viernes, marzo 29, 2024
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Mujeres y desaparición forzada: El caso de Guillermo Rivera

Las víctimas de ese crimen son tanto los propios desaparecidos como los perjudicados por su desaparición forzada. Esto ha tenido importantes repercusiones para las mujeres, que son las que en su mayoría deben recomponer su vida después de la desaparición.

Shaira Rivera
Shaira Rivera

Renata Cabrales

Un informe del Centro de Memoria Histórica reafirma la indiferencia del Estado colombiano ante las víctimas de la desaparición forzosa que es, según el informe, el Estado que ha perpetrado en mayor medida este delito. En 1991 la Constitución Política estableció el derecho a no ser desaparecido y apenas en el año 2000, el Código Penal colombiano tipificó como delito esa conducta, que entonces había sido investigada como una modalidad de secuestro, sin serlo. Sin embargo, el primer caso de miles, ha quedado en la impunidad, ocurrió en 1977 y fue la desaparición de Omaira Montoya, militante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ocurrió en la ciudad de Barranquilla en septiembre de 1977.

–¿Qué es la desaparición forzada de personas?

–Según un estudio de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), “la desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola así de los recursos y las garantías legales”.

“La desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos cuando los hechos son cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través de personas o grupos de personas que actúen con la autorización o apoyo del Estado. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cuando, entre otras características, los hechos se cometan de manera generalizada (multiplicidad de víctimas) o sistemática (como parte de una práctica frecuente)”.

Según el mismo informe, es víctima de desaparición forzada de personas, la persona desaparecida y “toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, incluyendo así a los familiares de la víctima. Estas medidas se han centrado en los desaparecidos, hombres entre el 70 y el 94% de los casos. No obstante, para la Convención de 2006 las víctimas de ese crimen son tanto los propios desaparecidos como los perjudicados por su desaparición forzada. Esto ha tenido importantes repercusiones para las mujeres, que son las que en su mayoría deben recomponer su vida después de la desaparición, atrapadas en la esperanza de que su ser querido siga con vida”.

Mujeres víctimas de este flagelo

En Colombia son conocidos los casos de mujeres que han mantenido una lucha constante por la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, Fabiola Lalinde, las Madres de Soacha, Mujeres del Movice. Una de ellas, Shaira Rivera Gallo, sostuvo una conversación con Voz para recordarnos a su padre, Guillermo Rivera Fúquene, fue miembro del Partido Comunista y la Unión Patriótica, posible causa de su persecución y desaparición.

El dirigente sindical de los trabajadores de la Contraloría de Bogotá y miembro de la Unión Patriótica, fue asesinado en el Tolima, al otro día de haber sido secuestrado en Bogotá el 22 de abril de 2008 en el barrio El Tunal.

Su hija, quien hace parte de Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha enfrentado toda esta lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso de su padre desaparecido y comenta: “No sabemos aún cual fue la causa en sí, tal vez tuviera que ver con su perfil político tan definido, esto es, llevar más de 20 años en el PC, ser sobreviviente de la UP, y ser asesor de Aída Avella antes de su atentado”.

–¿Qué obstáculos ha enfrentado en esta lucha?

–Hemos notado por ejemplo, que no estaban investigando, que solo habían buscado quién era él, qué hacía, y llegamos a la estigmatización y nos insinuaron que a él le pasó eso por algo que estaba haciendo, porque tal vez estaba relacionado con las FARC. Esta ha sido una lucha por buscar la verdad y la justicia, por buscarlo a él en un primer momento, saber qué había ocurrido con él, luego supimos que era la policía que lo había desaparecido, pero era la misma que lo estaba buscando.

–¿Cómo va la investigación?

–Siempre ha habido demoras dentro de la fiscalía, la procuraduría, medicina legal y todo para que el crimen de la desaparición forzada, de tortura y el asesinato, se quedaran más impunes.

Terminamos acudiendo a la justicia de afuera, actualmente la pelea que nos estamos dando es lograr que el caso sea admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues demostramos que aquí ya se agotaron los recursos, aunque hemos hecho hasta lo imposible. La comisión está encargada de exigirle al Estado una respuesta y ya lo ha pedido, pero las dos veces que lo ha hecho ha respondido que ellos no consideran que la policía o el Estado tengan responsabilidad frente al crimen de mi padre, que al contrario, han investigado y que nos han brindado seguridad.

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