Un nuevo juez en el caso Maldonado

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La desaparición que tiene en vilo a Argentina. Un nuevo juez en el caso y el llamado a la movilización por encontrar a Santiago

Flavia Campeis – Especial para VOZ
@FlaviaCampeis

“La desaparición forzada es el crimen de crímenes”, dice con fuerza arrolladora que no se compadece con su pequeño tamaño, Nora Cortiñas, sentada al lado de Sergio Maldonado en una de las tantas conferencias de prensa que dan juntos desde hace más de un mes.

Nora, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de desapariciones y de crímenes sabe mucho, de sufrimiento también. Sergio, es el hermano de Santiago Maldonado, a pesar de no haber sufrido lo que aquellas familias durante la dictadura argentina (1976-1983), le tocó padecerlo en el escenario menos esperado: la democracia. Santiago, su hermano menor, está desaparecido desde el primero de agosto de este año. A casi dos meses no se sabe nada de él, pero testigos aseguran que “se lo llevó Gendarmería”, la fuerza de seguridad nacional.

Desde aquel día, su familia lo busca, pero también el país. El reclamo desató la movilización de cientos de miles de personas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que se preguntan ¿Dónde está Santiago Maldonado?. Entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (emblemáticas referentes de la lucha por sus familiares desaparecidos), organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, sindicatos, universidades, docentes, estudiantes, intelectuales, vecinos y vecinas de a pie. De una manera u otra, el pueblo argentino quiere saber qué pasó con él. El Gobierno Nacional, mira para otro lado.

La desaparición

Santiago Maldonado es un joven artesano y tatuador de veintiocho años, oriundo de Veinticinco de Mayo, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Desde hacía un tiempo había decidido viajar y fue así que llegó al sur del país, para instalarse en la zona de El Bolsón.

El primero de agosto estaba acompañando los reclamos de la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia en el Departamento de Cushamen, en Chubut, en plena Patagonia, donde pedían la liberación de un líder de la comunidad detenido ilegalmente y la restitución de sus tierras.

Este reclamo es histórico, ya que el pueblo Mapuche habita desde hace siglos el sur del continente, en la zona que actualmente conforman Argentina y Chile. Desde hace años exigen la restitución de sus territorios ancestrales, que en gran parte, desde los años 90, están en manos de terratenientes extranjeros, en su mayoría de la firma italiana Benetton, que posee más de 900 mil hectáreas en esa zona de la Patagonia argentina.

Si bien Santiago no es Mapuche, estaba acompañando ese reclamo solidariamente cuando se produjo la represión de Gendarmería Nacional. Los uniformados ingresaron al lugar sin orden judicial, reprimieron, quemaron y saquearon las pertenencias de la comunidad originaria. En ese contexto, detuvieron a tres personas sin motivos y Santiago desapareció. Testigos aseguran que estaba a orillas del río Chubut cuando fue apresado por los gendarmes y subido a un vehículo de esa fuerza de seguridad nacional. Desde ese día no se sabe nada de él y su desaparición causó gran conmoción social, con multitudinarias movilizaciones en las calles y también opiniones encontradas. Tal es así, que esta situación puso de manifiesto la discriminación que viene sufriendo la comunidad Mapuche desde hace tiempo e incluso la criminalización de la protesta por parte del gobierno nacional de Mauricio Macri, que fue materia común desde que asumió en diciembre de 2015, así como también lo fue el gran retroceso en materias de Derechos Humanos.

Un aspecto relevante también son los medios de comunicación hegemónicos que, afines al gobierno, manipulan la información a tal extremo de llamar “terroristas” a los Mapuches y compararlos con el ISIS, intentan construir mediáticamente un enemigo interno, desvalorizar la lucha histórica y juzgar a Santiago por su ideología, sin poner el eje en que hay una persona desparecida y que el Estado es el principal sospechoso.

Aún con gran parte del pueblo movilizado preguntándose por el joven y con un estallido en redes sociales con su nombre y su rostro, el presidente Mauricio Macri no dio ninguna respuesta contundente sobre el caso. Por su parte, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en un primer momento negó la participación de Gendarmería en la desaparición, con el paso de los días y la aparición de testigos, oficialmente se intentó reforzar la idea de que se trató de Gendarmes aislados que podrían haberse excedido en el uso de la fuerza, como si ellos no respondieran órdenes del Gobierno y no fueran parte de una fuerza nacional.

El caso fue caratulado por la Justicia como “desaparición forzada”, por lo cual el Estado está en el centro de la investigación.

A cincuenta días de la desaparición, Gendarmería Nacional realizó un rastrillaje en la zona donde se vio por última vez al joven, allí también se vivió una situación tensa, cuando no dejaron ingresar a la familia de Santiago. Sergio Maldonado expresó en ese momento que su principal miedo era que “tiren” el cuerpo de su hermano en territorio Mapuche.

Cambio de juez

Desde organismos de Derechos Humanos, la familia de Santiago y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se denunció la parcialidad del juez Guido Otranto en la causa y esta última organización lo recusó ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. La recusación expresa que “las declaraciones del juez Otranto en los medios de comunicación afectan la garantía constitucional de imparcialidad y suponen el adelantamiento de opinión respecto de los hechos investigados y la enemistad manifiesta hacia la parte querellante”. Esto fue debido a las declaraciones del juez en el diario La Nación, donde expresó que su investigación se centraba en que Santiago podría haberse ahogado en el río y no en el accionar de Gendarmería.

También el CELS remitió un informe al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) donde informó que el Gobierno se dedicó primero a negar la participación de Gendarmería y a “instalar hipótesis falsas que desviaron la investigación”, para luego hablar de “gendarmes sueltos” en un intento de desligar la responsabilidad institucional que le corresponde como Estado.

Finalmente, el juez Otranto fue desplazado de su cargo y a principios de esta semana fue reemplazado por Gustavo Lleral, quien el primer día se comunicó con la familia de la víctima, diferenciándose del accionar del anterior magistrado.

El próximo primero de octubre se esperan importantes movilizaciones en todo el país, convocadas por la familia del joven, cuando se cumplan dos meses de la desaparición.

Si bien hay diferentes opiniones, un gran sector de la sociedad argentina piensa, como lo dice todo el tiempo Nora Cortiñas, que “Santiago es un hijo más”. “Nos hizo revivir el pesado. Este gobierno en el campo de los Derechos Humanos nos hizo retroceder mucho. Seguiremos luchando contra los crímenes de antes y de ahora. Las desapariciones de los gobiernos constitucionales nos duelen. No nos tenemos que acostumbrar jamás”, pide la histórica Madre de Plaza de Mayo, madre de todos y todas los que luchamos para que este tipo de situaciones no se repitan “Nunca Más” y seguiremos preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?

1 Comentario

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