El ministro para el Posconflicto del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, el economista Rafael Pardo, informó que en lo que resta del 2016 se cubrirán 287 de los 673 municipios del país, donde se presume existe el peligro de minas antipersonales.
Prensa Latina
Con la activación de una nueva fase, el gobierno de Colombia cubre ya hoy las labores de desminado humanitario en 42% de los municipios del país afectados por la siembra de minas antipersonales.
El ministro para el Posconflicto del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, el economista Rafael Pardo, informó que en lo que resta del 2016 se cubrirán 287 de los 673 municipios del país, donde se presume existe el peligro de minas antipersonales.
De acuerdo con la propia fuente, hasta ahora se había explorado en 25 demarcaciones del territorio nacional, en las que hoy día continúan acciones de exploración, intervenciones y conclusión de operaciones de desminado.
El exministro de Defensa de Colombia añadió que otros 31 municipios han sido asignados para realizar estudios e investigaciones no técnicas, que es la primera fase en el proceso de limpieza de minas.
De todos los territorios donde se presume permanecen esos artefactos dinamiteros enterrados, en 183 municipios se ha considerado que la afectación del fenómeno es baja y donde no se tienen evidencias concretas, sino sólo sospecha de su existencia.
Para Colombia esta operación de desminado acordada con las insurgentes FARC-EP y la presencia de expertos internacionales, tendrá un costo aproximado de alrededor de 126 millones de dólares en la primera etapa.
Pardo precisó que cuando concluyan estas labores en el 2021 y se llegue al 100% de la limpieza de minas, los gastos ascenderán entonces al equivalente de los 327 millones de dólares.
Anunció que el personal dedicado a esta labor pasará de 600 a 10 mil elementos para el próximo año, incluidos equipos de desmovilizados de la guerrilla que se sumarán a la operación.
Dentro de los municipios con mayor densidad de bombas bajo tierra se cuentan Ituango, Urrao y Argelia, en el departamento de Antioquia; Florencia, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Paujil, San Vicente del Caguán y Montañita, en Caquetá; y Vista Hermosa, Uribe, La Macarena, Lejanías, Mapiripán y Puerto Rico, en Meta.
El Ejecutivo nacional y las FARC-EP llegaron el pasado 24 de marzo en La Habana a un arreglo después de casi cuatro años, mediante el que se formalizaron los acuerdos que ponen fin al conflicto y se inicia la ruta crítica para la dejación de las armas por parte del movimiento insurgente.
