No cesa el conflicto armado en el norte del Cauca

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Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

Actores armados legales e ilegales se están disputando el territorio atacando principalmente a la Guardia Indígena, mecanismo de protección creado por las mismas comunidades para la defensa de la vida y el territorio. En el mes de agosto han sido asesinados cuatro miembros de la comunidad indígena

Redacción Política

El pasado miércoles 14 de agosto, la Comisión de Paz de Senado y Cámara de Representantes visitaron el departamento del Cauca con el propósito de escuchar de las mismas autoridades y comunidades indígenas la situación de violación a los derechos humanos que se está presentando en el norte del departamento.

La sesión de la Comisión de Paz del Congreso de la República, convocada en el municipio de Caloto, estuvo presidida por Roy Barreras, y contó con la presencia de otros 16 congresistas de distintos partidos: Polo Democrático, Colombia Humana-UP, MAIS, Partido Verde, Partido de la U, Partido Cambio Radical y Partido Liberal.

Los congresistas escucharon atentamente la problemática que presentaron los líderes indígenas y campesinos de la zona para que, de la manera más ágil, se tomen medidas pertinentes por parte del Estado para proteger la vida de las comunidades indígenas y campesinas que en ejercicio de su autonomía exigen a los grupos armados que abandonen el territorio y no incluyan a las comunidades en la lucha por el negocio y control de las rutas para el tráfico de drogas en la región.

Las denuncias

Los voceros de las comunidades indígenas y campesinas denunciaron que, en lo corrido del mes de agosto, han sido asesinados cuatro miembros de las comunidades indígenas: Gersaín Yatacué, coordinador de la Guardia de la vereda San Julián del resguardo de Toribío; Enrique Güetio, médico tradicional del resguardo indígena de Tacueyó y posteriormente los guardias indígenas, Kevin Mestizo y Eugenio Tenorio, del resguardo de San Francisco, en un ataque armado desde la montaña a una camioneta y bus escalera en los que se movilizaba la Guardia Indígena a acompañar la Feria del Café que se realizaba en la cabecera municipal de Toribío.

Las muertes se dieron a pesar de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y la reiterada circulación de panfletos dirigidos a la Guardia Indígena como objetivo militar por distintos grupos armados: Cartel de Sinaloa, Columna Dagoberto Ramos, Los Pelusos, Ejército de Liberación Nacional y grupos desertores del proceso de reincoporación de las FARC. El lunes, previo a la visita de la Comisión de Paz fue asesinado el rector de la Institución Educativa Agro Empresarial de la vereda Huasanó, del municipio de Caloto. Los asesinatos de las cinco personas en diez días, alertaron a los congresistas para una visita en terreno y buscar soluciones a la grave situación que se está presentando en la zona.

Interviene la comunidad

La audiencia comenzó con los himnos del Pueblo Indígena Nasa y la Guardia Indígena, respectivamente. Posteriormente, Jorge Sánchez, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, hizo una presentación del contexto llamando la atención al Gobierno nacional frente a las afirmaciones hechas recientemente por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el sentido que las comunidades indígenas “no permitían” el ingreso de la fuerza pública a sus territorios.

El líder indígena señaló, que contrario a lo dicho por los altos funcionarios, al menos siete batallones de alta montaña se encuentran en territorios indígenas en el departamento del Cauca y tres de éstos, en la zona norte del departamento, por lo cual les parecía que esas afirmaciones no correspondían a la realidad, más aún cuando la zona norte del Cauca es una de las regiones con más presencia de efectivos militares y de policía en el país.

Intervino posteriormente Ana Deiba Gurrute, autoridad ancestral del Cabildo de Las Delicias, quien pidió respeto por las comunidades y por su ejercicio de autonomía frente a los actores armado. Posteriormente intervino Mauricio Lectamo, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas, ACIN, quien mostró que en lo corrido del año se han presentado 36 asesinatos en esa zona del departamento, de los cuales 16 pertenecen al pueblo indígena nasa.

Por último, el líder indígena Nelson Lemus, manifestó que las comunidades han construido sus propios planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y que el Gobierno nacional no ha hecho nada para implementarlos como una forma de solución a esta problemática y muestra de la voluntad de las comunidades para combatir también el narcotráfico que hace presencia en la zona. Cristóbal Guamanga de la Zonas de Reserva Campesina, manifestó también su preocupación por la grave situación que están viviendo las comunidades y los asesinatos y amenazas a líderes y dirigentes de la zona.

La respuesta institucional

A la cita también asistieron el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien manifestó que desde su despacho se han emitido ocho alertas tempranas para que el Gobierno atienda la situación en esta región del país. Por su parte, el gobernador del Cauca, Óscar Campo, manifestó que en el norte del del departamento existen 33 hectáreas de marihuana frente a las más de 17 mil hectáreas de café sembradas y que el Gobierno colombiano debe seguir insistiendo en los planes de sustitución firmados por las comunidades como forma de combatir la economía ilegal existente en el departamento. También acudieron a la sesión, el Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos González y un delegado de la Fiscalía General de la Nación, seccional Cauca.

El compromiso de la Comisión de Paz

Por lo pronto los congresistas de Senado y Cámara, se comprometieron a realizar un debate de control político al Gobierno para que tome medidas efectivas que protejan a indígenas, campesinos y afrodescendientes que habitan la región, y muestre cuáles son los planes que se han adoptado hasta el momento para la protección de las mismas.

También que en el debate se pregunte al Gobierno por qué si la región es altamente militarizada, se presenta tan alto número de muertes; y por qué se persigue al productor de hoja de coca y de marihuana, pero no se hace seguimiento a las rutas para el transporte de los insumos para el procesamiento de la hoja de coca que sirve para la producción de la conocida pasta base y la cocaína.

Las Comisiones de Paz de Senado y Cámara asumieron el compromiso de buscar formas de garantizar el ejercicio de la Guardia Indígena en el territorio y también el accionar de la fuerza pública en la zona sin que se ponga en riesgo a las comunidades indígenas y campesinas que hacen presencia en el norte del Cauca.

Finalmente, instaron al gobierno para que cumpla lo pactado en los acuerdos con las FARC, principalmente en lo concerniente al punto 1 de Reforma Rural Integral y el punto 4 en la implementación de los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito. Se hizo un llamado para que se actúe frente a los grupos armados que están atentando contra la vida de líderes y lideresas en la región sin que el Gobierno aún avance en las investigaciones de los autores materiales e intelectuales ni en su judicialización.

Congresistas de la Comisión de Paz en el municipio de Caloto, Cauca.

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