Las concepciones sobre el postacuerdo deben salirse de los marcos militarizantes y ubicarse en la visión de los roles políticos, comunitarios y sociales que deben jugar los insurgentes junto a las comunidades en una perspectiva de posdiálogo.
Zabier Hernández Buelvas
El proceso de paz se desarrolla con avances importantes. Según lo plantea Matías Aldecoa, miembro de delegación de las FARC en La Habana, 1) Entrega por parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas del Informe correspondiente sobre orígenes, causas, persistencia y consecuencias del conflicto social y armado colombiano; 2) La segunda audiencia de género, en el marco de los diálogos de paz; y 3) La decisión unilateral de las FARC-EP de no reclutar jóvenes menores de 17 años, como medida de desescalamiento del conflicto. (…) el 9 de febrero, las FARC-EP habían dado a la opinión pública nacional la buena nueva de la prolongación de la tregua unilateral.
Pero es necesario poner estos importantes avances y decisiones a la luz de las expectativas e incertidumbres que se vienen expresando en los territorios locales que han vivido con mayor intensidad los impactos del conflicto. Una incertidumbre más preocupante es el proceso de copamiento militar y control territorial que están desarrollando estructuras paramilitares en connivencia con algunos miembros de la Fuerza Pública, aprovechando el cese unilateral declarado y sostenido por las FARC.
En zonas de Nariño, Norte de Santander, Santander y Antioquia, zonas como Magdalena Medio, sufren hoy una involución en materia de respeto de los derechos humanos por la recomposición y reestructuración paramilitar que hostiga y persigue a la oposición de izquierda, a los defensores de derechos humanos y a los trabajadores de paz. ¿Cómo se puede “blindar” o proteger el proceso de paz en perspectiva de aplicación de los acuerdos de La Habana? El gobierno cree aún que este proceso es solo para la desmovilización y entrega de la insurgencia. Preso de esta visión militarista, Santos planteó la constitución de la policía rural para el postacuerdo, donde la participación de la insurgencia no se ve clara ni precisada.
Las soluciones, primero, deben salir de la concertación con las comunidades en la construcción de líneas de inversión y desarrollo y también como ejecutores de los recursos para la paz sin mediaciones de grandes ONG y organismos de cooperación, dejando de ver a las comunidades y sus organizaciones como incapaces para direccionar sus propios destinos. Y segundo, las concepciones sobre el postacuerdo deben salirse de los marcos militarizantes y ubicarse en la visión de los roles políticos, comunitarios y sociales que deben jugar los insurgentes junto a las comunidades en una perspectiva de posdiálogo.
