No nos callaremos

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Aída Avella Esquivel
@AidaAvellaE

He citado dos debates de control político por los feminicidios y por la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, el más reciente fue en la Comisión de la Mujer con énfasis en lo que hemos identificado como violencia institucional. Esa que genera impunidad y revictimiza.

Se puede medir en el número de denuncias que se quedan en las gavetas viejas de la Fiscalía General de la Nación o en las torres de papel que adornan los despachos de las Comisarías de Familias. Violencia institucional es aquella en que una manada de militares con las armas del Estado somete a una niña indígena y la viola. De los 190 casos de feminicidio registrados por la Fundación Feminicidios de Colombia en el año 2020, la Fiscalía solo reconoce 76. De esos el 96% se encuentra en investigación preliminar. Es decir, a pesar de las denuncias, la identificación de los agresores y la narración detallada de los hechos, la justicia no encuentra mérito para imputar cargos a los denunciados. Aterrador es el dato de 2.657 mujeres que en la última década acudieron ante la Fiscalía y posteriormente fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Llegó primero el asesino que la justicia.

Las “manzanas podridas” ya contaminaron el árbol. Se lo dije a tres generales de la cúpula castrense que estuvieron en el debate: ustedes tienen el predominio de las armas y son autoridad, por eso son más graves sus actuaciones. Les pedí que dejaran revisar los currículos educativos de las escuelas de formación por una comisión civil. Allí puede estar parte del problema.

Les pregunté cómo era posible que en las zonas de mayor presencia militar se disparen las agresiones a mujeres. Les reproché el pésimo mensaje que un militar fuera expulsado del Ejército por denunciar la violación de la niña Emberá Chami. Revisar la doctrina militar y reformar las fuerzas militares se hace urgente.

Durante el año 2015, se encendieron las alarmas de las autoridades nacionales por el contenido del reporte presentado por la Comisión Histórica para el Conflicto y sus Víctimas, según el cual entre los años 2003 y 2007 se presentaron al menos 54 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes, y presuntamente, venta y distribución de material pornográfico infantil por contratistas y militares estadounidenses presentes en la Base Militar de Tolemaida. He decidido enviar una carta al embajador de los Estados Unidos en Colombia Philip S. Goldberg para indagar sobre la situación jurídica de los involucrados en las violaciones denunciadas, y qué otros procesos o investigaciones se han iniciado en ese país por el abuso sexual de niñas y adolescentes colombianas.

De igual manera invitamos a la Relatora Especial sobre la Violencia Contra la Mujer de la ONU, para que conozca de cerca los casos más recientes de violencia institucional. La respuesta de la relatora fue casi inmediata, el mundo entiende el riesgo que corren las mujeres en una sociedad como la nuestra y nos confirmó la fecha del 11 de septiembre próximo para escucharnos en una audiencia virtual. Tenemos la certeza que en el exterior nos escuchen mientras seguimos aquí reclamando justicia. No nos callaremos.

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