Una operación ilegal de interceptación de información revela los atentados al proceso de paz desde el sector militarista del país
Redacción Política
Cuando el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, anunció la captura de un experto en seguridad informática, que de manera ilícita pretendía interferir y sabotear el proceso de paz de La Habana, se vislumbró un asunto más complejo que un simple traficante de información.
“Hemos descubierto que desde esta oficina de inteligencia se interceptaron los correos de las personas encargadas de la prensa de las FARC en La Habana y correos institucionales del gobierno”, dijo el jefe del ente investigador. En el allanamiento -dicen las autoridades- sorprendieron a Andrés Sepúlveda, infraganti en su oficina en el norte de la capital, cuando interceptaba comunicaciones de dos periodistas cubanas que cubren el proceso de paz.
Al tiempo que se hacía efectiva la captura de Sepúlveda, los investigadores se sorprendían por el hallazgo de equipos para espionaje de última tecnología y los antecedentes del experto en “ciberterrorismo”, los servicios que prestaba y la ascendencia en el interior de las filas militares y policiales. Pero además, su trabajo al servicio de la campaña del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Aunque de inmediato negó cualquier vínculo de quien por encargo oficiaba de arquitecto de la estrategia de redes sociales y manejaba información privilegiada de los cuadros de dirección de esa campaña.
De ahí que el descubrimiento de Sepúlveda no es una jugada electoral orquestada desde las toldas de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, como lo advierten los seguidores del ahora senador Uribe. Tiene un profundo cuestionamiento frente a operaciones paramilitares de inteligencia.
La capacidad del espía al servicio de Zuluaga la adquirió por su íntima relación con mandos militares, según se conoció en la diligencia de legalización de captura e imputación de cargos. Sepúlveda traficaba información y realizaba operaciones de espionaje a las comunicaciones de dirigentes políticos de la izquierda en Colombia. De hecho, se le pidieron explicaciones al director de la Policía Rodolfo Palomino, por supuestas relaciones del hacker con la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).
La Fiscalía sorprendió a Sepúlveda con información de seguridad nacional como la lista completa de desmovilizados de las FARC. Información de ese tipo que utilizaba para orquestar cualquier tipo de montajes judiciales. Incluso de la mano del asesor general de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, visitaron varios medios de comunicación ofreciendo información proveniente de los jefes de la guerrilla de las FARC, en La Habana, sus actividades políticas y la relación de estos con personalidades nacionales. “La chiva” que ofrecía al mejor postor estaría relacionada con una supuesta reunión de una serie de políticos que desembocarían en la fundación del partido político de la insurgencia.
Los antecedentes de este tipo de operaciones secretas de parainteligencia contra el proceso de paz se dieron a conocer desde el mismo inicio de las conversaciones entre las FARC y el gobierno nacional. El ex precandidato presidencial del Centro Democrático, Francisco Santos, cuando oficiaba como periodista publicó la agenda del inicio de conversaciones cuando estas tenían el carácter de secretas. Luego fue el episodio de las coordenadas de la salida del país de un jefe negociador que fueron publicadas en la cuenta personal del ex mandatario Álvaro Uribe y ahora el desmantelamiento de una oficina de inteligencia que a su vez servía a la campaña del Centro Democrático.
Después vino la publicación desde la cuenta de twitter de Álvaro Uribe de fotografías de la delegación de las FARC, la primera de Iván Márquez en una motocicleta de alto cilindraje, y luego algunos miembros de esa delegación en un catamarán. Las dos fotografías causaron un efecto adverso a la opinión de los colombianos frente al proceso. Hecho que le sirvió de trampolín político a la campaña del Centro Democrático. Por ello los investigadores de la Fiscalía señalan que hay serios indicios para sospechar que la información obtenida en las operaciones de parainteligencia tiene como destino Álvaro Uribe Vélez.
En eso coincide el senador electo Iván Cepeda: “Este nuevo hecho hace parte de la larga cadena de espionaje ilegal del estado colombiano que ha tenido en Álvaro Uribe un representante paradigmático, el rey de las chuzadas en Colombia”.
El fiscal Montealegre reconoce que la operación Andrómeda, donde se interceptaba a miembros del alto gobierno, es el origen para llegar a capturar a Sepúlveda y descubrir otro tipo de operaciones clandestinas. No obstante, desde ese primer escándalo las FARC se pronunciaron advirtiendo que no solo habría Andrómeda sino otras operaciones militares contra el proceso de paz: “Se necesita estar ciego para no ver que el propósito de esa actuación ilegal de los enemigos de la paz, es hacer explotar en mil pedazos el proceso de La Habana, un emprendimiento superior y de humanidad que todo el pueblo colombiano, anhela de corazón, llegue a feliz puerto”.
En ese sentido Ricardo Téllez, vocero de la insurgencia en la mesa de negociaciones, desde el año pasado anunciaba: “No descartamos tampoco que en cualquier momento realicen operaciones encubiertas, en las que son expertos, para imputarlas a la guerrilla y pretender sabotear las posibilidades reales de una salida política al conflicto colombiano”, como efectivamente sucede.
