No más falsos positivos judiciales

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Plantón en solidaridad con los jóvenes detenidos.

Comunidad académica se pronuncia ante detenciones de egresados de la nacional, presuntamente vinculados a los atentados del centro comercial Andino

Comunicado a la Opinión Pública Egresados y Egresadas de Sociología Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia. Lunes 26 de junio de 2017.

Los egresados y las egresadas de Sociología rechazamos de manera vehemente la forma en la cual la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional vienen estigmatizando y persiguiendo de forma sistemática a personas pertenecientes a universidades públicas, especialmente, a quienes hacen parte de la Universidad Nacional de Colombia.

En medio de la “Cacería de Brujas”, propia del afán de resultados de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, el día 24 de junio, fueron capturadas ocho personas presuntamente vinculadas al Movimiento Revolucionario del Pueblo MRP, que, según palabras de Néstor Humberto Martínez, son responsables del lamentable atentado cometido el día 17 de junio en el Centro Comercial Andino. Ayer, capturaron a otro presunto responsable del atentado.

Nos parece sumamente extraña y sospechosa la agilidad con la cual han dado “resultados” los entes oficiales frente al atentado del Centro Comercial Andino, teniendo en cuenta la lentitud en los procesos investigativos que caracteriza a la Fiscalía. Consideramos terriblemente preocupante que nuestras compañeras y compañeros de la Universidad Nacional de Colombia estén siendo víctimas de persecuciones políticas por parte del Estado colombiano.

Los denominados “falsos positivos judiciales” no son nuevos en nuestro país, tampoco las agresiones a personas pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia y, en particular, al departamento de Sociología. Uno de los casos más aberrantes de este proceder ilegal ha sido la violación de la libertad y la persecución política por parte del Estado al doctor Miguel Ángel Beltrán, profesor del departamento de Sociología, quien tuvo que pasar dos largas temporadas preso acusado de pertenecer a las Farc, por supuestas pruebas que lo vinculaban al grupo guerrillero, halladas, a su vez, en los supuestos computadores de Raúl Reyes.

Cabe señalar que estas “pruebas” fueron obtenidas de manera ilegal en un bombardeo al vecino país de Ecuador por órdenes del entonces presidente Álvaro Uribe y en cabeza del entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

En este caso, y como es característico en otros, los medios de comunicación de manera ligera e irresponsable, junto con los entes acusatorios, presentaron al profesor Beltrán ante la sociedad colombiana como un “terrorista” de las Farc, difamando su buen nombre y violando su derecho constitucional de presunción de inocencia. Finalmente, al carecer de pruebas sólidas y después de destruir la imagen del profesor Beltrán y de afectar su integridad psicológica y económica, la Fiscalía tuvo que ordenar su libertad inmediata y, hasta el momento, no han realizado ningún acto de reparación que mitigue el oprobio del que fue víctima el profesor.

Otra muestra de estos falsos positivos judiciales fue la captura de “los 13”, hecho ocurrido el 8 de julio de 2015. El entonces vicefiscal, Jorge Perdomo y el director de la Policía Nacional, de esa época, Rodolfo Palomino, de manera irresponsable, afirmaron ante los medios que los petardos que explotaron en las sedes de Porvenir el 2 de julio de 2015 eran responsabilidad de estas 13 personas “supuestos miembros del ELN”. Esta captura ocurrió seis días después de los hechos.

Debido a la presión de familiares, amigos y plataformas políticas, y ante la debilidad de las pruebas, la mayoría de estas personas fueron liberadas. No obstante, al igual que en el caso del profesor Beltrán, su imagen fue destrozada, sus derechos vulnerados y no hubo ningún tipo de reparación por los daños causados.

Actualmente, Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología, se encuentra privado de su libertad y enfrenta un proceso judicial, acusado, en principio y según versiones de medios de comunicación, de participar en la detonación de una bomba panfletaria en La Macarena, el 19 de febrero de 2017. Mateo fue capturado el 23 de febrero de 2017, cuatro días después de los hechos, pero, misteriosamente resultó vinculado a otros “actos terroristas” que no tenían relación con los hechos ocurridos en el barrio La Macarena.

Como es evidente, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Gobierno Nacional han emprendido una “cacería de brujas” en la búsqueda de los presuntos responsables de estos actos terroristas, dando lugar a injusticias y violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y a otros derechos fundamentales consagrados en la constitución política. En este sentido, los hechos señalan una clara persecución política a las disciplinas que propenden por el pensamiento crítico, el trabajo por los derechos y la justicia social. El pensamiento crítico no es terrorismo.

Rechazamos que la universidad pública, en particular, la Universidad Nacional de Colombia, siga siendo objeto de las autoridades del Estado como también de los medios de comunicación para obtener ágiles resultados a la hora de mostrar responsables del terrorismo. Alzamos nuestras voces para manifestar que la Universidad Nacional de Colombia, y la universidad pública, no son la cuna del terrorismo de este país, que las y los estudiantes, las egresadas y los egresados, así como, el conocimiento y las acciones que desde estos espacios emerge, no pueden ser estigmatizados arbitrariamente en beneficio de la intransigencia investigativa y judicial que caracteriza a las autoridades estatales.

Por otra parte, el asesinato de líderes y lideresas sociales; 35 en lo que va corrido de este año, defensoras de procesos de restitución de tierras, de derechos humanos y de la implementación de los acuerdos de paz; es un claro ejemplo de la incapacidad estatal por proteger y esclarecer los hechos sistemáticos que han dado lugar a estos terribles actos. Parece que la Fiscalía es selectiva, mientras que se apresura de forma irresponsable en capturar jóvenes de universidades públicas quienes desde sus profesiones aportan a la construcción de paz, a otros les permite desplazarse impunemente por los territorios nacionales.

Los egresados y las egresadas de sociología rechazamos los actos terroristas cometidos el 17 de junio en el Centro Comercial Andino, también expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de este terrible hecho y con sus familiares. Esperamos que los entes encargados de la investigación actúen con responsabilidad y agilidad, que los medios de comunicación respondan de la misma manera y no con la ligereza que ha caracterizado a algunos de ellos.

Por último, rechazamos cualquier forma de violencia, incluida la violencia estatal, creemos que en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana y de las negociaciones con el ELN, la sociedad colombiana debe estar dispuesta a la resolución de conflictos a través de formas no violentas que puedan fortalecernos como comunidad desechando las ideas de negar al otro por ser diferente.

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