Trabajo digno para toda la juventud
La política de flexibilización laboral, propia del modelo neoliberal, ha puesto en jaque a la juventud en el planeta, llevándola a niveles de sobreexplotación laboral, salarios de miseria, tercerización, formas de contratación que acentúan la informalidad, y desempleo.
Innumerables son las reformas realizadas al código sustantivo del trabajo, muchas las leyes aprobadas por el congreso de la república sin que se logre en la práctica un régimen de protección a los trabajadores.
Por ejemplo, en Colombia no es desempleada aquella persona que sin tener un trabajo tampoco lo busca, como tampoco lo es aquella que acaba de perder el empleo; se considera en edad de trabajar a niños y niñas desde los diez años; se promueve la explotación infantil con la pérdida del carácter laboral del Contrato de Aprendizaje del SENA; gracias a Uribe el sol se oculta a las 10 pm (la jornada laboral diurna, según la ley 789/02 va de las 6 am a 10 pm); y gracias a Santos se hizo una reforma laboral mediante la reforma tributaria del año 2012.
La ley de formalización y generación de empleo, junto con la legislación existente en materia de tercerización y flexibilización laboral, desnudan las verdaderas intenciones del gobierno nacional con su discurso de eliminación de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), ya que anuncian su erradicación pero a la vez crean nuevas formas jurídicas que cumplen con la misma función de la CTA bajo otro nombre, tal es el caso de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y los Contratos Sindicales (CS) que no solo limitan la organización sindical, sino que además desvían su papel histórico convirtiendo al sindicato en patrón.
Los jóvenes de las capas populares y de los sectores medios empobrecidos, presionados por la difícil situación económica, se ven forzados a optar por la deserción escolar, básica y universitaria y acuden al trabajo informal, el empleo precario, las economías ilegales, la prostitución y la delincuencia, la vinculación a las Fuerzas Militares, el paramilitarismo, el narcotráfico, o las filas insurgentes. En la guerra los jóvenes trabajan matando, pero sobre todo trabajan muriendo.
La juventud colombiana, siendo la población mayoritaria en edad de trabajar (32,2 por ciento), padece de la mayor tasa de desempleo ubicándose en el 18 por ciento en el trimestre móvil de enero-marzo de 2014, siendo las mujeres las peor libradas con una tasa del 23,9 por ciento frente al 13,5 por ciento de los hombres, según cifras del DANE.
Ahora bien, de los ocupados en Colombia, el 48,7 por ciento está en el sector informal, muchos de los cuales son jóvenes y se tienen que enfrentar a altos niveles de represión por parte de la fuerza pública, que con el pretexto de la “recuperación del espacio público” intentan garantizar mayores volúmenes de ventas a los comerciantes de las ciudades, en detrimento de los vendedores informales que consiguen su sustento diario a través del rebusque.
Las anteriores cifras son una pequeña muestra de la realidad del mundo del trabajo y la injusticia con la que los jóvenes nos tenemos que enfrentar al mismo, ya que por el simple hecho de ser jóvenes sufrimos de discriminación, trato desigual en el acceso al trabajo, baja remuneración, chantajes con el cuento de que “nos permiten adquirir experiencia laboral” para que aceptemos condiciones de explotación, tratos inhumanos, sobrecarga laboral, impedimentos para ejercer el derecho a la libre asociación y hasta acoso sexual.
Como pueden observar, nos tenemos que enfrentar a altos índices de desempleo e informalidad, a las peores formas de contratación colocando al trabajador en una situación desfavorable al ser vinculado a través de órdenes de prestación de servicios, contratos a término fijo inferiores a un año, cooperativas de trabajo asociado, sociedades anónimas simplificadas, contratos sindicales, contrato de aprendizaje, entre otros, impidiendo de esa forma la organización sindical, aumentando la desigualdad de oportunidades para los trabajadores, promoviendo la inestabilidad laboral, bajos salarios, el no cubrimiento de la seguridad social en salud y pensión, entre otros.
En síntesis podemos afirmar que para los jóvenes en Colombia no hay un trabajo en condiciones dignas y, por el contrario, cada vez más se ciernen medidas gubernamentales, en asocio con las empresas, para precarizar el empleo juvenil y garantizar un ejército de desempleados que contribuya a mantener los salarios bajos y así generar mayores utilidades a las empresas.
Sin embargo hemos decidido resistir a ello con un grito de rebeldía en favor de la dignidad en el trabajo, razón por la cual estamos llamados a forjar la esperanza y luchar por una transformación de nuestra sociedad, donde podamos gozar de un país en paz con justicia social y democracia real.
Esto pasa por ganar mayores niveles de organización que permitan hacer frente a la arremetida gubernamental de eliminación de los derechos y garantías laborales; para ello es necesario comprender los cambios en la relación capital-trabajo y las nuevas subjetividades que se han construido en los trabajadores, en especial los jóvenes, para poder encontrar las mejores formas de organizarlos desde una perspectiva de clase, sin que esto quiera decir que sea necesariamente bajo las formas tradicionales de organización de los trabajadores.
Además, es necesario apostarle, en el marco de la actual contienda electoral, a la propuesta alternativa que busca avanzar en los diálogos de paz para alcanzar una solución política al conflicto y allanar los caminos que nos conduzcan a la justicia social, que significa, entre otras cosas, trabajo digno para la juventud.
Los jóvenes trabajadores encontramos en la coalición PDA-UP, con Clara López y Aida Avella, la oportunidad para avanzar en aumentos reales del salario mínimo, gozar de estabilidad laboral, verdadera seguridad social, lo que presupone la derogatoria de la ley 100 del 93, derecho a la pensión, garantías para el derecho a la libre asociación, negociación colectiva y para ejercer la actividad sindical, capacitación y descanso necesarios, especial protección para la mujer y los jóvenes, cumplimiento de los convenios internacionales firmados por Colombia ante la OIT, así como formación y atención para jóvenes desempleados que no han terminado sus estudios y desean retornar al sistema educativo, bien sea en la educación formal o no formal.
