Que no quede en la impunidad

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La fuerza pública utiliza recursos que no pueden ser rastreados por la denominada “Reserva militar”.

Hay peligro de que la corrupción en el Ejército corra la misma suerte del eliminado DAS

Redacción política

Los primeros pasos en las investigaciones periodísticas advertirían sobre dudosos manejos en contratos de equipos para espionaje, desvío de dinero, fraude procesal en las oficinas de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares y la Agencia de Logística del Ejército colombiano, regional Atlántico. Organismos de control asumieron la investigación y en principio no han podido ubicar el destino de por lo menos 20 mil millones de pesos. El asunto es tan grave que los propios organismos de control, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación, pidieron al Ministerio de Defensa acciones inmediatas para prevenir que los oficiales involucrados en los escándalos de corrupción pudieran desviar la responsabilidad criminal.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en una rueda de prensa señaló que ya suspendió a los oficiales involucrados en el ilícito y eliminaron del organigrama las oficinas que se encuentran involucradas. Aunque el Ministerio dio la cara y reconoció que existían irregularidades en esas oficinas, de alguna manera resguardó a quienes podrían ser los responsables de los hechos. La misma actuación de las autoridades administrativas en el año 2011, cuando fue liquidado el DAS y con ello la verdad sobre sus actuaciones criminales.

Versión oficial

En un extenso comunicado, el Ministerio de Defensa hace una relación de hechos, lugares y cuantías que según el jefe de esa cartera es la información suministrada a los organismos de investigación. Sin embargo, la Contraloría y la Procuraduría han venido advirtiendo que el asunto es de suma importancia y por eso hicieron un llamado al Ministerio para que permitan avanzar las investigaciones.

Villegas reconoce que existen graves situaciones: “El origen de las presuntas faltas se relaciona principalmente con debilidades y falta de requisitos legales de los procesos contractuales, incumplimiento de los deberes de los supervisores de contratos, falta de garantías suficientes para asegurar el cumplimiento de los proveedores, violación del principio de transparencia por falta de publicación de los contratos, pérdida de documentación y registro de productos, configurándose así un ambiente débil de control y favorable a la ocurrencia de pérdidas y fraudes”.

Añadió el ministro que se crearán grupos anticorrupción y que se iniciará un proceso de transparencia en la Agencia de Logística, dejando entrever que las investigaciones serán de exclusividad de la fuerza pública y no de los organismos civiles de control.

Antecedentes

Por su parte, las organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron frente a las denuncias por corrupción de los organismos de inteligencia de las fuerzas militares.

“Consideramos que, debido a las graves y contundentes pruebas reveladas, la investigación emprendida por la Procuraduría General de la Nación contra 12 integrantes de esta entidad, 5 Oficiales y 7 suboficiales, debe llegar hasta sus máximos responsables, incluyendo al excomandante general de las Fuerzas Militares, hoy embajador en Corea del Sur, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, a quien el Presidente de la República debería apartar de su cargo diplomático. Así como al general Martín Nieto, quien hasta diciembre pasado ocupó la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del CGFM. Estos altos oficiales habría tenido pleno conocimiento y hecho parte de una estructura que fraguó desfalcos cercanos a los 20 mil millones de pesos entre 2013 y 2017”.

La conexión

Dos asuntos llaman la atención. El primero es la participación en estos desfalcos del excomandante de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien también se encuentra inmerso en investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, cuando se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2006 y 2008. La conexión se da por cuanto se señala a Barrientos de autorizar pagos de dinero a cambio de información para dar con el paradero de subversivos, informaciones que a la postre sirvieron para hacer secuestrar, desaparecer y asesinar a civiles presentándolos como guerrilleros dados de baja en combate.

Y por otra parte, la compra de instrumentos de espionaje que no fueron aprobados por la dirección general de las Fuerzas Militares ni por el Ministerio de Defensa. La pregunta es: ¿a quién espiaban con esa tecnología para captar comunicaciones? El director de la ONG Human Rights Watch, Miguel Vivanco, denunció que estaba siendo objeto de interceptaciones por estar investigando las actuaciones de algunos militares en los llamados falsos positivos.  De hecho, se recordó la operación Andrómeda, que era la fachada de una operación de espionaje a quienes estaban informados sobre los pormenores de los diálogos de paz en La Habana.

“Diversas investigaciones judiciales han establecido que los llamados gastos reservados tanto de las Fuerzas Militares como de otros organismos de inteligencia, incluido el extinto DAS, han sido utilizados para la comisión graves violaciones a los derechos humanos, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos” donde se hacían pagos a fuentes humanas que proporcionaban información de las personas que posteriormente fueron asesinadas, o las operaciones ilegales realizadas por el DAS contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados y opositores”, señalaron las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Competencia para la JEP

El peligro que advierten estas organizaciones es que con el pasar de los días el hermetismo militar puede conducir a eliminar las pruebas que permitan dar con las responsabilidades de los altos mandos militares en las operaciones corruptas. De hecho, como sucedió con en el DAS, los archivos en que constan las operaciones de equipos para espionaje no autorizados, la desviación de miles de millones de pesos que se pudieron mover por estar bajo reserva militar, podrían ser eliminados físicamente. Por tal razón, se le solicitó a la Justicia Especial de Paz reclamar la documentación del comando de inteligencia y la agencia de logística, para que sea puesta en cadena de custodia.

El temor de la pérdida de documentación y que este caso de corrupción quede en la impunidad lo expresa la senadora electa por la Unión Patriótica, Aída Avella, quien dijo: “Pueda que supriman el Comando de Inteligencia y la Agencia de Logística del organigrama de FF.MM., pero si distribuyen a sus miembros por todo el país, el problema de corrupción se descentraliza. Peor el remedio que la enfermedad”.

“Esta no es la primera vez que un escándalo de corrupción sacude al estamento militar, develando la necesidad de una reforma profunda a las fuerzas militares que permita depurar la institución de funcionarios implicados en graves violaciones a los derechos humanos y prácticas de corrupción como estas, para que se garantice la transparencia en la gestión de los dineros públicos, el respeto por los derechos humanos como principio y práctica al interior de la institución y una real transición hacia una fuerza pública para la paz”.

Se espera que la Justicia Especial para la Paz tome el asunto como parte de su competencia y se pueda advertir la verdad sobre el destino de los recursos que supuestamente estaban predispuestos a la lucha contrainsurgente en el marco del conflicto armado.

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