Nadie quiere el aval

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Vargas Lleras y su poderosa maquinaria para recoger firmas.

Las firmas, nueva estrategia para eludir la ley y legitimarse. La crisis de los partidos del Establecimiento está tocando fondo

Hernán Camacho
@camachohernan 

El más reciente dato emitido por la Registraduría del Estado Civil, señala que se han inscrito 33 grupos significativos de ciudadanos con el fin de recaudar firmas para que sus líderes aparezcan en el tarjetón que elegirá presidente en las próximas elecciones.

En el año 2011 se sancionó la ley 1475 que reguló los procedimientos para inscribir un comité de recolección de firmas para un candidato presidencial, y el número de firmas requerido por la Registraduría para quedar inscrito. Un mecanismo que se presentó como alternativa para los ciudadanos se transformó en una forma de ventajismo politiquero, propio de nuestros tradicionales partidos.

Los candidatos

Para las elecciones del próximo año el número de comités inscritos superó todos los antecedentes. Treinta y tres candidaturas que van desde los tradicionales políticos que repiten aspiración presidencial por el mismo mecanismo como Jairo Clopatofsky o Jaime Araújo Rentería, hasta los varones políticos, que a pesar de tener partido con representación nacional, saltan a recoger firmas para ganar meses de campaña como Germán Vargas, del partido Cambio Radical; o Alejandro Ordóñez militante del Partido Conservador. Entre la baraja de los candidatos se encuentran Martha Lucía Ramírez, reconocida conservadora y Juan Carlos Pinzón del Partido de la U, quien le ha servido a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

En el otro espectro político la oferta de precandidatos por firmas va desde Clara López Obregón, exministra y exmilitante del Polo Democrático Alternativo, el jefe del Progresismo y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, hasta la presidenta del movimiento Poder Ciudadano y exliberal Piedad Córdoba, así como el exmandatario de la capital del Magdalena, Carlos Caicedo.

Los partidos

El boom de candidatos por firmas muestra, de una parte, la crisis profunda de credibilidad que tienen en los partidos tradicionales, y por otro lado, las dificultades de la izquierda por reunificarse en un solo proyecto político con vocación de poder.

Ningún candidato de derecha quiere aparecer con el aval de los partidos Liberal, U, Cambio Radical, Conservador, y ningún partido ha querido elegir a sus propios candidatos. Los conservadores no tienen aspiraciones presidenciales y en cambio tienen dos precandidatos por fuera de sus toldas. Y aunque el partido liberal no ha definido candidatura, la disputa está entre Humberto De la Calle y el exministro Juan Fernando Cristo, Vivian Morales y el senador Juan Manuel Galán, uno de estos nombres será el candidato oficial. Ya se advierte la posibilidad de que quienes no sean avalados por las toldas rojas presenten su nombre a la Presidencia por el mecanismo de firmas.

A eso se le suma el descrédito de la clase política en todos sus niveles. Por ejemplo, en las regiones, las disputas ideológicas fueron superadas por la competencia de avales a cambio de saquear las finanzas públicas para que los empresarios o paramilitares financien campañas locales y que se conviertan en contratistas del Estado. O las prácticas de algunas multinacionales que podrían financiar dos campañas por alcaldía de cualquier municipio, sin importar el partido al que pertenezcan los candidatos. Y asegurar sus intereses para obtener, por ejemplo, licencias ambientales.

El emergente

No solo de corrupción vive la política tradicional. Cambio Radical, el partido que aspira a ser la primera fuerza electoral del año siguiente, no avaló a su jefe natural, Germán Vargas Lleras, para hacerle el esguince a la ley e iniciar campaña seis meses antes de lo permitido. Ese partido tiene el mayor número de congresistas condenados por parapolítica, homicidio, crímenes de lesa humanidad, y corrupción, hecho del que su candidato presidencial intenta separase.

Difícil divorciar a Vargas Lleras de los exgobernadores de la Guajira Kiko Gómez, Manuel Antonio Carebilla y Oneida Pinto, fuertes electores en el caribe colombiano. Pero sin importar la ética en la política, el todo vale de Cambio Radical se configura con las cuestionadas alianzas que podría fraguar con personajes como Richard Aguilar, condenado por parapolítica y jefe de un clan Aguilar que ha gobernado el departamento de Santander desde hace una década.

El Fiscal político

El ventajismo es la ruta. Vargas Lleras tiene a su servicio la poderosa Fiscalía General de la Nación, que en cabeza de Néstor Humberto Martínez, tiene el poder de detener o suspender las investigaciones por parapolítica de un significativo número de congresistas que respaldarán a Vargas en el 2018, y sobre todo de empresarios cuestionados por financiar grupos paramilitares que están dispuestos a darles una mano a la campaña #Mejor Vargas Lleras a cambio de impunidad.

Pero la crisis de partidos arropa a todos. Los últimos escándalos que golpean las altas cortes tienen como protagonistas a todos los partidos políticos del establecimiento. Magistrados cuestionados por estar acusados de ser jefes del cartel de la toga, son reconocidos por sus posiciones de ultraderecha y ligados a sus relaciones con el Centro Democrático y el Partido Conservador. Entre los beneficiados por la venta de fallos se encuentra en investigación el presidente del partido azul y su más importante elector, Hernán Andrade.

Los protagonistas del escándalo de la justicia también tocan las puertas del Partido de la U, el partido del presidente Juan Manuel Santos: El Ñoño Elías y Musa Besalile, son los políticos con más votos en la costa caribe, uno de ellos prófugo y el otro en la cárcel. Y si repasamos las vinculaciones de la clase dirigente nacional con el escándalo de corrupción continental de Odebrecht, no se salva ningún partido político.

La crisis a favor

La crisis partidaria es cíclica, inicia con mayor fuerza en la década de los noventa cuando los partidos políticos dejaron a un lado sus proyectos de país, para convertirse en empresas electorales entregando la toma de decisiones de Estado, a los conglomerados económicos más importantes del país. Hoy el capital financiero, industrial o multinacional son los más determinantes de la política colombiana.

De hecho el denominado Sindicato Antioqueño o el grupo de empresarios más influyentes del país, es quien define las candidaturas del Centro Democrático, el Partido Conservador y la derecha que están fuera de estos partidos. Incluso existe una división al interior del grupo, entre quienes consideran que la figura de Sergio Fajardo, no debería jugar entre sus candidaturas debido a una supuesta tendencia de centro izquierda en su pensamiento.

Por los lados de la izquierda las apuestas se centran en la necesaria unidad y en la construcción de un proyecto político, respaldado de un programa común que aspire a las transformaciones sociales profundas, intentando conquistar el 60% de la abstención en Colombia. Una abstención que se convierte en salvavidas de la crisis en el establecimiento.

Esa es una oportunidad que solo puede aprovecharse pensando en proyectos que superen la sobrevivencia de cada sigla y trasformadores de las realidades sociales, construyendo la transición democrática. Los tiempos de la unidad demandan no solo superar con éxito momentos coyunturales juntos y enfrentar las elecciones unidos, también enfocar una visión de país alterna y atractiva al recetario tradicional de las empresas electorales, liberales o conservadoras, y detener el crecimiento de ultraderecha colombiana.

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