No están todos los que son. Las condenas  por “las chuzadas”

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Facsimil del periódico VOZ, edición del 1 de julio de 2009.

Una investigación de VOZ sobre la noticia que tuvo despliegue nacional durante la última década

Redacción VOZ

En el escándalo de las llamadas chuzadas del DAS, que se desató desde abril de 2009, en la segunda administración de Álvaro Uribe Vélez, cuando fue denunciado por la revista Semana, y la Fiscalía inició las indigaciones preliminares, estuvieron involucrados casi todos los organismos de inteligencia del Estado, especialmente el DAS, a la sazón, en manos de un grupo de delincuentes que trabajaba con los paramilitares, pero también la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Policía Nacional, el Ejército y otros organismos castrenses.

Sin embargo, la investigación se centró en el DAS, disuelto en los primeros días de la administración de Juan Manuel Santos, en 2010, y en la UIAF, aunque su director Mario Aranguren y principal comprometido en el apoyo al espionaje, resultó absuelto de manera inexplicable.

En más de una década de investigaciones y procesos, fueron condenados dos exdirectores del DAS, un exsubdirector, exjefes de inteligencia, otros directivos y detectives rasos. Son varios los condenados, pero no están todos los que son, entre estos el mismísimo Presidente de la República de la época, jefe de la pandilla, exministros y exaltos funcionarios que despachaban en la “Casa de Nari”. Pero las investigaciones no llegaron tampoco a fondo en el compromiso de otras instituciones y dependencias, así se haya establecido la complicidad de la Policía, implicada en las interceptaciones, seguimientos y hostilidades y la inteligencia del Ejército como quedó en evidencia en la posterior “Operación Andrómeda” descubierta durante el gobierno de Santos.

VOZ en la mira

Por ejemplo, en el caso del periódico VOZ y de su director, antes que se conociera la existencia de “las chuzadas”, a la par de la hostilidad y la persecución del DAS, denunciadas ante sus directivas y el Gobierno nacional, fueron capturados dos individuos, en 2006, que le hacían seguimiento a Carlos Lozano y a quienes les encontraron armamento, cámaras de video y fotográficas. Resultaron ser de la Dipol, organismo de inteligencia que dependía, en forma exclusiva, del director de la Policía Nacional. En la “Operación Andrómeda” se encontrraron pruebas de que Lozano estaba chuzado por la inteligencia del Ejército y documentos y fotografías habían sido bajados de sus correos electrónicos. Los mismos circularon por las redes, editados y las fotografías con montajes, para desprestigiarlo y afectar su imagen de personalidad pública. Igualmente, la UIAF, sin orden de autoridad competente, le entregó al DAS la información financiera del periódico VOZ y de la cuenta personal en el Citibank de Carlos Lozano. El CTI, la Dijin y la inteligencia del Ejército, adelantaron también actos hostiles contra el director de VOZ en sus desplazamientos por el territorio nacional. En Saravena, Arauca, por ejemplo, fueron detenidos en una ocasión sus escoltas que fueron conducidos a la base militar y en Barranquilla y Medellín hubo seguimientos con ocasión de sus actividades públicas.

Esa capacidad de adelantar acciones ilegales en los organismos de inteligencia del Estado se mantiene incólume, porque el gobierno de Santos se ha negado a reformarlos y a establecer normas transpatrentes y democráticas de las labores de inteligencia y contra inteligencia del Estado colombiano. No se conocen los archivos del DAS ni de la “Operación Andrómeda”, ni tampoco los del resto de organismos, que han sido levantados mediante métodos y procedimientos ilegales.

Un nuevo capítulo

Empezando la segunda semana del mes de septiembre del presente año, el primer director del DAS del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue sentenciado a 7 años, 10 meses y 15 días de prisión, por su responsabilidad en las acciones ilegales y criminales que se conocen como las chuzadas. Se trata de Jorge Noguera Cotes, un abogado samario, a quien Uribe defendió y lo calificó de “buen muchacho” y sobre quien pesa otra sentencia de 25 años de prisión por el asesinato del profesor Correa de Andreis en Barranquilla por los paramilitares con quien colaboraba el funcionario gubernamental. La Corte lo sentenció y por enémisima vez este organismo envió copias a la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue al entonces madatario y ahora senador Álvaro Uribe Vélez.

Noguera, el “buen muchacho” de Uribe, le entregó el DAS a los paramilitares. El entonces subdirector, José Miguel Narváez, detenido y condenado por varios delitos, quien sostenía que “matar comunistas no es delito”, era el que le indicaba a Castaño y a Jorge 40 a quién debían asesinar. Narváez se había desempeñado como asesor de la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez. Narváez es el que estructura la agencia criminal y crea el G-3 sin soporte legal ni administrativo, pero lo hace funcionar con la colaboración de todas las dependencias del DAS y de otros organismos de inteligencia.

Las carpetas de la infamia

En la última semana de junio de 2009, una de las fiscales que investigaba el caso de “las chuzadas” del DAS, citó a Carlos Lozano, para mostrarle la copiosa documentación que sobre este y VOZ había sido encontrada en el allanamiento a las oficinas de inteligencia en el organismo secreto. El director del semanario se declaró sorprendido por el contenido de lo que llamó “las carpetas de la infamia”. En tres carpetas con casi 500 folios, había copiosa información acumulada desde 2003.

Para Lozano quedó claro que no se equivocó en las denuncias que presentó de los seguimientos y actividades ilegales, entre ellos una campaña de desprestigio por las redes sociales, igual a la que hicieron contra otras personalidades de la oposición, periodistas y magistrados. En julio de 2004 fue seguido por tres agentes del DAS a Sao Paulo, Brasil, donde fue capturado uno de ellos que de forma inexplicable fue dejado en libertad por la policía brasileña, pero la foto de uno fue entregada a las autoridades colombianas. O la recolección diaria de la basura, en la sede de VOZ, que se la llevaban unos “recicladores” en la bolsa completa sin abrirla antes ni revisarla. O los actos hostiles y provocadores en el aeropuerto cuando Lozano esperaba a una delegación sindical británica, entre otras acciones ilegales.

El nivel de información

Pero sí lo sorprendió el nivel de la información, muy detallada, de todos sus movimientos. Que en los reportes hallados se los atribuian a una fuente cercana. También el papel de la Oficina de Protección del DAS que recibía las solicitudes de misión para los escoltas y de inmediato las entregaba a inteligencia. De ahí que en cada viaje era acompañado por los detectives a prudente distancia. O que lo habían seguido en un viaje a Europa para reportar sus reuniones con congresistas y funcionarios gubernamentales de los países europeos e incluso con un Secretario de Estado del Vaticano. Campañas sucias de difamación que luego fueron reconocidas por Martha Leal, exdirectiva del DAS, condenada y que confesó ante la Fiscalía.

Son hechos ciertos y graves, ya reconocidos por las autoridades judiciales. Uribe Vélez no ha respondido por ninguno de ellos, así como está en mora el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia como está previsto en el Acuerdo de La Habana. Falta mucho por aclarar y rectificar, así como muchos por responder por sus actos delictivos.

Inexplicable también que Carlos Lozano hace más de dos años no fuera aceptado por la Corte Suprema de Justicia como víctima en el proceso a Jorge Noguera, a pesar de todos los hallazgos en los expedientes. Otros afectados si fueron aceptados, pero el director de VOZ fue víctima, esta vez, de los magistrados por una decisión discriminatoria.

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