No vemos la paz

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De paso por la Zona Veredal de Icononzo.

Delegación asturiana de verificación dederechos humanos enColombia, informa su preocupación por situación de violencia política, pese al acuerdo de paz. Afirma que paramilitares continúan acechando las comunidades

Carolina Tejada

En trece días, la comisión recorrió varios territorios del país y pudo corroborar la situación que viven las comunidades en materia de derechos humanos. En la gran mayoría denuncian la presencia y la violencia de los grupos paramilitares.

Esta delegación visitó las regiones del Cauca y Valle, del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar, de Tolima, Córdoba, Sucre y Cartagena. Escucharon a las comunidades, a prisioneros de guerra en la cárcel Picaleña de Ibagué. E igualmente visitaron las Zonas Veredales de Transición de la guerrilla de las FARC en La Elvira, en Buenos Aires, en el departamento del Cauca y La Fila en el municipio de Icononzo en el Tolima.

Una visita que inició con retención

El recorrido inició por el municipio de La Elvira en el departamento del Cauca, en donde el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ordenó la retención de la comisión antes de ingresar a la zona, so pretexto de no existir la autorización para el ingreso. Al respecto, el coordinador de la comisión, Javier Orozco, le contó a VOZ que dicha retención “fue de carácter ilegal, puesto que el alto comisionado no tiene mando en tropa. Lo cual, además, viola lo acordado entre las partes, pues está permitido el contacto de la insurgencia con la población”. Esta misma situación, aseguran, también ocurrió con los estudiantes que conforman el Pacto Juvenil para la Paz, en La Fila, obligados por la Policía a regresar a Icononzo.

La impresión sobre las Zonas Veredales

La comisión alerta los atrasos y graves insuficiencias que contactaron en su visita a las Zonas Veredales, tanto en La Fila como en La Elvira. Orozco observa que “hay incumplimientos en materia de infraestructura de las Zonas y Puntos Transitorios de Normalización. También nos preocupa el intento de dificultar el acceso a las Zonas Veredales para aislar a la guerrilla y para evitar el acceso de la población a estas zonas transitorias”.

Frente a las zonas también advierten que hay “condiciones infrahumanas de las Zonas Veredales, que afectan de manera especial a las personas de las FARC que están enfermas, a las mujeres embarazadas y a los bebés nacidos en los últimos meses”. Cuenta que es inconcebible que, siendo Colombia un país agrario en donde el campesinado vive en medio de dificultades económicas, a las comunidades  donde están ubicadas las Zonas Veredales, no se les tuvo en cuenta para el proceso de abastecimiento.

Este delegado de la comisión, asegura: “Se ha denunciado la corrupción en la adjudicación de las obras a empresas no especializadas en construcción. La prioridad del gobierno parece ser sólo la entrega de armas. Estas circunstancias son un serio peligro para la siguiente fase de lo pactado y generan escepticismo sobre la intención del gobierno frente a los plazos y contenidos acordados con las FARC”.

Paramilitares y multinacionales

Públicamente la comisión expresó el temor por el avance de grupos paramilitares en las zonas que ahora dejan libres las FARC, señalan que a pesar de que el Ministro de Defensa niega su existencia, la delegación recibió información sobre la presencia de estos en todos los territorios visitados. Al respecto señaló: “La existencia de grupos paramilitares es producto de la falta de voluntad de sectores de la fuerza pública y del Gobierno para desmantelarlos, lo que pone en peligro las aspiraciones de paz”.

La delegación da cuenta de que los grupos paramilitares ya coparon los territorios dejados por las FARC en lugares como: “Balboa, Cauca y en Ituango en Antioquia, sitios en los que las llamadas Águilas Negras adelantan campañas de reclutamiento de menores. Las llamadas Autodefensas Gaitanistas están desplazando con violencia al pueblo indígena Wounan de Santa Rosa Guayacán-río San Juan; los paramilitares llamados La Constructora son tolerados por el Ejército en San Miguel, en el Putumayo; hay paramilitares en el Sur de Bolívar. En Buena Vista por ejemplo están haciendo reclutamiento forzado, extorsionan, amenazan”, resalta Orozco.

Lejos de ser una situación solo de las zonas rurales, la comisión comenta: “También recibimos denuncias de redes urbanas paramilitares en barrios de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y es muy grave el cerco paramilitar permitido por el gobierno y la fuerza pública a las zonas humanitarias de San José de Apartadó, entre otras”.

Las denuncias de las organizaciones también tocan a las empresas multinacionales: “las organizaciones aseguran que donde hay empresas de este orden, operan en paralelo los grupos paramilitares como elemento de protección; en la vereda Sispataca, municipio de San Benito Abad, en Sucre, los paramilitares, con la complicidad del Ejército, amenazan a los pescadores y a los campesinos para despojarlos de las tierras disecadas, con la pasividad de la Fiscalía del departamento”. Igualmente, “en las ciénagas de los ríos San Jorge, Sinú y Magdalena, el paramilitarismo actúa como brazo de terror de los ganaderos y narcotraficantes para acaparar terrenos de la nación, que no defiende su propiedad sino ante los campesinos”, añade Orozco.

Una paz que no es real

Con asombro, la delegación reconoce las cifras sobre violación a los derechos humanos en el país. “La paz en Colombia sigue siendo una aspiración, no es una realidad en muchas regiones. Durante el 2016 y los dos primeros meses del 2017 los asesinatos de militantes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, las amenazas, los desplazamientos forzados y otras vulneraciones de derechos humanos contra líderes sociales persisten y se agudizan. Estos crímenes tienen el carácter de sistemáticos, y se orientan a destruir las organizaciones sociales que exigen paz con justicia social”, enfatiza Orozco.

Este grupo de verificadores estuvo conformado por periodistas, abogados, delegadas de ONG y eurodiputados, que presentarán el informe de la visita al parlamento español y europeo. Entre la delegación se encontraba, Tania González Peñas, eurodiputada y vicepresidenta de la Delegación del Europarlamento para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Javier CousoPermuy, eurodiputado y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Ellos han solicitado al Gobierno colombiano “que ofrezca garantías y proteja de manera efectiva a los líderes sociales y a quienes defienden los derechos humanos, sin los cuales no será posible la democracia plena”. Saludaron el proceso que inicia con ELN, y llaman la atención sobre el cumplimiento de lo acordado con la guerrilla de las FARC-EP, la libertad para las personas amnistiadas y el desmonte de los grupos paramilitares.

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