica con alta pobreza

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De izquierda a derecha Danilo Rueda de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó y Liliana Uribe de la Corporación Jurídica Libertad. Foto CIDH.

“La inoperancia del Estado colombiano con las comunidades afrocolombianas y las etnias indígenas vulnera sus derechos, propiciando su extinción a nivel cultural, espiritual y territorial… la respuesta fundamental del gobierno colombiano frente a sus necesidades ha sido la militarización”

De izquierda a derecha Danilo Rueda de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó y Liliana Uribe de la Corporación Jurídica Libertad. Foto CIDH.
De izquierda a derecha Danilo Rueda de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó y Liliana Uribe de la Corporación Jurídica Libertad. Foto CIDH.

Redacción DD.HH.

Debido al incumplimiento reiterado del Estado colombiano en garantizar los derechos de las poblaciones étnicas del pacífico colombiano, las Diócesis de Quibdó, Ismina, Tadó Guapi, Tumaco y Buenaventura, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Corporación Jurídica Libertad, entre otras, pidieron una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se realizó el pasado 28 de octubre en el marco del 153 Periodo de Sesiones del organismo, que culminó el viernes 7 de noviembre en la ciudad de Washington en los Estados Unidos.

Según Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con base en cifras oficiales, “durante el 2014, 53 casos de desaparición forzada se han registrado en Quibdó y Río Sucio. En 13 de los 22 municipios del Chocó hay desapariciones forzadas, en 2013 el Instituto de Medicina Legal reportó 169 homicidios, de los cuáles seis se le atribuyen directamente a la Fuerza Pública, y cuatro a actores ilegales que actúan en el conflicto armado, entre enero y junio se presentaron 58 homicidios, 42 por ciento de estos en zonas urbanas. De estos casos, en el 91 por ciento no hay autor identificado”.

Las cifras no son menos alarmantes en Buenaventura pues en lo que va del 2014 se han presentado 113 asesinatos, entre ellos 18 mujeres, 15 desmembramientos, y 50 desapariciones forzadas. Hasta septiembre de este año, 1.236 personas habían sido desplazadas forzadamente.

Grupos paramilitares

Según las denuncias realizadas ante la CIDH por parte de la Comisión Intereclesial del Justicia y Paz, los pobladores del Alto, Medio y Bajo Atrato y del río San Juan, tienen temor ya que los grupos paramilitares se han venido reestructurando y operan en cascos urbanos, así como en zonas rurales y a las salidas de los ríos. Todo esto ocurre en medio de la tolerancia de la Fuerza Pública.

En 2013 en el Medio Atrato se registraron 10 amenazas a líderes sociales de tierras, 72 amenazas en el Bajo Atrato, a personas afrodescendientes y mestizas. En el caso de Buenaventura se ha presentado amenazas a más de 23 líderes sociales de comunidades negras.

Respuesta del Estado

Ante las medidas de la Unidad Nacional de Protección frente a las peticiones de los líderes amenazados, Danilo Rueda sostuvo:

“Ha sido ineficaz, los líderes se han visto afectados en su libre movilidad, no ha habido respuesta alguna frente a las amenazas a líderes, ni siquiera los cobijados por medidas cautelares de la CIDH han tenido un espacio de interlocución con el gobierno colombiano”.

“La Defensoría del Pueblo ha señalado que hay limitaciones como la carencia de enfoque diferencial, frente al modelo de reparación planteado en la ley 1448, omisión deliberada del derecho a la consulta, la inoperancia de medidas de prevención para evitar la continuidad de desplazamientos forzados, amenazas, asesinatos y desapariciones, unos retornos que desconocen las identidades culturales y que no son sostenibles en el mediano y largo plazo, todo esto posibilita el desarrollo de operaciones ilegales empresariales en esta región”.

Cifras hablan por sí solas

Durante la audiencia se arrojaron datos como que el 82 por ciento de la población del Chocó es afrocolombiana, el 12 por ciento está conformada por etnias indígenas y el 6 por ciento por comunidades mestizas, la región cuenta con 120 resguardos indígenas y 59 Consejos Comunitarios Mayores de comunidades afrodescendientes.

Y es que la realidad del Chocó no es compatible con sus riquezas naturales, pues la vida de sus habitantes es de las más miserables en el país. Cifras oficiales reportan para este departamento un índice de pobreza del 68 por ciento, un índice de necesidades insatisfechas del 82 por ciento, en comparación con el nacional que es del 45 por ciento. La esperanza de vida es de 58 años, cuando a nivel nacional es de 70 años.

El indicador de calidad de vida es el más bajo del país con 58 puntos frente a un promedio nacional de 79 puntos, la cobertura de servicios como acueducto y alcantarillado alcanza el 22 y el 15 por ciento respectivamente, el analfabetismo en el Chocó es del 20.9 por ciento, dos veces y medio más que el promedio nacional. En este departamento muere el 7.6 por ciento de la primera infancia.

La CIDH escuchó atentamente que la población afrocolombiana en el Pacífico colombiano es del 92 por ciento, que la infraestructura educativa es precaria, que se carece de enfoque de etnodesarrollo, y que los pocos jóvenes que terminan el bachillerato, no pueden ingresar a la universidad. Existe una alta mortalidad de niñas y niños por enfermedades fácilmente prevenibles.

“La inoperancia del Estado colombiano con las comunidades afrocolombianas y las etnias indígenas vulnera sus derechos, propiciando su extinción a nivel cultural, espiritual y territorial… la respuesta fundamental del gobierno colombiano frente a sus necesidades ha sido la militarización”, sostuvo Liliana Uribe de la Corporación Jurídica Libertad.